El Gobierno regional ha diseñado un proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha para 2021 que permitirá abordar con garantías la reactivación de la región, sin que nadie se quede atrás; que es realista y que piensa en las necesidades de las personas y en el presente y en el futuro de la región, en definitiva, un presupuesto que ofrece progreso y responsabilidad.
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, así lo ha subrayado durante el debate de la enmienda a la totalidad a este proyecto de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, a quien ha solicitado su retirada, ya que se necesita “diálogo y consenso” para salir mejor de la actual crisis.
Los presupuestos para el próximo año brindarán una oportunidad para, por un lado, fortalecer el Estado del Bienestar y poder atender de manera adecuada a los sectores más afectados por la crisis y, por otro lado, recuperar la senda del crecimiento y el empleo y modernizar el modelo productivo desde la digitalización, la sostenibilidad ambiental, la innovación y la inclusión.
En este contexto excepcional, el Gobierno regional ha elaborado un presupuesto para 2021 que supera los 12.000 millones de euros, por lo que se trata del presupuesto más elevado de la historia de Castilla-La Mancha, con un incremento del 15 por ciento respecto a los presupuestos de este año.
En relación con el estado de ingresos, Ruiz Molina ha subrayado que no se aumentan los impuestos con los presupuestos para el próximo año, cumpliendo de esta forma con el compromiso adquirido por el presidente García-Page con los agentes económicos y sociales.
El titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha continuado su intervención poniendo en valor que el presupuesto es expansivo, tanto en lo social como en las políticas destinadas a incentivar el desarrollo económico y el empleo, destinando 1.600 millones de euros más que en 2020 a fortalecer el Estado del Bienestar y a recuperar la senda del crecimiento en Castilla-La Mancha.
Además, se trata de un presupuesto inversor sin precedentes en la historia presupuestaria de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ya que se duplica su cuantía con respecto a 2020, con 765 millones de euros más, hasta alcanzar los 1.400 millones.
Ruiz Molina también ha resaltado que es un presupuesto ambicioso porque dedicará una parte importante de los recursos financieros a modernizar la estructura productiva, apostando por la transformación energética, la sostenibilidad medioambiental, la innovación, la digitalización o el desarrollo del medio rural.
En 2021 cada día se destinarán 18 millones de euros al Estado de Bienestar
En cuanto a la distribución del gasto que recoge este proyecto de Ley, Ruiz Molina ha diferenciado dos grandes grupos de políticas, uno relacionado directamente con el gasto social, con la financiación del Estado del Bienestar, y otro con las políticas de gasto que inciden de manera más directa en el crecimiento económico.
En gasto social, el año que viene se destinarán prácticamente 6.600 millones de euros para los servicios públicos fundamentales. Eso supone que el gasto social crecerá cerca de un 18 por ciento respecto a 2020, 2,5 puntos más que el incremento del conjunto del presupuesto.
De esta forma, el gasto social supone en torno al 70 por ciento del gasto total de carácter no financiero y permite dedicar cada día 18 millones de euros al Estado del Bienestar.
Serán cerca de 1.000 millones más que en 2020 para disponer de más sanitarios, más docentes, más y mejores infraestructuras y equipamiento de carácter social para mejorar la capacidad de respuesta de los servicios públicos fundamentales.
Dentro del conjunto del gasto social, Sanidad será la partida más alta, con más de 3.600 millones de euros. Educación superará el próximo año la barrera de los 2.000 millones de euros, apostando por la contratación de personal, las infraestructuras y la digitalización. Respecto a Servicios Sociales, el próximo año se destinarán 881 millones, dedicando cada día 2,4 millones a las políticas sociales.
Tal como ha resaltado Ruiz Molina, la apuesta que hace el Gobierno de García-Page por los servicios públicos fundamentales exige, fundamentalmente, reforzar los recursos humanos y los recursos materiales.
En materia de recursos humanos, el titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha explicado que el capítulo de Personal crece un 9,7 por ciento con respecto a 2020 y recoge el incremento retributivo máximo previsto para los empleados públicos en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021, que es del 0,9 por ciento.
El 97 por ciento de ese importante incremento del capítulo de Personal se destina a financiar durante el próximo año el coste del personal destinado a los servicios públicos fundamentales. Así, de los 330 millones de euros más que se destinarán en 2021 a costes de Personal, 321,1 millones se centrarán, principalmente, en potenciar las plantillas de Sanidad y Educación. Con este volumen de recursos se podrán financiar los 7.000 profesionales sanitarios incorporados al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha y los 3.000 profesionales incorporados al sistema educativo de la región desde el inicio de la pandemia.
En relación a los recursos materiales en el ámbito social, se incrementan en un 40 por ciento respecto al presupuesto de 2020.
En concreto, el 90 por ciento de los gastos en bienes corrientes y servicios estará destinado a los servicios públicos fundamentales, financiándose, por ejemplo, la farmacia hospitalaria, el gasto de funcionamiento de los centros públicos o los conciertos educativos.
En cuanto a las inversiones, el 54 por ciento de las inversiones previstas por el Gobierno de Castilla-La Mancha en 2021 estarán destinadas a la creación de infraestructuras sociales. Se triplicará su cuantía con respecto a 2020, con 240 millones más, pasando de 122 millones a 362 en el próximo año.
“Se seguirán acometiendo las obras de infraestructuras hospitalarias y centros de salud que ya están en marcha y se iniciarán otras nuevas; se seguirá abordando un ambicioso plan de creación y mejora de infraestructuras educativas y se mejorará la red de centros sociosanitarios de la región. Con esta política inversora se va a continuar robusteciendo la malla protectora en el ámbito social, como se comprometió el Gobierno en 2015”, ha añadido Ruiz Molina.
El crecimiento de las políticas para el desarrollo económico y el empleo triplica al del presupuesto en su conjunto
En relación al segundo grupo de políticas de gasto, las orientadas al desarrollo económico y a la creación de empleo, el próximo año supondrán más de 1.700 millones de euros, prácticamente 600 millones más que este año, lo que representa un incremento del 48 por ciento, que triplica el crecimiento del presupuesto en su conjunto para 2021.
Estas políticas presupuestarias permitirán favorecer el mantenimiento, la viabilidad, el robustecimiento y la expansión del tejido empresarial, así como la creación y consolidación de nuevas empresas. Este objetivo está muy entrelazado con otra de las prioridades del Presupuesto para el próximo año, que es reducir el desempleo e incrementar la estabilidad y calidad del mismo, favoreciendo la integración laboral de las personas con más dificultades de acceso al mercado de trabajo y en riesgo de exclusión.
Igualmente, en el ámbito económico el presupuesto está orientado a favorecer la reactivación económica de la región y una transformación de la estructura productiva, que debe sustentarse en la innovación tecnológica y el desarrollo de la sociedad de la información para que la economía de Castilla-La Mancha pueda adaptarse a los nuevos retos del siglo XXI.
También las cuentas para el próximo año permitirán reforzar las infraestructuras básicas, con nuevas infraestructuras hidráulicas, la ampliación de la red de telecomunicaciones o la conservación de las carreteras.
Finalmente, con las políticas de gasto que inciden de manera más directa en el crecimiento económico se pretende promover la sostenibilidad ambiental, la eficiencia energética y el desarrollo de la economía circular. Todo ello para recuperar la senda del crecimiento de la riqueza, avanzar en la lucha contra la despoblación y financiar proyectos en materia de tecnologías limpias.
Desde el punto de vista financiero, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha destacado que, por segundo año consecutivo, se reduce la carga financiera de la deuda viva que mantiene la Junta de Comunidades. En concreto, un 23 por ciento, es decir, una reducción de 48,1 millones de euros menos, que es consecuencia de la gestión que el Gobierno regional está llevando a cabo en la cartera de deuda para sustituir las operaciones más caras por otras más baratas.
