http://santosgmonroy.blogspot.com/ La oleada de despidos de diversos informadores que hasta hace unas semanas desarrollaban su labor en Puertollano y Ciudad Real ha agitado las remansadas aguas periodísticas de la provincia. Los ceses, salpicados de irregularidades, han vuelto a evidenciar la precariedad laboral e indefensión del colectivo, y han reverdecido el anhelo de creación de un Colegio Profesional de Periodistas de ámbito regional.
De entrada, desengañémonos: la inexistencia de una Ley nacional de acceso a la profesión, por no hablar de los continuos gatillazos que está sufriendo la redacción y aprobación del Estatuto del Periodista (en parte por la actitud de la propia FAPE), vacía de contenido a cualquier colegio profesional que se quiera crear.
{mosgoogle}Dadas las actuales circunstancias, lo más lógico sería que las organizaciones existentes centren sus esfuerzos en lograr la obligatoriedad de la posesión del título de Periodismo, en virtud de una Ley reguladora y de un proceso previo de habilitación profesional, antes de emprender acciones para la creación de un colegio. Ni más ni menos que como se ha hecho en el resto de las profesiones más respetadas.
El caos reglamentario en este oficio (que reúne en las redacciones desde carteros hasta licenciados en Filología Hispánica, pasando por técnicos en Seguridad e Higiene en el Trabajo, por no hablar de los antoniodavides y demás famosetes) urge a establecer, primero, un marco normativo homogéneo; segundo, unos criterios objetivos de acceso basados en la titulación académica (sin excluir, hasta una fecha tope, a quienes puedan acreditar experiencia contrastada); y, tercero, la obligatoriedad de colegiación. Sólo así tendría sentido la creación de un colegio regional verdaderamente útil.
De hecho, y salvo tortuosas modificaciones legislativas, además de absurdo sería técnicamente imposible: el Artículo 11 de la Ley 10/1999, de 26 de mayo, de Creación de Colegios Profesionales de Castilla-La Mancha establece que “no podrá constituirse un nuevo Colegio Profesional respecto de aquellas profesiones o actividades profesionales cuyo ejercicio no esté legalmente condicionado a estar en posesión de una determinada titulación oficial”. ¿Cómo se superará este escollo?
La misma normativa obliga a presentar un Plan de Estudios de la Licenciatura de Periodismo en Castilla-La Mancha, aún inexistente. Que la portavoz del Gobierno regional, Isabel Rodríguez, hable de “pocos meses” para la culminación del proyecto del colegio profesional tras la última reunión con los representantes de la FAPCLM demuestra tanto su desconocimiento sobre el tema como sus ganas de regalar gratuitamente las orejas del gremio. Estas cosas llevan su tiempo. Se tardaría incluso años en ver realidad este ansiado sueño, si es que alguna vez conseguimos ponernos todos de acuerdo. Pero, en ese caso, la ilusión sí tendría cimientos sólidos.
Otra cuestión, aún más peliaguda: ¿existe realmente una intención de lograr que para el ejercicio del periodismo sea necesario estar en posesión del título habilitante? ¿Por qué se quiere crear una Facultad de Periodismo en Cuenca, si no se le otorga valor real a su titulación?
La confusión reglamentaria quizá impida, de momento, la constitución de una colegiación obligatoria, pero es que lo contrario no deja de ser una aberración, sea en Galicia o sea en Castilla-La Mancha. Hay que tomarse en serio de una vez por todas el concepto de Colegio Profesional, el concepto mismo de Periodismo. Optar únicamente por la opción de la voluntariedad, defendida desde algunos sectores de la FAPCLM, implica el peligro de la falacia, el enésimo fiasco: un simple cambio de nomenclatura de la actual Federación sin apenas trascendencia…, con la labor periodística convertida definitivamente en un camelo.
Los partidarios de la voluntariedad apuntan que ésta ha sido la fórmula elegida en el resto de los colegios creados en España, en sintonía con el “espíritu” de la Directiva Europea de Servicios, que en breve será aplicable en España. Pero debemos pensar que, en un principio, el libre acceso profesional no está reñido con la colegiación obligatoria (que debe entenderse como un derecho), ni, por supuesto, con el control y requisitos que los colegios profesionales establezcan para el acceso a la profesión, los cuales sí que pueden (y, en algunos casos, deben) modificarse, en concordancia con la nueva normativa europea.
Las asociaciones periodísticas deberían aprovechar los posibles resquicios legales que deje el futuro Proyecto de Transposición de la Directiva Europea de Servicios para luchar por una regulación del acceso a la actividad y por la obligatoriedad de colegiación. Atrevámonos a ser verdaderamente pioneros. Sólo así el periodista estará arropado por una corporación de derecho público con personalidad jurídica propia que sirva para la ordenación del ejercicio profesional, la lucha contra el intrusismo, o la defensa de la integridad del periodista y de la libertad de expresión.
Plantear una colegiación voluntaria denota poco respeto por este trabajo. ¿Los no colegiados podrían ejercer el periodismo en igualdad de condiciones con los colegiados, independientemente de sus estudios y de su experiencia? ¿Qué sentido tiene un colegio profesional impotente ante el intrusismo? ¿Qué control deontológico podría ejercer el Colegio sobre los periodistas no colegiados?
Desde la FAPCLM se está trabajando sobre los ejemplos de los Colegios Profesionales de Cataluña y Galicia, pero sin tener en cuenta, quizá, que el primero ha sido acusado en numerosas ocasiones de sectario y partidista, mientras que el segundo ha sufrido graves crisis de representatividad.
Confío en que los responsables de la FPCLM no crean que el asunto se solucione sólo con reuniones al más alto nivel político. Sin duda, el apoyo del Gobierno regional será importante para agilizar el proceso administrativo, pero no lo es menos el saber antes quiénes son los periodistas, y adónde quieren llegar. Y eso no lo puede hacer nadie por ellos, ni siquiera la sacrosanta Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha…
