Las medidas laborales aprobadas ayer por el Consejo de Ministros, a través del Real Decreto-Ley 9/2020, han creado desconcierto e inseguridad jurídica en las empresas. Varias de las medidas anunciadas generan grave incertidumbre sobre las acciones que cabe adoptar por las empresas cuya actividad económica no fue directamente cerrada por el Real Decreto 463/2020, pero que se vieron obligadas a cerrar o reducir su actividad por las consecuencias económicas de la crisis sanitaria. Las empresas expresan su preocupación porque todas estas limitaciones, prohibiciones y sanciones, dificultan su propia continuidad empresarial, lo que supondría daños irreversibles al empleo.
Además, la patronal regional y provincial considera totalmente desafortunadas las declaraciones de la Ministra de Trabajo, que tratan de arrojar sospechas y desconfianza sobre el empresario. Máxime en una situación como la actual en la que un gran número de empresas, especialmente pymes y autónomos, están luchando en muchas ocasiones agónicamente para mantenerse a flote y evitar el cierre en un contexto que ya se anuncia de recesión mundial. Pequeños y medianos empresarios y autónomos que, además, por otro lado, están arrimando el hombro de una forma muy importante en mantener los servicios esenciales para la población y, en muchas ocasiones, incluso altruista, para colaborar a través de donaciones o fabricando material sanitario para contribuir a mitigar esta crisis.
Las empresas quieren por encima de todo mantener la actividad económica y el empleo. Para ello lo que las empresas necesitan, como tantas veces se ha reclamado e insistido sin respuesta del Gobierno, son medidas que garanticen la sostenibilidad de empresas y los puestos de trabajo, con el único fin de mantener y crear empleo y reactivar la economía cuando pase la crisis sanitaria. Sin embargo, las únicas medidas económicas adoptadas hasta ahora, lejos de seguir las propuestas desde el mundo empresarial (como se ha hecho en países de nuestro entorno como Alemania, Francia o Italia, donde se han adoptado medidas mucho más eficaces), han sido iniciativas totalmente insuficientes y de muy limitada aplicación.
Por ello los empresarios y autónomos ven con desaliento y tristeza como, lejos de ayudarles a sobrellevar una situación sobrevenida, se les castiga, responsabilizándoles de la crisis que ellos mismos sufren y pagan, y amenazándoles con sanciones laborales.
Creemos que precisamente en estos momentos la situación requiere esfuerzos conjuntos y unidad de acción, como la que están demostrando nuestras empresas y autónomos desde el inicio de esta situación. El conjunto de la sociedad requiere de apoyos y, como miembros de ésta, las empresas y autónomos no son ajenos a esta necesidad.
Por último FECIR y CECAM quieren recordar que su objetivo es y será siempre la sostenibilidad de la economía y el empleo, y por ello, seguirán trabajando y elevando propuestas de medidas efectivas, que minimicen las consecuencias económico-laborales de esta crisis sanitaria.
La economía es secundaria ante las consecuencias sobre la salud de cualquier pandemia con una tasa de mortalidad significativa. No hay otra alternativa que apostar por el esfuerzo y el sentido común……
Lecciones del socialcomunista Cojonciano.