Gracia Canales Duque. Diputada nacional del PSOE por Cuenca.- Resulta irónico, indignante y hasta jactancioso que desde el PP de Cuenca se acuse al Gobierno central de recortar en materia de protección a las víctimas de violencia de genero y sus hijas e hijos cuando es un dato fácilmente comprobable y al alcance de toda la ciudadanía cómo en los Presupuestos Generales del Estado para 2021 la partida para el Ministerio de Igualdad, y por ende para las políticas de igualdad y de lucha contra la violencia de género, crece un 157% (451,42 millones de euros, es decir, 270 millones de euros más que los últimos Presupuestos del PP).
El PP de Cuenca vuelve a mentir y a ocultar la verdad sin ningún pudor y con una conducta amoral, tratando de engañar a la ciudadanía y a las propias víctimas en un asunto tan delicado por la sensación de desprotección que puede producir en ellas un mensaje tan cruel como confuso, seamos serios.
Las políticas de igualdad y de la erradicación de la violencia de género nunca han sido una prioridad para los gobiernos del Partido Popular, tanto es así que no se puede encontrar ninguna normativa estatal ni regional desde las que se hayan impulsado medidas para acabar con este terrible drama.
Todas las leyes que han permitido avances han sido bajo la batuta de gobiernos liderados por el PSOE, como fueron las pioneras y vanguardistas leyes de Igualdad 3/2007 y 12/2010 (estatal y regional) o las leyes de lucha contra la Violencia de Género 1/2004 y 4/2018 (estatal y regional) que pusieron a nuestro país y a nuestra región, Castilla-La Mancha, como referentes mundiales en estos ámbitos.
También el actual Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado por la vía de urgencia un Real Decreto de Igualdad Retributiva que permitirá combatir esas otras discriminaciones que sufrimos las mujeres como es la brecha salarial que por motivo de género se produce en el ámbito laboral.
Y sí, fue con un Gobierno del PP con el que se firmó el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, un pacto al que el PP acudió cuasi obligado y al albur del ingente e ímprobo trabajo parlamentario del Grupo Socialista en las Cortes Generales (véanse las actas parlamentarias de Congreso y Senado de esos días de debate para poder corroborar el dato) y cuyo compromiso decayó al tener que adoptar la medida más importante de todas, que fue la dotación presupuestaria del mismo, que quedó reducida a cero euros hasta que el Gobierno de Pedro Sánchez, otra vez por vía de urgencia, la activó y presupuestó nada más poner en marcha su primer Gobierno.
También me gustaría recordar los aciagos Gobiernos de Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal en este asunto, donde metieron la tijera aún con más entusiasmo a como lo hicieron en otras materias, recortando en sus primeros años de gobierno un 47% en el caso estatal y un 41% a nivel regional, consiguiendo en el caso de Castilla-La Mancha la asfixia y el debilitamiento hasta prácticamente hacerlos desaparecer de la importante red de Centros de la Mujer y de los recursos de acogida y de urgencia para mujeres víctimas de violencia de género.
Su efecto más directo repercutió en el despido de profesionales dependientes de estos centros y en la precarización de los contratos del personal y de todos los demás recursos y programas subsumidos en el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, programas de concienciación y sensibilización desaparecidos durante años. Iniciativas todas ellas que conllevan avanzar hacia una sociedad más justa y más igualitaria, porque cabe recordar que según los expertos es la educación la base y la vacuna que nos hará avanzar hacia otra realidad.
En este caso, tuvo que ser el Gobierno de Emiliano García-Page el que recuperara y fortaleciera esta red de recursos de atención integral, los programas, la participación y la idiosincrasia de lo que debe ser un organismo tan importante como el Instituto de la Mujer, llegando incluso a convertirlo en Consejería de Igualdad, para poder abordar de manera transversal todas las políticas necesarias.
Por último, y tratándose de un asunto tan sensible y que provoca un daño tan grave en nuestro país, como más de 1.000 asesinatos de mujeres y más de 500.000 denuncias diarias, que son solamente la punta del iceberg, me gustaría apelar al consenso entre partidos políticos que ha existido SIEMPRE en este asunto, durante años, siendo más necesario que nunca aislar posturas negacionistas y evitar gobiernos de coalición con la ultraderecha que trata de imponer un PIN parental que supondrá un daño irreparable, no solo a los propiosmenores, sino también a los valores constitucionales y a la esencia de nuestra democracia.
