La alcaldesa de Argamasilla de Calatrava, Jacinta Monroy, ha reconocido que el juicio que este martes ha quedado visto para sentencia en la Audiencia Provincial de Ciudad Real por presuntos delitos relacionados con los vertidos de aguas residuales ha sido una experiencia «muy dura».
En una breve declaración final, momentos antes de que la magistrada declarara la causa vista para sentencia, al alcaldesa se referido a los difíciles momentos que ha supuesto para ella esta «pena de banquillo» (el juicio se ha prolongado durante siete días desde el lunes, 12 de abril) y ha pedido a la sala que se analice «todo el esfuerzo realizado» y haga «lo que tenga que hacer, justicia».
En la última vista del juicio por presuntos delitos relacionados con los vertidos de aguas residuales sin depurar procedentes del municipio y su polígono industrial en la zona conocida como «El Juncal» desde al menos el año 2014, las partes han elevado a definitivas sus conclusiones provisionales. Así, el Ministerio Fiscal acusa a la alcaldesa y a los concejales Jesús Manuel Ruiz Valle y Antonio Gil Muñoz de un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, por el que solicita una pena de tres años y seis meses de prisión con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena, y multa de veinte meses con cuota diaria de 20 euros.
Por su parte, las acusaciones popular y particular, Ecologistas en Acción de Ciudad Real y la plataforma vecinal Caleros-La Mata, añaden la acusación por los presuntos delitos de falsedad en documento público, prevaricación administrativa y lesiones imprudentes, delitos por los que elevan la petición de pena a cinco y seis años de prisión, respectivamente.
A lo largo del juicio, y al margen de las periciales solicitadas, han declarado como testigos, a petición de las partes, varios agentes de la Guardia Civil, vecinos afectados, peritos, dos secretarios municipales, técnicos de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, toxicólogos forenses y funcionarios de la Consejería de Sanidad, incluido el exconsejero de Agricultura de la Junta de Comunidades Alejandro Gil.
En sus conclusiones finales, tanto la fiscalía como las acusaciones particular y popular consideran que los acusados, desde al menos el año 2014, conocedores de la inexistencia de una instalación adecuada de depuración de aguas residuales urbanas e industriales a la que «estaban obligados» desde el 1 de enero de 2006, no procedieron a su implantación e incumplieron las condiciones «cuantitativas y cualitativas» en el vertido al filtro verde, incumpliendo así una autorización provisional de vertidos otorgada por la Confederación Hidrográfica del Guadiana en marzo de 2004.
Las acusaciones consideran que el Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava tenía todas las competencias en el ámbito de evacuación y depuración de aguas residuales, y le correspondían las funciones sancionadora, de vigilancia e inspección. En este sentido apuntan como responsables directos a la alcaldesa de Argamasilla, Jacinta Monroy, y a los dos concejales, ya que consideran que permitieron, con conocimiento de causa y de una manera sostenida en el tiempo, los vertidos al río Tirteafuera y no actuaron con diligencia para garantizar el mantenimiento del filtro verde de la localidad ni actuaron para evitar la contaminación por vertidos industriales que dañaron el ecosistema de la zona y, dicen, la salud de algunos vecinos.
Además, según las acusaciones, el consistorio no actuó para iniciar los trámites de construcción de una depuradora hasta que no se judicializó la causa por vía penal, y aun así se hizo «a golpe de teléfono» sin que conste documental de los trámites.
Por su parte, las defensas piden la absolución de los acusados al considerar que las autoridades en materia medioambiental no advirtieron al consistorio de la obligatoriedad de asumir competencias en la depuración de aguas después de que la Junta de Comunidades abandonara la gestión del filtro verde en abril de 2013.
En este sentido las defensas coinciden en descartar el dolo y en asegurar que el consistorio ha hecho todo lo posible para mantener el filtro verde en las mejores condiciones posibles, mientras la alcaldesa tramitaba las gestiones para la construcción de la nueva depuradora, que comenzará a funcionar en breve. Abundando en la defensa de la regidora y los ediles, los abogados han enfatizado, siempre remitiéndose a los testimonios y periciales practicadas durante el juicio, que no había medidas alternativas al filtro verde.
También han ponderado el impacto medioambiental real y han llamado la atención sobre la pertinencia de determinadas mediciones o la falta de pruebas de que la contaminación de pozos esté vinculada científicamente a posibles afecciones a la salud de los vecinos. Asimismo, uno de los abogados defensores ha advertido de que si se hubieran incumplido parámetros de autorización administrativa de vertidos «no se pueden pedir seis años de prisión». «En todo caso se hubieran infringido las normas del derecho administrativo», ha reiterado.
Las defensas han insistido también en la «obsesión» por solventar el problema de la alcaldesa Monroy, que a su juicio ha quedado acreditada en el transcurso del proceso judicial, y que ante la falta de medios de un ayuntamiento modesto, se actuó «de la única manera posible», contratando a una empresa de ingeniería como consultora y presionando para que las administraciones construyeran una nueva depuradora.
Respecto a los dos ediles, han esgrimido que no se les puede atribuir competencias en el filtro verde, y que los vertidos que se hacían en esta instalación eran legales, al tiempo que los vertidos al río fueron «puntuales».
En el juicio, la alcaldesa ha defendido su gestión reiterando que ha acudido a todas las instancias posibles para solucionar el problema, y ha asegurado que en ningún momento la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) ha emitido resolución de retirada de la autorización provisional de vertidos otorgada en marzo de 2004 ni ha habido requerimientos de la CHG incumplidos por parte del consistorio. Al mismo tiempo ha recordado que la Junta de Comunidades solo le comunicó que gestionara el filtro verde en 2015 dos años después de las primeras consultas del consistorio, y que a partir de ese momento una empresa externa, SIMA, llevó la gestión a instancias del Ayuntamiento.
Monroy ha insistido en que desde que tuvo conocimiento de las quejas de la plataforma vecinal Caleros-La Mata y asumido la gestión, el Ayuntamiento ha destinado partidas presupuestarias para mejorar el filtro verde, dentro de sus posibilidades, redactando una ordenanza medioambiental y expedientando a las empresas que en algún momento vertieran vertidos tóxicos por el encima de los niveles permitidos.
