La Senadora socialista, Carmen Mínguez, ha manifestado en rueda de prensa que si bien el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que ha presentado el Ejecutivo de España, incidirá en una gran modernización del sistema económico del país, muchas de las diez políticas tractoras que lo componen tendrán su repercusión en la provincia de Ciudad Real.
Inspirado en la Agenda del Cambio, en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, el Plan pretende movilizar en los próximos tres años el 50% de los recursos con los que cuenta España gracias al instrumento europeo Next Generation. Es decir, este Plan guía la ejecución de cerca de 72.000 millones de euros y además cumple con las prioridades de los fondos europeos de recuperación, pues la inversión `verde´ representa más del 37% del total del Plan y la digitalización cerca del 33%.
La idea, como explica Mínguez, es que se produzcan cuatro grandes transformaciones en el centro de la estrategia de política económica: la transición ecológica, la transformación digital, la igualdad de género y la cohesión social y territorial.
Además, teniendo en cuenta la situación actual, “para no perder el tiempo, el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido adelantar en los próximos Presupuestos Generales del Estado 27.000 millones de euros de este Plan, lo que permitiría la aceleración de su ejecución”, añade. De ahí la importancia, como incide la Senadora socialista, de que las diferentes fuerzas políticas se sumen a apoyar los PGE, “este Plan nos ofrece una oportunidad única para demostrar el ímpetu de nuestro país y para poner a prueba la buena política, la que facilita acuerdos, la que propicia soluciones», ha señalado Mínguez.
Así las cosas, la primera de las diez políticas que lo componen es la `Agenda urbana y rural, la lucha contra la despoblación y el desarrollo de la agricultura´. En ella se concentra el 16% de los recursos y entre sus objetivos figuran la mejora de la habitabilidad de entornos urbanos y dar respuesta a las necesidades del entorno rural, manteniendo la población y fomentando el empleo. “Una política de vital importancia para nuestra provincia, para que podamos vivir donde queremos hacerlo y evitar la despoblación, ya que se empezará con los municipios de menos de 5.000 habitantes, movilizando 12.000 millones de euros en tres años en eficiencia de edificación, depuración de agua, conectividad digital, educación conectada e impulso del turismo sostenible, rehabilitación energética de edificios y transformación y digitalización de la cadena logística del sistema agroalimentario”, señala.
Las políticas restantes están basadas en el `impulso de las Infraestructuras y los ecosistemas resilientes´, a través de proyectos como el Plan de Conservación y Restauración de Ecosistemas, la cual recibirá el 12% de los recursos; la `Transición energética justa e inclusiva´, a la que se destinará el 9% de la inversión; promover una `Administración para el siglo XXI´, a lo que se dedicará el 5% de los recursos; `Modernización y digitalización del ecosistema de nuestras empresas´, con un 17% de los fondos; `Desarrollo de la de la cultura y el deporte´, y `Modernización del sistema fiscal´.
Por el momento en el que nos encontramos, es de destacar –afirma Carmen Mínguez- el `Pacto por la ciencia y la innovación y el refuerzo del Sistema Nacional de Salud´, que contará con el 17% de los recursos, pues está claro que “esta pandemia ha puesto de relieve las necesidades de nuestro sistema de salud y debemos trabajar en paliarlas”; también la política de la `Educación y el conocimiento, la formación continua y el desarrollo de capacidades´ en la que se concentrarán el 18% de los recursos, y por último, la `Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo´, a ello se destinará el 6% de los fondos.
Como indica Carmen Mínguez para garantizar la correcta ejecución del Plan, el Gobierno ha previsto constituir una Comisión Interministerial presidida por Pedro Sánchez, así como una Unidad de Seguimiento del Fondo de Recuperación en el gabinete de presidencia del Gobierno.
La Senadora socialista destaca la comunicación que pretende establecerse con las Comunidades Autónomas y la interlocución continua que existirá con las empresas que participan en los proyectos.
Por otro lado, para garantizar agilidad en la absorción de los fondos, se pondrá en marcha una reforma profunda de las normas y leyes de la Administración general de Estado, “muy centrada en la eliminación de las trabas administrativas y burocráticas, de manera que no se frene la recuperación de la economía”, ha finalizado indicando.
