Actualmente, con motivo de la orden del Ministerio de Sanidad del 14 de abril, solo los médicos están capacitados para prescribir las pruebas de detección de coronavirus en base a las pautas establecidas por las autoridades: básicamente, cuando se sospeche de infección. Sin embargo, son muchos los ciudadanos asintomáticos a los que les urge conocer su estado de salud para poder ir a trabajar o asistir a algún familiar.
En estos casos no es raro tratar de buscar empresas y laboratorios privados que los realicen. Una situación que puede dar lugar a interpretaciones erróneas de los resultados de las pruebas, según avisa la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).
OCU advierte que no todos los test adquiridos y realizados fuera del marco de prescripción médica ofrecen las debidas garantías, sobre todo cuando se trata de pruebas comercializadas en Internet. Por eso, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) alerta contra la adquisición de este tipo de test de autodiagnóstico on line. Primero, porque pueden dar lugar a resultados erróneos que, en ausencia de la interpretación de un profesional sanitario, pueden contribuir a extender el contagio. Y segundo, porque se corre el riesgo de contactar con empresas fraudulentas.
OCU considera preciso aclarar que las únicas pruebas válidas son las que realizan las autoridades sanitarias y los laboratorios autorizados. Las hay de dos tipos: las PCR, que permiten el diagnóstico en los primeros días de la infección al detectar la presencia del virus (pero no una vez que se ha superado); y los test de anticuerpos, que empiezan a ser positivos tras la primera semana (no antes) y que lo siguen siendo una vez que el virus ha desaparecido del organismo, lo que permite averiguar si se ha pasado la infección aunque no haya sido consciente de ello.
Por todo ello OCU insiste en la urgencia de adoptar las medidas necesarias para disponer, cuanto antes, de pruebas diagnósticas suficientemente sensibles y validadas bajo control de las autoridades sanitarias y accesibles para toda la población y considera precipitada la decisión del Gobierno de permitir la vuelta al trabajo en actividades no esenciales mientras no se cuente con estudios epidemiológicos que permitan conocer la extensión real de la infección y se garantice el acceso generalizado a mascarillas y guantes.
