La Audiencia Provincial de Ciudad Real tiene previsto juzgar los días 29 y 30 de septiembre y el 1 de octubre a los trece acusados de traficar con cocaína y heroína en las localidades de Bolaños y Almagro. Unos hechos que la Fiscalía considera constitutivos de un delito contra la salud pública en la modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, por las que ha solicitado penas de entre tres y los cinco años de prisión.
El escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, sitúa los hechos en una fecha indeterminada, pero en todo caso desde julio de 2015. La investigación determina como con una «distribución clara de papeles», el matrimonio formado por dos de los acusados se encargaba de dirigir las tareas de distribución de heroína y cocaína en las localidades de Almagro y Bolaños, usando para ello su domicilio en la primera de estas localidades como punto de venta y de quedada con los presuntos consumidores.
Otro matrimonio compuesto por otros dos acusados, eran los encargados de suministrar la droga a los primeros para su posterior distribución en las localidades antes citadas, que a su vez recibían la droga cuando se quedaban sin abastecimiento de una pareja de novios, también acusados en este proceso.
La investigación, relata el escrito la Fiscalía, implica también a una segunda pareja de novios y a los padres y hermanos de uno de ellos y finalmente también apunta a un último implicado en la distribución de las sustancias estupefacientes.
El contenido de las conversaciones intervenidas por parte del equipo de Delincuencia Organizada Antidroga de la Sección de Investigación Criminal de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Ciudad Real y los registros en varios domicilios de los acusados en los que se encontraron cocaína y heroína además de dinero en diferentes cantidades, así como objetos relacionados con la preparación de las dosis, hacen que la investigación concluya con la implicación de todos ellos.
Además de las penas de prisión, que oscilan entre los tres y los cinco años, la Fiscalía solicita el pago de multas que oscilan entre los 12.000 y los 700 euros.
