El Gobierno establece que serán las comunidades autónomas las que deberán garantizar la coordinación con el Sistema de Salud de los centros residenciales de personas con discapacidad y de personas mayores, así como los centros de atención a mujeres víctimas de violencia de género y otras formas de violencia, cuando llegue la nueva normalidad, según el decreto aprobado este martes el Consejo de Ministros y publicado este miércoles en el BOE.
Así lo establece el artículo 10 relativo a los Servicios Sociales, que establece que las autoridades competentes deberán garantizar la coordinación de los centros residenciales de personas con discapacidad, de personas mayores y de los centros de emergencia, acogida y pisos tutelados para víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra las mujeres, con los recursos sanitarios del sistema de salud de la comunidad autónoma en que se ubiquen.
La directriz llega en medio de la polémica por la gestión de las residencias de mayores en la Comunidad de Madrid durante la crisis sanitaria por el COVID-19 y después de que el consejero de Políticas Sociales, Igualdad, Familias y Natalidad, Alberto Reyero, revelara la existencia de un protocolo con instrucciones para no derivar a determinados residentes a hospitales durante el pico de la pandemia.
Además, las comunidades autónomas deberán asegurar el cumplimiento por los titulares de los centros de servicios sociales de carácter residencial y centros de día de las normas de desinfección, prevención y acondicionamiento de las instalaciones, que aquellas establezcan. En particular, velarán por que su normal actividad se desarrolle en condiciones que permitan en todo momento prevenir los riesgos de contagio.
Los titulares de estos centros deberán tener planes de contingencia por COVID-19 orientados a la identificación precoz de posibles casos entre residentes y trabajadores y sus contactos, activando en su caso los procedimientos de coordinación con la estructura del servicio de salud que corresponda.
Igualmente, deberán adoptar las medidas organizativas, de prevención e higiene en relación con los trabajadores, usuarios y visitantes, adecuadas para prevenir los riesgos de contagio. Asimismo, garantizarán la puesta a disposición de materiales de protección adecuados al riesgo.
La información a que se refiere este apartado estará disponible cuando lo requiera la autoridad de salud pública.
Por otro lado, la prestación del resto de Servicios Sociales y de atención a víctimas de violencia de género, deberá realizarse asegurando que se adoptan las medidas de higiene adecuadas para prevenir los riesgos de contagio.
Cerca de 19.000 personas mayores usuarias de residencias de ancianos públicas, concertadas y privadas de toda España han fallecido en el marco de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus.
El Ministerio de Sanidad aseguró la pasada semana que todavía le falta información de las comunidades autónomas sobre los datos de fallecidos que les reclamó en abril, que la han vuelto a pedir y que cuando lo tengan analizado, darán la foto completa.
