El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Puertollano ha pedido explicaciones por las circunstancias judiciales que rodean a la querella criminal admitida a trámite a finales de 2018 por el juzgado de Instrucción número 1 de Puertollano contra la exalcaldesa de la ciudad minera, Mayte Fernández y la Junta de Gobierno Local interpuesta por un policía local que fue suspendido de empleo y sueldo cautelarmente por un periodo de seis meses por presuntas amenazas.
Los hechos denunciados por el policía están relacionados, entre otros casos, con una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Ciudad Real que anulaba el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Puertollano por el que, como medida cautelar, se suspendió de empleo y sueldo durante seis meses al policía local tras ser denunciado por amenazas graves contra otro policía en enero de 2017. También llevó estos hechos por vía penal, con fallo favorable.
El procedimiento, que ya había trascendido públicamente en enero 2019 de la mano del Sindicato de Policía Local, prosigue su curso después de que la jueza, en el contexto de la querella criminal interpuesta posteriormente por el denunciante por un presunto delito de prevaricación administrativa, haya citado a declarar, previsiblemente en marzo y en condición de investigados, a ocho componentes de la Junta de Gobierno Local de la pasada legislatura, a excepción de Mayte Fernández al estar aforada por su condición de senadora por designación autonómica, según ha avanzado La Tribuna.
Tras conocer la noticia, y en nota de prensa, el PP ha recordado que en las pasadas elecciones de mayo, el Partido Socialista «pregonaba que la ciudad debía recuperar la confianza en su Ayuntamiento, y que el ejercicio en este debe ser de transparencia y buen gobierno».
Los populares se preguntan «qué confianza se puede tener y qué ejercicio de transparencia hay, cuando ninguna explicación se da, ni siquiera se ha informado por parte del equipo de gobierno, sobre la noticia de la citación a declarar de los miembros de la Junta de Gobierno Local anterior, de la que además hay dos concejales que aún están en la nueva corporación».
En este sentido el grupo municipal popular ha recordado que ya demostró su «sorpresa» al conocer la sanción impuesta al policía local que ha presentado la actual querella. «Hablamos en su día, con el Sindicato de Policía Local, así como con la alcaldesa Mayte Fernández y se nos dijo que la suspensión por seis meses podría ser una de las mínimas sanciones que le podían haber puesto y ya entonces mostramos nuestra discrepancia a la medida tomada, ya que entendíamos que la situación no era justa, muestra de ello es la situación legal en la que hoy el tema se encuentra», asevera la formación.
«Ahora conocemos que se ha llamado a declarar a la Junta de Gobierno Local anterior, pero no a la máxima responsable, que está aforada en su calidad de Senadora por designación autonómica a propuesta del Partido Socialista. ¿Casualidad? Juzguen ustedes mismos», concluye el PP.
Denuncia penal
En enero de 2019 trascendió que el juzgado de Instrucción número 1 de Puertollano había admitido a trámite una querella criminal contra la alcaldesa la ciudad minera, Mayte Fernández, la Junta de Gobierno Local y varios funcionarios, interpuesta por un policía local que fue suspendido de empleo y sueldo cautelarmente por un periodo de seis meses.
Ya entonces se señaló la declaración de la alcaldesa de Puertollano así como de los instructores de diversos expedientes relacionados con el mismo funcionario.
La acusación considera que la administración municipal redactó diversos expedientes disciplinarios «artificiosos» y anulados posteriormente en vía judicial ya que el denunciante fue objeto de «una presunta persecución y escarnio».
La sentencia del contencioso, de 7 de junio de 2018, desestimaba la decisión de la Junta Local de Gobierno, dando la razón al demandante en sus alegaciones relativas a la «desproporción de la sanción, a la falta de justificación, así como a la falta de motivación respecto de la resolución impugnada». Ese expediente disciplinario, y otros relacionados con el mismo agente, son los que ahora están en el juzgado por vía penal.
