La miseria del liberalismo

Cada cierto tiempo se reitera la misma noticia: un niño cae a un pozo e intentan rescatarlo mejor vivo que muerto. Quizá por ello los telediarios no dedican mucho tiempo al periódico asunto en estos tiempos groseros e impíos.

Con frecuencia, también, es cansino constatar cómo la banca sigue tomándose la justicia por su mano (suponiendo que banca y justicia no sean lo mismo, como ya demostró Juan March) no solo en cuestión de hipotecas y manipulación judicial, sino también en la extrajudicial, recurriendo a policías públicos para que les hagan el trabajo sucio. Si ya hay jueces ¿para qué recurrir a la mafia? ¿Para qué matar a alguien si podemos subirle el sueldo u otorgarle un mejor cargo? Sillas giratorias. Cuán feo, cuán obsceno es que se desestime la contratación de un ejecutivo bancario porque pide cincuenta milllones en vez de cuarenta y nueve coma nueve, mientras informan de que «se» va a  despedir a la cuarta parte de su personal porque la robotización y la informática ya empiezan a ser los únicos que trabajan en España.

Al respecto me cabían dos esperanzas: la de que el dicho niño siguiera vivo tras trece días sin agua ni alimento, y la de que la banca pagara algo de lo que nos debe o los gobiernos que la babean repartieran la pobreza. Creía más en la primera que en la segunda. Solo hay que ver lo que dicen en el frío foro de Davos, un lugar de la bancaria Suiza que a los especialistas en lengua y literatura solo nos suena porque en sus hoteles se inspiró Thomas Mann para escribir La montaña mágica, suprema metáfora de la impotencia que motivó dos guerras mundiales. ¿Qué hace más daño a la sociedad, pregunto? ¿Un pozo abierto para que caiga un niño o los millares de pozos que abre la banca para que caiga en la miseria la clase media y puedan seguir repartiéndose la parte del león las veintinueve familias que poseen la mitad de la riqueza mundial? 

Ya han nacido dos clases que van aislándose en forma de nuevos estamentos medievales, la que con nuevas palabras llaman hiperburguesía y el precariado. Desaparecida la clase media y del todo alienado el proletariado, que ya solo es un lumpen, por ahí asoman también otros neologismos: poscomunismo, posreligión. Que en francés incluso ya han dejado de ser un neologismo.

En humanidades denominamos justicia poética al final de una historia en que, tras haber perdido, gana a fin de cuentas el bueno; pero ya lo avisó Albert Camus: «En España aprendió mi generación que no siempre ganan los buenos». Hay que llamar a la justicia / política española una justicia antipoética, un barrizal mierdero: el bueno acaso gane en primera instancia, pero al final siempre vencen los malos (si es que los buenos no han muerto de viejos). No es una sociedad garantista; no hay derecho «a un juicio rápido», como dice la enmienda de los useños. Robar a los pobres para socorrer a los ricos es algo que siempre hacen los cabrones de derechas o de izquierdas, llámense Maduro o Rita Barberá. Y por ahí anda alguien rehaciendo refranes: «No es más rico el que más tiene, sino Amancio Ortega». La hiperburguesía es lo que en seudocastellano podríamos llamar gente Premium. Que tiene algo de primero, de pariente, de mío y de ganancia consensuada en el nombre: el fruto de un buen creativo publicitario. Podría haber sido el rótulo de un polo de chocolate. En cuanto a los otros, está claro: no es que los hiperburgueses los quieran menos: es que aman a su dinero más. La excusa que, en otro sentido, sirvió a Bruto para matar a César. Y más o menos lo de Leopoldo II de Bélgica, que se arrogaba el título de civilizar a los negros, pero solo quería su guita. El precariado es eso: los economistas que he visto cuidando viejos, los filósofos que sirven hamburguesas y esos historiadores que limpian retretes. ¿Qué verán mis hijos?

El artículo 16 de la Declaración de los derechos del hombre y el ciudadano (1789) señala que «Una sociedad en la que no esté establecida la garantía de los derechos, ni determinada la separación de los poderes, carece de constitución». Esto es, si los derechos necesitan garantías para no ser papel mojado, el Estado debe extraerlas de los impuestos. Y, habida cuenta de que es insuficiente el control y contrapeso que debe tener el único poder que hace lo que le da la gana, ajeno a la única limitación que tiene, el voto, es el poder legislativo, conviene desarrollar organismos que lo limiten, empezando, por ejemplo, por destruir de una vez por todas las famosas epiqueyas a que da lugar su inviolabilidad, su inmunidad y su aforamiento. Ya que sin justicia es imposible todo progreso, conviene ante todo depurar las estructuras de parásitos morales.

Desde la famosa Constitución de Weimar de 1919 viene siendo un objetivo primordial desarrollar el aparato estatal para cumplir un propósito esencial: hacer más válido al ciudadano. Eso no se puede hacer sin redistribuir la riqueza, sanear su cuerpo y aumentar su educación. Y no se logrará solo con una Constitución de papel. Supone unas políticas de recaudación progresivas para fundar y sostener un estado del bienestar.
En el estado del bienestar moderno se reconocen los derechos de las minorías, empezando por las mujeres (que, en realidad, son mayoría demográfica). Se prohíbe el trabajo infantil, se autorizan las minorías sexuales no lesivas. Se intenta nivelar la diferencia entre partes en el contrato de trabajo y en el suscrito entre empresas y consumidores. En Latinoamérica se han empezado a reconocer los derechos civiles y culturales de las minorías indígenas, algo en lo que los estadounidenses y sudafricanos ya nos llevan alguna ventaja. En estos países incluso se les ha permitido a veces alguna jurisdicción, instituciones y un derecho propios. Un punto de inflexión en dicho desarrollo fue el Convenio 169 de la OIT de 1989, que amparó a pueblos tribales independientes regidos por sus propias costumbres tradicionales o legislación, y a los pueblos indígenas u originarios dentro de países independientes, sometidos con frecuencia a genocidio, como los uigures y tibetanos de China, los rohinyás de Birmania o los maoríes de Australia. 

A finales del XIX y principios del XX el proyecto liberal requería serias correcciones porque solo reconocía la igualdad formal y no la material. Un derecho que trata igual a pobres y ricos, a empresarios y trabajadores, a indígenas y a ciudadanos ordinarios, etcétera, no solo no ofrece soluciones, sino que agrava los problemas: el derecho tiene que reconocer diferencias: las personas no pueden ser vistas todas igual, eso es lo mismo que no verlas, y la justicia necesita quitarse la venda para no ser ciega. Hay que entender que las personas son iguales, pero se desenvuelven en unos contextos tan distintos que es preciso y necesario que el Estado las proteja y regule de algún modo. El derecho liberal se ocupa solo del individuo, pero ¿qué pasa con los colectivos? Los derechos sociales conquistados penosamente son: un máximo de horas de jornada laboral, una edad mínima para el trabajo, el derecho al descanso, el derecho a medidas de protección en el peligro del trabajo, los periodos vacacionales pagados, la indemnización por despido improcedente, el salario mínimo, etc. Para evitarlo la hiperburguesía ha contraatacado creando el precariado y privatizando y vaciando las arcas del Estado para impedir cualquier forma de garantismo. 

Por lo cual debe avanzarse en el reconocimiento de derechos sociales y políticos, no solo con tímidas reformas legislativas y papeleras, sino de forma garantista, con el nacimiento de una serie de instituciones y principios que constituyan un punto de partida y no de detención del derecho: se trata de los llamados derechos fundamentales de segunda generación (la primera fue la de los derechos civiles y políticos del primer constitucionalismo liberal): la salud, el trabajo, el descanso, la vivienda, la educación, la seguridad social, que empiezan a ser concebidos como cuestiones que competen al Estado, ya que son factores que no puede controlar un individuo por sí mismo y ante las cuales debe tener un papel más o menos activo. La pobreza, la enfermedad, la marginalidad, la muerte y otras desventuras comunes en la vida de las personas, son accidentes. Eso quiere decir que cualquiera puede verse afectado por ellas; no dependen, en definitiva, de la voluntad de los sujetos, ni de su diligencia. Siendo este el principio, el Estado, en cuanto organización social colectiva, debe asumir la asistencia a las personas en lo que a estas cuestiones respecta. De ese deber de asistencia derivan derechos sociales que luego se desarrollan en mayor o menor medida en la práctica: derecho a obtener prestaciones sanitarias suficientes en caso de enfermedad, derecho a la educación aun cuando no se cuente con los medios para pagarla, derecho a la vivienda, derecho a una jubilación, a descanso, a pensión de invalidez y viudedad, etc. El estado de bienestar supone acciones positivas del Estado para conseguir estos fines y garantizar así un bienestar colectivo que distribuya, entre todos, el coste de estos accidentes. Es esto lo que llaman los juristas la socialización del derecho. 

La seguridad social responde a un problema cada vez más frecuente, de gran perjuicio social. El individualismo burgués culpabiliza de problemas incontrolables a quien los padece y su entorno familiar. Un accidente, una enfermedad o la vejez son hechos que ponen en situación de vulnerabilidad a la persona que los vive y a quienes tienen que cuidar de ella. El Estado liberal del XIX no respondía a estas cuestiones y lo dejaba a la caridad privada; la religión era más fuerte entonces que ahora. Quien no puede trabajar no recibe ningún tipo de compensación y, quien no tenga medios para subsistir sin trabajar, no puede dejar de hacerlo nunca, sin importar lo avanzado de su edad. Diversos movimientos sociales generaron instituciones para paliar los efectos de estos problemas. Se fundaron mutualidades para acudir en ayuda de los accidentados y otras destinadas a la mantener a los que por edad ya no pueden trabajar. Lo solucionaban gremios, colectivos e instituciones de caridad, y en el siglo XIX meros filántropos en el primer Estado liberal o sindicatos. Esas prestaciones irán fraguando en derechos sociales y, aun estando al principio en manos de colectivos de trabajadores, se van convirtiendo en prestaciones públicas en manos del Estado.

Tras las dos feroces guerras mundiales y sus adyacentes, se abrió la puerta a la socialización de los costes por los daños realizados contra el ser humano en general por la fatalidad. Esta política redujo de forma extraordinaria la marginalidad y la pobreza, aseguró un estándar de vida medio-alto a la mayoría de la población y abrió oportunidades que antes estaban reservadas para las clases altas a sectores extensos de la población. En todo caso, el mérito del estado de bienestar entendido de la manera que expongo no fue tanto el cuánto da o reparte el Estado, sino bajo qué principio: el de la solidaridad (es decir, responder como conjunto social a las desgracias, los accidentes y la mala fortuna de aquellos que la componen).

Quisiera saber de cuánta solidaridad son capaces algunos.

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Ángel Romera
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