Nicasio Peláez.– España ha sido perceptora de fondos de cohesión, desde 1989 hasta el año 2020 se podrían contabilizar un total aproximado de 190.000 millones de euros donde la política de cohesión ha tenido un impacto muy positivo en la economía española.
Así en el período 1993-2003 España recibió el 25% de los fondos totales y la política de cohesión estaba por encima del 1% del PIB anual donde el impacto sobre crecimiento en inversión pública creció de un 9% en 2010 a un 25% en 2013; en el período actual 2014-2020 el impacto previsto era de un crecimiento considerable de la tasa de empleo de un 59% en 2012 al 74% en el 2020 con un descenso en la tasa de abandono escolar de un 25% en 2012 a un 15% en 2020 y desde un punto de vista social se pretendía recuperar a 1,5 millones de personas en situación de exclusión social o en riesgo de pobreza pero la crisis sanitaria propiciada por el coronavirus hace que sea imposible conseguir los retos antes mencionados.
En el período 2014-2020 dentro de los diferentes programas operativos de la UE, España participa en 64 programas nacionales y regionales con un porcentaje de ayudas de fondos estructurares y de inversión (FEIE) DE 39.946.176.780 euros (70,96% del presupuesto) que representa una media de 856 euros por persona y una cofinanciación nacional de 16.345.918.750 euros (29%,04% del presupuesto total) con un presupuesto total en el período de programación de 56.292.095.530 euros; en lo relativo al nivel de ejecución tan sólo se ha ejecutado hasta octubre del 2020 un 34% en los fondos estructurales y de inversión, es decir, 19374 millones de euros sobre un total de 56241 millones de euros que la Comisión Europea puso a disposición de España para el período 2014-2020 con independencia de que en el cuadro financiero estuvieran comprometidos 44.919 millones y donde se podría ejecutar al final incluso un 80% del programa.
Uno de los grandes problemas que tiene nuestro país se refiere al nivel de ejecución de fondos que está entre los más bajos de la Unión Europea como lo aclaran los actuales datos referidos a noviembre del presente año donde en lo relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) durante el período 2014-2020 tan sólo se ha certificado un 26% de los fondos asignados que ascienden a un total de 29.270 millones de euros, un tanto de lo mismo ocurre conel Fondo Social Europeo (FSE) donde se ha ejecutado un 32%, el Programa de Garantía Juvenil con una ejecución del 57%, el Fondo de Desarrollo Rural sin contabilizar las ayudas directas a los agricultores con una ejecución del 51% y apenas un 17% del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca; a finales del 2019 las autoridades españolas habían certificado un gasto de un 33% frente al 40% de la media europea y un gasto comprometido del 69% frente al 84% de la media europea sobre proyectos seleccionados.
¿Podrá España gestionar y ejecutar los 140.000 millones de euros asignados del Fondo de Recuperación Económico Europeo?
La comisión Europea aprobó un plan de respuesta coordinada con todos los Estados Miembros para mitigar el impacto económico del coronavirus y que introduce como novedad una simplificación y flexibilidad en la gestión de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (EIE) hasta ahora se han utilizado varias medidas extraordinarias dentro del Marco Temporal de Ayudas de Estado vigente hasta el 31 de diciembre dirigidas a movilizar inversiones en los sistemas de atención sanitaria de los Estados miembro y sobre todo a sectores estratégicos de la economía aportando liquidez para el apoyo a los sectores empresariales más afectados y agravados dando una respuesta inmediata con la reasignación y reprogramación de los recursos disponibles procedentes de los diferentes fondos europeos.
El Plan de Recuperación de Europa reúne los fondos destinados al Marco Financiero Plurianual (MFP) 2021-2027 (presupuesto de la UE para los próximos siete años) con una inversión total acordada por los Estados Miembros de 1,075 billones de euros a lo que habría que añadir los fondos extraordinarios del programa Next Generation EU con una dotación de 750.000 millones de euros que se divide en una aportación de 390.000 millones de euros para subvenciones a fondo perdido (52%) y 360.000 millones de euros en préstamos (42%) cantidad contraía por la Comisión Europea en los mercados de capitales y que tendrá que ser reembolsada de manera coordinada en los próximos años y ante del 31 de diciembre de 2058.
En el caso de España la cantidad asignada ha sido de 140.000 millones de euros de los cuáles 67.300 (48%) se corresponden con subvenciones a fondo perdido y 72.700 euros (52%) a través de préstamos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española donde se han de destinar un 37% de la financiación a proyectos relacionados con la transición ecológica y un 33% a iniciativas asociadas a la transición digital para ello se establece un periodo de ejecución del 70% del presupuesto en los dos primeros años de vigencia (2021-2022) el 30% restante se tendría que ejecutar en el año 2023 aunque la gestión de los fondos se prolongaría hasta el 2025 en función de la naturaleza y líneas de actuación de los proyectos de inversión aprobados, además España recibirá del instrumento REACT EU un total de 12.000 millones de euros para actuaciones relacionadas con la recuperación ecológica y digital que se tendrían que ejecutar en el período 2021-2022.
Para poder beneficiarse de estas ayudas, los Estados miembros tienen que preparar sus propios Planes Nacionales de Recuperación y Resiliencia donde tendrán que definir la estrategia y actuaciones para el período 2021-2023 y donde para la asignación de las ayudas se tendrán en cuenta criterios como el potencial de creación de empleo, crecimiento económico, resiliencia económica y social de los estados miembros donde tendrían que justificar las actuaciones que contribuyen hacia la transición ecológica y digital donde cada uno de los planes estarán sujetos al cumplimiento de una serie de hitos e indicadores que podrán ser revisables y modificados en su caso a lo largo del año 2022 de cara a la distribución final de fondos en el año 2023.
El Gobierno español ya ha presentado a Bruselas su plan de reformas e inversiones para optar a las ayudas e incluso para el presupuesto del año 2021 el gobierno incorpora 27.000 millones de euros adelantados de los fondos europeos con la intención de acelerar la ejecución del plan y aprueba un techo de gasto para el año 2021 de 196.097 millones de euros una subida de un 53,7% respecto al presupuesto del año anterior; para garantizar el compromiso de poder ejecutar 140.000 millones de euros en seis años el ejecutivo español debe eliminar en la medida de lo posible la burocracia administrativa que en muchas ocasiones ralentizan el proceso de contratación y de ejecución de los proyectos también recae en el gobierno central la responsabilidad de definir las estrategias de actuación en el ámbito nacional de aquellos proyectos que pueden ser susceptibles de financiación por parte de la Unión Europea y donde han garantizado que las comunidades autónomas ejecutarán más del 50% de los proyectos de los fondos europeos mediante la suscripción de Convenios Marco entre los ministerios implicados y las propias comunidades autónomas en áreas de vital importancia para el desarrollo social y económica dentro del Plan de Recuperación donde la propia Constitución Española dentro del ámbito de sus competencias permite a las CCAA realizar actuaciones asociadas con políticas activas de empleo, servicios sociales, protección y mejora de los servicios sanitarios, educación, vivienda, políticas medioambientales etc.
El gobierno dispone de muy poco tiempo para concretar y definir la estrategia a desarrollar que ha de suponer un cambio en el modelo productivo de manera consensuada con participación público-privada de aquellos proyectos a presentar como consecuencia de la crisis sanitaria, social y económica provocada por el coronavirus y para ello, es necesario la reforma urgente y en profundidad del sistema administrativo de gestión junto con la puesta en marcha de un “modelo de gobernanza” para la selección, seguimiento, evaluación y coordinación de los proyectos que pudieran ser seleccionados y ejecutados en nuestro país donde habría que evitar los denominados “cuellos de botella” para tener una administración ágil y eficiente en la simplificación de trámites y procedimientos.
España en los próximos cinco años dispondrá de un paquete de ayudas muy ambicioso donde la cifra de inversiones podría superar el 3% del PIB anual en un contexto de financiación externa que es una gran oportunidad para el proceso de recuperación social y económica del país pero donde también habría que realizar un gran esfuerzo en la mejora de la capacidad de gestión de estos proyectos, la Comisión Europea debe acelerar y simplificar el diseño de nuevos reglamentos, procedimientos de contratación y con ello eliminar posibles duplicidades a la hora de gestionar los fondos europeos y donde se tendría que crear un órgano encargado de la supervisión de todas las actuaciones y procedimientos; por el bien del conjunto de la Unión Europea esperemos que el veto por parte de Polonia y Hungría a la ratificación de los fondos anticovid quede tan solo en una pasajera “pataleta” ya que la amenaza con retrasos o incluso el bloqueo de las ayudas para la reconstrucción supone una demora que perjudica especialmente a España, que es el segundo mayor perceptor de las ayudas europeas.
Nicasio Peláez Peláez
Máster Universitario en Investigación y Humanidades.
