La Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Dirección General de Ordenación del Juego del Ministerio de Hacienda han firmado un convenio para la interconexión automatizada de sus correspondientes registros de interdicción de acceso al juego, con lo que Castilla-La Mancha se convierte en la primera Comunidad Autónoma que refuerza esta colaboración interadministrativa con el Estado para proteger a los ciudadanos.
El convenio entre ambas administraciones ha sido firmado esta misma semana en Madrid por la directora general de Tributos y Ordenación del Juego de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, Susana Pastor Pons, y el director general de Ordenación del Juego del Ministerio de Hacienda, Juan Espinosa García.
Un registro de prohibidos es un instrumento que tiene como finalidad hacer efectivo el derecho de los ciudadanos a solicitar que les sea prohibida la entrada a establecimientos de juego donde deban aplicarse sistemas de control de admisión.
Así, el Estado cuenta con el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ), en el que se recogen los datos de aquellas personas que voluntariamente no desean ejercer sus derechos al libre acceso a los juegos de azar.
Gracias a este convenio, Castilla-La Mancha se convierte en la primera Comunidad Autónoma que adopta un acuerdo con la Administración central para dar soporte jurídico a la comunicación de sus datos al Estado, de forma que la inscripción en su registro autonómico suponga la inscripción automática de esa persona en el RGIAJ y, en consecuencia, las prohibiciones que conlleva.
De esta forma, ambos registros se constituyen funcionalmente como un único registro, reforzando la protección de los colectivos más vulnerables en relación con el juego.
El objetivo del Gobierno regional con esta medida es lograr una protección más integral de aquellos ciudadanos que padecen juego problemático, toda vez que la prohibición que implica el registro no se queda solo en el ámbito de la Comunidad Autónoma, sino que se extiende al resto de España.
Así, este convenio, además de reforzar la cooperación entre administraciones, permite prestar un mejor servicio a los ciudadanos, ya que les evita conocer el reparto competencial sobre la materia para darse de alta en todos los registros correspondientes y se les facilita su inscripción y protección en todo el territorio nacional.
