El senador del PP por Ciudad Real ha sido el encargado de defender en la Comisión de Interior del Senado una moción de los populares en la que instaba al Gobierno a que elabore un protocolo común para todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad frente a la ocupación, que no salió adelante por el voto en contra del PSOE y sus socios.
Con esta moción, el PP recogía las quejas reiteradas de Policía Nacional y Guardia Civil por la falta de un protocolo común frente a la ocupación y la disparidad de normas que rigen en cada cuerpo y cada región.
Según expuso el senador ciudadrealeño Paco Cañizares en la Cámara Alta , “ no hay uniformidad entre las instrucciones dictadas por los fiscales, tampoco entre los protocolos que rigen cada comisaría o comandancia, y esa multiplicidad, provoca disparidad del número de denuncias entre las Comunidades Autónomas, al tiempo que dificulta el trabajo de agentes y jueces”.
Cañizares expuso en la comisión de Interior del Senado que la ocupación ilegal de viviendas, según los últimos datos publicados, ha crecido en España un 58% en los últimos cinco años , y solamente entre los meses de enero y junio de 2020 se han registrado 7.450 denuncias por ocupación, según datos del Ministerio del Interior y que de media, se producen 41 denuncias diarias por ocupación ilegal de inmuebles.
Además subrayó que “los cálculos evidencian que hay un mínimo de 87.000 viviendas ocupadas ilegalmente en España a las que habría que sumar aquellas cuya ocupación no se ha denunciado”.
A juicio del senador ciudadrealeño del PP , “ estos datos nos muestran cómo la ocupación ilegal es un problema creciente en nuestro país, que no solo ataca el derecho a la vivienda y a la propiedad privada recogidos en la Constitución, sino que, además, altera gravemente la convivencia vecinal y pone en serio riesgo la seguridad e integridad de personas y bienes”.
Por todo ello, Paco Cañizares, subrayó en la Comisión de Interior del Senado “ que a la vista de las cifras , es necesario reforzar el ordenamiento jurídico para que los ocupas no puedan ampararse en ningún vacío legal y proteger y garantizar de manera contundente la propiedad privada, la convivencia y la seguridad jurídica , además de luchar activamente contra las mafias que han hecho de la ocupación ilegal su negocio”.
