La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia que la falta de efectivos en el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) está provocando un colapso administrativo en la tramitación de las ayudas del Ingreso Mínimo Vital (IMV).
El presidente del Sector de Administración General del Estado (AGE) en Castilla-La Mancha, Leopoldo Felipe Gómez, alude a una “situación muy compleja, al borde de la parálisis debido a una plantilla muy reducida para resolver la ingente cantidad de solicitudes”. La resolución del procedimiento se lleva a cabo en los Centros de Atención e Información (CAISS) del Instituto Nacional de la Seguridad Social, oficinas en las que los trabajadores, además de atender los expedientes del IMV, también deben continuar con los procesos habituales.
La Seguridad Social ha sufrido una progresiva pérdida de trabajadores desde 2010, incluso superior al 21 por ciento, a lo que se añade que desde 1992 no se ha producido una convocatoria de plazas específicas de administrativos.
En la región hay actualmente 416 trabajadores asociados al INSS: 107 en Albacete; 106 en Toledo; 103 en Ciudad Real; 50 en Cuenca y 50 en Guadalajara. Ante esta plantilla tan reducida, que no puede abordar en su totalidad el volumen de tramitaciones, es obligatorio contemplar la incorporación inmediata de, como mínimo, más de un centenar de empleados, además de mejorar las condiciones de trabajo, ya que cada vez que se produce un concurso de traslados el personal huye del CAISS optando en cambio por la Tesorería General de la Seguridad Social o a la Intervención General de la Seguridad Social.
Dentro de estos 416 empleados públicos del INSS, apenas el 20 por ciento es la que se dedica a la tramitación del IMV. “Estamos hablando que poco más de 80 personas en toda la región se están encargando de este proceso, lo que está produciendo un auténtico colapso. La plantilla de los CAISS necesita ayuda urgentemente, por ellos y por todas las personas que esperan una respuesta a su solicitud», explica Felipe Gómez.
A ello se suma también la falta de coordinación entre administraciones y organizaciones. Ayuntamientos, servicios sociales y asociaciones del Tercer Sector reciben las peticiones de IMV, pero es la Seguridad Social el único organismo encargado de la resolución, lo que «está generando un embudo con la llegada masiva de expedientes cada día, en muchos casos con falta de documentación que genera a su vez el reinicio del proceso”.
Desde la apertura de solicitudes el pasado 15 de junio se han presentado más de medio millón de instancias en todo el territorio nacional y en sólo diez días ya se habían resuelto 2.992 expedientes favorables en la región de acuerdo a los datos con los que contaba el INSS, pero a este estado inicial se han sumado las peticiones llegadas desde diferentes organismos.
Otro de los problemas añadidos que agrava la situación es la brecha digital, y es que un porcentaje muy elevado de las familias que pueden acceder a estas ayudas o carecen de internet o no tienen ordenador, “lo que ha impedido la tramitación telemática y que a su vez está provocado un retraso en las adjudicaciones, ya que tampoco hay personal suficiente para atender todas las llamadas telefónicas ni para hacer frente a la atención presencial”, y es que “un trabajador emplea 45 minutos de media en resolver cada expediente”.
Para CSIF es imprescindible la contratación de más personal para abordar con celeridad la resolución de expedientes y ayudar así a las familias que peor lo están pasando.
