El Juzgado de lo Social n.º 2 de Albacete ha dictado un auto de medidas cautelares que concede la suspensión de contrato a una trabajadora del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) por riesgo en el embarazo ante la imposibilidad de adaptación de su puesto de trabajo, con prestación económica a cargo de la mutua Solimat, tal y como había reclamado CSIF.
La Central Sindical alertó en noviembre que las trabajadoras embarazadas del Sescam no recibían la declaración de riesgo antes de las 24 semanas de gestación por exposición a la Covid-19 debido a la negativa de Solimat, mutua de accidentes de trabajo y enfermedad profesional de la Seguridad Social.
Esta situación se producía “ante el conocimiento de la situación por parte del Sescam de esta grave incidencia que ocurre con más trabajadoras, profesionales que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad por embarazo”, señala la presidenta del Sector de Sanidad de CSIF Castilla-La Mancha, Sacramento Rodríguez.
Ahora, este auto judicial con medidas cautelares ‘inaudita parte’ ante la que no cabe recurso, de 4 marzo, reconoce el riesgo existente para una médico de Urgencias en centro hospitalario embarazada actualmente de 16 semanas y considera que se cumplen los requisitos en tanto que es evidente que la situación derivada de la crisis sanitaria, puesta en relación con el trabajo que viene desempeñando, la fase del embarazo y la contraindicación de vacuna en su estado, justifica el peligro para el feto y la propia embarazada.
Así, Rodríguez añade que la “Administración debe replantear su postura ante esta grave situación y cumplir con el deber legal de protección de la salud de sus trabajadores, de manera especial con aquellos más vulnerables” y destaca que “el auto supone un importante logro en la defensa de los derechos de las trabajadoras”.
