La Audiencia Provincial de Ciudad Real tiene previsto juzgar el próximo martes, 20 de octubre, a A.F.D., abogado acusado de quedarse presuntamente con 177.300 euros de un cliente para la compra de unos inmuebles en Poblete y por falsear documentos para reclamar sus honorarios. Una vista que ya ha sido señalada en dos ocasiones el año pasado en los meses de diciembre y abril.
El Ministerio Fiscal ha considerado estos hechos como constitutivos de un delito continuado de estafa y falsedad documental, o alternativamente de apropiación indebida y falsedad documental, además de otro delito de falsedad en documento privado, por los que pide un total de 4 años y medio de prisión.
El escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, describe que el acusado «guiado por ánimo de obtener un beneficio patrimonial ilícito en perjuicio ajeno», y en su condición de abogado asesor de J.M.M., representante legal de una sociedad mercantil, en la primavera de 2005 le propuso a este la adquisición de unos inmuebles situados en la localidad de Poblete.
El demandante, «guiado por la relación de confianza personal y profesional que le inspiraba el acusado»; accedió a la operación, ante lo cual el acusado, con el pretexto de llevar a cabo las compraventas de las distintas fincas, le requirió sucesivas cantidades sumando un total de 267.300 euros, de los cuales, el acusado sólo destinó a los fines para los que le fueron entregados los 90.000 euros y que según el escrito de acusación están «reflejados en una escritura notarial».
Así, dispuso del resto del importe, esto es, 177.300 euros, «guiado por el antijurídico propósito de incorporarlo a su patrimonio».
Además, prosigue el relato de los hechos del fiscal, el procesado trató de justificar la entrega de las sucesivas cantidades por la necesidad de realizar gestiones vinculadas a la operación de compra de inmuebles que había propuesto y que, según ha revelado la Fiscalía a través de su escrito de acusación, están documentados en un Recibí redactado de puño y letra del acusado.
Es más, con la finalidad de aparentar la realización de las gestiones encomendadas, elaboró un contrato privado y en dicha venta se fijaba supuestamente un precio de 180.000 euros, abonándose como primer pago 90.000 euros en efectivo.
Para justificar el pago de esta cantidad el acusado envió por fax al denunciante otro documento, «también fraudulentamente elaborado», consistente en carta de pago en la que H.S.A., como compradora, declaraba haber recibido del acusado, en nombre y representación de del demandante, la cantidad de 90.000 euros en concepto de primer pago del precio de la compraventa del solar de su propiedad, ubicado en Poblete.
La realidad, sin embargo, es que H.S.A nunca ha sido titular de dicho terreno, siendo totalmente ajena al referido contrato y no habiendo recibido el importe de 90.000 euros; siendo la verdadera titular del terreno otra persona junto a su marido, quienes nunca lo han puesto a la venta.
Por otra parte, el escrito también describe que el acusado dirigió frente a otra empresa de la que el demandante es representante legal, procedimiento de Jura de Cuentas, en reclamación de unos honorarios.
Como la referida empresa formulara impugnación en el procedimiento de Jura de Cuentas indicado, alegando no haberle sido previamente reclamados, el acusado, «con la finalidad de acreditar la previa reclamación», aportó junto con su escrito de oposición a la impugnación, un documento de fecha 9 de febrero de 2012, «consciente de su carácter falsario»;, pues contenía la supuesta manifestación jurada de dos trabajadores de su despacho, quienes en momento alguno realizaron las afirmaciones en él expresadas sobre entrega de documentación y minuta, ni estamparon las firmas y rúbricas que aparecen en el mismo.
Además de la pena de prisión, la Fiscalía solicita que el acusado indemnice al demandante con los 177.300 por el perjuicio patrimonial causado.
