El Gobierno de Castilla-La Mancha propone la actualización de la normativa de las prestaciones sociales para adaptarlas al Ingreso Mínimo Vital. Así lo ha manifestado la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez durante la inauguración de la jornada de reflexión y análisis del Ingreso Mínimo Vital y la orientación a la acción de una próxima Estrategia de Lucha Contra la Pobreza y la Desigualdad Social en Castilla-La Mancha.
Está organizada por el Gobierno regional con la colaboración de EAPN-CLM y ha contado con la participación de la Secretaria General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Milagros Paniagua.
En este sentido, la titular de Bienestar Social ha señalado que “cada una de las prestaciones sociales del Sistema de Protección regional tiene condiciones diferentes que se deben unificar, así como identificar los colectivos o personas que se pueden quedar fuera del Ingreso Mínimo Vital por no cumplir los requisitos para poder ofrecer desde el Gobierno del presidente Emiliano García-Page la mayor cobertura posible”.
Asimismo, Aurelia Sanchez ha indicado que “la aprobación del Ingreso Mínimo Vital constituye un gran avance en el reconocimiento de derechos sociales sólo equiparable a la aprobación de la Ley de Dependencia en 2006, ya que corrige un déficit histórico de nuestro modelo de bienestar. Es una medida de justicia social creado para garantizar la igualdad de oportunidades como instrumento de prevención de la exclusión y como un mecanismo de estímulo para que los beneficiarios encuentren empleo”.
Tal y como ha subrayado la consejera de Bienestar Social, “la pobreza estructural que deriva en exclusión tiende a cronificarse y a ser un modelo de vida hereditario, esta espiral de pobreza es la que rompe el Ingreso Mínimo Vital”.
En este contexto, Aurelia Sánchez ha avanzado que “el Ejecutivo autonómico trabaja en la actualización y adaptación de las condiciones de acceso al Ingreso Mínimo Vital con el objetivo de analizar las familias o colectivos que pudieran no ser beneficiarios y aportarles la cobertura que pudieran merecer y que nadie se quede atrás en momentos de dificultad económica o social, como es el caso de jóvenes que han sido tutelados por la administración y que al tener una edad entre 18 y 23 años no podrían beneficiarse de esta prestación”.
En este caso concreto, el Gobierno de Castilla-La Mancha “les garantizará un acompañamiento social y unos ingresos mínimos para que puedan completar sus estudios o iniciar su vida laboral hasta que puedan ser autónomos” ha aseverado la consejera.
En este punto, Aurelia Sánchez ha destacado “la colaboración y el trabajo de los profesionales de los Servicios Sociales de Atención Primaria que están volcados en trasladar la mejor información a las personas que lo solicitan para prestar acompañamiento social y salir de situaciones que conducen a la exclusión social”.
Aurelia Sánchez y la Secretaria General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Milagros Paniagua, han estado acompañadas por la viceconsejera de Servicios y Prestaciones Sociales, Guadalupe Martín, el presidente de EAPN-CLM, Braulio Carles, el secretario general de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha, Tomás Mañas, el Director General de Acción Social, Gregorio Gómez, así como por más de 300 profesionales de los Servicios Sociales de la región.
