José Caro Sierra. Delegado provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.- Como dice un conocido proverbio africano: para educar a un niño hace falta la tribu entera. Y una sociedad educadora debe ser inclusiva y participativa. En nuestro tiempo, con la universalización de la educación, dicha responsabilidad se ejerce, al menos con carácter formal y por delegación, desde la escuela.
De hecho, nuestra Constitución, en el artículo 27.5, dice expresamente que “los Poderes Públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes”.
En este mismo enunciado ya se recoge el tema de la participación en el ámbito educativo; tema recurrente en los sistemas educativos de nuestro entorno y que ha ido siendo resuelto de formas diversas y recogido con propuestas de distinta índole en los desarrollos normativos que se han ido desplegando con el paso del tiempo. En cualquier caso, en el marco de la Unión europea, dicha participación ha estado tradicionalmente alineada con los objetivos de mejora de la calidad educativa.
Haciendo un breve recorrido histórico por la forma en la que la participación en la educación se ha recogido en las distintas leyes educativas, nos encontramos con los primeros antecedentes en la LOECE, Ley Orgánica 5/1980, de 19 de junio, que aprobó el Estatuto de Centros Escolares, en la que se preveía la existencia en los centros públicos de órganos de dirección unipersonales ( Dirección, Secretaría, Jefatura de Estudios) y colegiados (Consejo de Dirección, Claustro de profesores, la Junta Económica). En los Consejos de dirección ya se incluía la participación de padres y madres en proporción paritaria con relación al profesorado participante.
Sin embargo, esta Ley La LOECE tuvo una vida breve, dado que en 1982 se produjo un cambio de Gobierno que trajo consigo la aprobación de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, más conocida como “LODE”. Dicha Ley también contribuyó a consolidar la participación de la comunidad educativa en los llamados Consejos Escolares, a la vez que aprovechó para potenciar su papel como el verdadero órgano de gobierno de los centros públicos; entre sus competencias estaba la de elegir al director o directora.
Más tarde, con la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), junto con la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la Participación, Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes (LOPEG), se intentó reforzar aquellos aspectos que más carencias presentaba el modelo en cuanto a la participación; precisamente en el sector de padres y madres de alumnos y apostando por reforzar las competencias del Consejo Escolar, en la idea de profundizar en el ejercicio de la autonomía organizativa y de gestión de los centros.
Más tarde, con los sucesivos vaivenes electorales y consecuentemente legislativos, la LOCE (2002), la LOE (2006) y LOMCE (2013) han ido matizando, regulando y, por qué no decirlo, en el caso de esta última, recortando las competencias de los Consejos escolares. De este modo, con esta última Ley, en vigor en la actualidad, los Consejos Escolares, mantienen las funciones consultivas (conocer, proponer, valorar) pero pierden aquellas que están más directamente relacionadas con la gestión y la dirección (aprobar, decidir y evaluar).
En este contexto, para muchos, la participación ha dejado de tener sentido y dan por hecho que la verdadera participación forma parte del pasado o bien se ha convertido en una quimera al pretender que la escuela sea un espacio de participación cuando la sociedad actual no es precisamente participativa.
Sin embargo, desde estas líneas quiero reivindicar el valor de la participación como instrumento educativo en sí mismo: padres y madres, profesorado y alumnado que son activos, comprometidos y participativos en sus centros educativos, lo son también más allá del ámbito escolar y generan actitudes de cooperación, solidaridad y tolerancia, en la búsqueda acompañada de bienes y mejoras que son colectivas.
Conocer, participar y gestionar los Proyectos educativos de los centros y encarar los retos que la sociedad de nuestro tiempo plantea es tarea y responsabilidad de todos los agentes implicados (profesorado, familias, alumnado, personal del centro, entidades locales). Todo esto se produce formalmente a través de los Consejos Escolares, que verán ampliadas sus competencias tal y como prevé la nueva Ley Orgánica que se está tramitando.
Nos encontramos, por lo tanto, en un momento en el que la participación en estas elecciones a Consejos Escolares no puede quedar reducida a un mero trámite de carácter tangencial para la vida de los centros educativos.
Este 2 de diciembre es una gran oportunidad para democratizar la gestión de los centros educativos. Participar es apostar por la democratización de la vida en las aulas y por la apertura de los centros a la sociedad.
Espero y deseo la máxima participación en estas elecciones y que la experiencia para los nuevos miembros que ahora resulten elegidos sea muy satisfactoria y fructífera.
