El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto por el que se establece la ampliación del 20 de abril al 20 de mayo de la presentación de la declaración trimestral del IVA y el pago fraccionado de Sociedades e IRPF para los 3,4 millones de autónomos y pymes con una facturación inferior a 600.000 euros, el 95% del total, lo que tendrá un impacto de 3.558 millones en la liquidez de estos colectivos.
Finalmente, no se ha aprobado que los autónomos puedan renunciar al sistema de módulos y tributen por el de estimación directa, medida que se llevará a un próximo Consejo de Ministros.
Así lo ha anunciado la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha destacado que ningún autónomo y pyme con una facturación inferior a 600.000 euros deberá presentar ni pagar sus impuestos en el mes de abril, sino que con la prórroga tendrán de plazo hasta el próximo 20 de mayo.
En concreto, el plazo máximo de presentación de las declaraciones de este trimestre del IVA, IRPF y el pago fraccionado del Impuesto sobre Sociedades se pasa del 20 de abril previsto inicialmente al 20 de mayo, y el plazo para las domiciliaciones se amplía también un mes, del 15 de abril al 15 de mayo.
Con independencia del momento de la presentación, todos los cargos se realizarán el 20 de mayo. Eso incluye también las declaraciones presentadas antes del 15 de este mes.
Las medidas beneficiarán a 3,4 millones de contribuyentes, el 95% del total de empresas y autónomos que tienen que presentar declaración tributaria en abril y con un volumen de facturación inferior a 600.000 euros, ya que para el resto seguirá siendo el 20 de abril de 2020 el plazo de presentación. Montero ha cifrado en 3.558 millones el impacto de la medida en la liquidez de estos colectivos.
Hacienda destaca que esta medida pretende dar un mayor margen a los gestores y asesores fiscales para recopilar la información necesaria para cumplir con las obligaciones fiscales de sus clientes en un momento de gran dificultad por los efectos de la emergencia sanitaria.
De igual forma, Montero ha indicado que las nuevas medidas de prolongación de los plazos se suman a la moratoria de seis meses, los tres primeros sin intereses, aprobada a mediados de marzo para el aplazamiento de hasta 30.000 euros en impuestos de autónomos y pymes con una facturación de hasta seis millones de euros.
Según Montero, esta medida, con un impacto máximo de 14.000 millones, podría beneficiar al 99,8% de autónomos y el 94% de pymes se encuentran por debajo de ese nivel de facturación, por lo que la «inmensa mayoría» pueden optar por aplazar toda la deuda tributaria sin pagar intereses los tres primeros meses.
A esto se suma la moratoria de las cuotas a la Seguridad Social, también de seis meses, aprobada a finales de marzo para empresas y autónomos, ha resaltado Montero.
SISTEMA DE ESTIMACIÓN DIRECTA PARA AUTÓNOMOS
Por otra parte, Montero ha adelantado que se aprobará «en breve» en un Consejo de Ministros que autónomos y pymes puedan renunciar al sistema de módulos y puedan tributar por el de estimación directa.
«Desde el primer momento el Gobierno va adoptando medias ambiciosas para defender tejido productivo formado sobre todo por autónomos y pymes; seguiremos monitorizando la situación para actuar allí donde sea necesario», ha añadido.
Igualmente, ha cifrado en 48.542 las operaciones avaladas por el Estado a través de la línea del ICO, por importe de 4.739 millones, de los que 3.625 millones corresponden a pymes y autónomos.
LAS ORGANIZACIONES PIDEN APLAZARLO A JULIO
Desde el sector, la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) y el Consejo General de Economistas, entre otros, han remitido en las últimas semanas varias cartas a la ministra exigiendo la prolongación del plazo de impuestos, así como el Círculo de Empresarios y las organizaciones de autónomos (ATA, UPTA y Uatae) e incluso el Defensor del Pueblo atendió la petición instando a Hacienda a alargar los plazos de abril a mayo en el IVA y el IRPF a pymes y autónomos, junto a la prórroga al 30 de septiembre de la Campaña de la Renta, petición realizada también por Gestha.
Precisamente, tras la reunión mantenida este lunes por el Ministerio de Trabajo y las principales organizaciones de autónomos (ATA, UPTA y Uatae), los autónomos han advertido de la necesidad «urgente» de medidas.
ATA reclama que las obligaciones tributarias del primer trimestre se deben aplazar al 20 de julio, fecha en la que se presenta el segundo trimestre, a esta petición se ha sumado UPTA. Las organizaciones piden una moratoria de alquiler también para los locales, así como el abono de las prestaciones extraordinarias.
