El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha lanzado hoy un mensaje de unidad a los grupos políticos con representación en las Cortes de Castilla-La Mancha, animándoles a hacer aportaciones positivas que contribuyan a solucionar los problemas de los sectores que se han visto más afectados por las crisis sanitaria y económica originadas a consecuencia de la COVID-19.
Con estas palabras Ruiz Molina ha finalizado su intervención en el debate general que se ha celebrado esta tarde en las Cortes regionales relativo a la financiación de las entidades locales como consecuencia de las circunstancias actuales.
Previamente, el titular de Hacienda y Administraciones Públicas había valorado el Plan de Medidas Extraordinarias para la recuperación económica de Castilla-La Mancha con motivo de la crisis de la COVID-19 que el Gobierno regional pactó con los agentes sociales y económicos, así como el Acuerdo político para la recuperación de Castilla-La Mancha post COVID-19, alcanzado entre el Ejecutivo castellano-manchego y los grupos políticos con representación en las Cortes regionales, PSOE y Ciudadanos.
En relación con el asunto preciso del debate general, la financiación de las entidades locales, Ruiz Molina ha recordado que en el pleno celebrado el pasado 18 de junio se pudo llegar a un acuerdo sobre este tema, saliendo adelante una resolución por unanimidad de los tres grupos políticos.
Una cuestión en la que, tal como ha subrayado Ruiz Molina, el Gobierno de Emiliano García-Page defiende una reforma urgente del sistema de financiación local, el uso íntegro de los remanentes de tesorería y superávits por parte de los consistorios y la flexibilización de la regla de gasto de las entidades locales.
Por otra parte, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha defendido que si hay insuficiencia de recursos por parte de las corporaciones locales en el ejercicio de sus competencias como consecuencia de la crisis de la COVID-19, lo lógico es que se solicite al Estado que financie esas competencias.
Así, ha argumentado que “si ante una situación extraordinaria el Estado aprueba medidas de carácter sanitario que deben ser adoptadas por aquellos que asumen determinadas competencias, que pueden ser las Comunidades Autónomas o las corporaciones locales, lo lógico es que esa financiación se reclame a quién ha adoptado esas medidas”.
Además, ha enfatizado que las comunidades autónomas han manifestado ya su insuficiencia de recursos, que ha sido reconocida por el propio Estado, lo que ha llevado al Ejecutivo central a aprobar un fondo no reembolsable de 16.000 millones para paliar esa insuficiencia de las regiones y financiar sus gastos extraordinarios.
