El positivo por coronavirus de tres funcionarios de Justicia deja en cuarentena a casi la totalidad de la plantilla de los Juzgados de Valdepeñas

Comunicado.– El resultado positivo por coronavirus de tres trabajadores de los Juzgados de Valdepeñas pone en cuarentena a 14 de sus 16 funcionarios, lo que deja la Oficina Judicial de esta localidad es una situación realmente comprometida.

Tanto es así, que el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, Vicente-Manuel Rouco Rodríguez, se ha visto obligado a dictar un acuerdo de forma urgente, al amparo de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para prestar apoyo al personal de estos Juzgados para la realización del servicio de guardia y las actuaciones urgentes e inaplazables que puedan surgir.

En dicha comunicación, Rouco ordena al Juez del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción único de Villanueva de los Infantes, en virtud de la prórroga de jurisdicción, que, junto al Letrado de la Administración de Justicia y el resto del personal de dicho órgano, intervenga cuando sea necesario para evitar que los servicios esenciales queden sin atender.

Una medida que, en opinión del sindicato Justicia y Progreso, resulta a todas luces insuficiente e injusta para el resto de compañeros de dichos juzgados. La situación es insostenible, ya que sólo están prestando servicios dos funcionarios, uno por cada Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, más un auxilio judicial recién nombrado, para hacer frente a la guardia y a cualquier otra actuación judicial que requiera una respuesta inmediata. El malestar de los funcionarios es evidente, sobre todo porque llevan tiempo avisando de que la sobrecarga de trabajo en dichos juzgados es inasumible y reclamando la creación de un tercer juzgado que de salida al atasco que existe en la actualidad.

Por ello, la circunstancia sobrevenida a causa de la actual crisis provocada por el Covid 19, se une a la especial tesitura que ya afrontaban los Juzgados de Valdepeñas y que trabajadores y sindicatos ya denunciaron a principios de este año con un encierro de 24 horas para poner de manifiesto el anormal funcionamiento de esta sede judicial, con un nivel de pendencia muy superior al de resto de órganos judiciales de la provincia. Antes de que en marzo se decretara el Estado de Alarma, la Junta de Personal de Ciudad Real, junto a los funcionarios de Justicia, protagonizaron una movilización para reclamar la actualización de la plantilla en los juzgados de la provincia y, en especial, en los de Valdepeñas.

El Sindicato Justicia y Progreso, que encabezaba las reivindicaciones, emplazó al Ministerio a contestar en el plazo de un mes para darles algún tipo de solución al hecho de que Valdepeñas no contara, al menos, con un Decanato para atender al registro y reparto de asuntos o con un Servicio Común de Notificaciones y Embargos, para hacer frente al volumen de trabajo que afronta diariamente.

El objetivo de dicha protesta era la petición urgente de creación de un tercer juzgado y, mientras tanto, que se reforzara la plantilla por resultar obsoleta e insuficiente. Asimismo, Justicia y Progreso instaba al Ministerio de Justicia a emitir un informe de evaluación de riesgos psicosociales, por la sobrecarga y el estrés del personal que podría haber dado lugar a varias bajas laborales. Ante la pasividad de este organismo para responder a dichas demandas, se denunció ante la Inspección de Trabajo la penosidad de las condiciones de trabajo del Juzgado y su posible relación con las bajas médicas de sus trabajadores.

Dada la especial coyuntura que atraviesan estos Juzgados, con una tasa de congestión dos puntos por encima de la media de provincia, y una pendencia tan elevada que hace que el ritmo de trabajo sea vertiginoso, el Sindicato Justicia y Progreso advierte que la puesta en cuarentena de prácticamente toda la plantilla hace que “salten todas las alarmas” respecto a cómo van a afrontar los tres únicos funcionarios de Justicia que están en activo estos días cualquier actuación judicial que pueda resultar urgente y delicada, como pudiera ser un episodio de violencia de género o cualquier otra incidencia que exija una respuesta rápida por parte de la Justicia.