Mañana sábado se celebra una oposición histórica para los Cuerpos Generales del Estado por el gran número de plazas ofertadas (8.102) y por el alto número de personas inscritas en toda España: 126.276. Para CSIF, esta oferta es totalmente insuficiente para recuperar los 2.877 puestos de trabajo perdidos desde 2010 en Castilla-La Mancha, según datos del Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, que en el conjunto del territorio nacional arrojan una pérdida de 38.000 empleos en la Administración General del Estado (AGE).
De las 8.102 plazas convocadas, 4.757 son de turno libre con la Oferta de Empleo Público de 2018 y 2019, y 3.345 de promoción interna relativa únicamente a 2018. El presidente del Sector de Administración General del Estado en Castilla-La Mancha, Leopoldo Felipe Gómez, subraya que “un proceso selectivo es la mejor manera para recuperar empleo perdido, pero en este caso la oferta es insuficiente y además hasta la adjudicación de la plaza pasan casi dos años. De esta forma no habrá nuevos empleados hasta 2021, mientras que las actuales plantillas aumentarán su media de edad y continuarán las bajas”.
Este hecho supone un empeoramiento por falta de medios y una saturación en el Servicio Público de Empleo Estatal, Centros de Atención e Información de la Seguridad Social, Tesorería, Prisiones, oficinas locales de Tráfico o subdelegaciones de Gobierno, entre otros.
Asimismo, la edad media de los trabajadores de la Administración General del Estado se ha ido incrementando progresivamente en los últimos años ante la falta de relevo. En 2019, el 66% del personal de AGE en España tiene más de 50 años (en 2010 era el 44%). Y los mayores de 60 años representan el 17%.
Jubilación anticipada a los 60
Para paliar esta situación, CSIF propone la jubilación voluntaria a partir de los 60 años para el conjunto de los empleados públicos, un plan de rejuvenecimiento y la renovación de 300.000 puestos de trabajo en la Administración. También propone reducir la temporalidad en el sector público (que ahora es del 28,2%); implantar la jornada laboral de 35 horas semanales en todas las administraciones y habilitar crédito para paliar las desigualdades retributivas existentes entre los empleados públicos de la Administración General del Estado con el resto de administraciones.
