La «presión» de los ayuntamientos del PP le «dobla el pulso» a la dirección socialista del Consorcio de Bomberos ya que José Manuel Caballero, presidente de la Diputación, «ha desautorizado a Nieva y asumirá el coste en los municipios de menos de 20.000 habitantes tal y como establece la Ley de Bases de Régimen Local desde el 2014».
José Alberto Martín-Toledano, portavoz de los ayuntamientos gobernados por el PP en el SCIS, ha celebrado que se empiece a cumplir la Ley y a avanzar hacia un mejor funcionamiento de un servicio «que ha sufrido un grave deterioro» en los últimos años tanto a nivel de gestión como a nivel laboral. Así, ha recordado que el presidente Nieva ha roto el consenso existente desde hace décadas con fines “puramente políticos” y que, «además de faltar al respeto y discriminar a los representantes del PP cada vez que tiene ocasión, ha querido “callarles” dejándoles fuera de la toma de decisiones en el seno del consorcio».
La vía de los recursos, según ha destacado, «ha sido necesaria para impedir los abusos y, tras recordar que los tribunales nos dieron la razón cuando se anularon los presupuestos, la plantilla, las bases de ejecución, las cuentas generales y se acreditó las vulneración de derechos constitucionales por parte de Nieva»; ha subrayado que “pero preferimos dialogar”. Además, «y ante la situación de desconcierto y grave riesgo en el que se encuentra el servicio de prevención y extinción de incendios, ha pedido crear una reunión de la mesa de negociación con el presidente de la Diputación a la que asistan también el Presidente y Vicepresidente del SCIS, los portavoces de los grupos y una representación de los ayuntamientos consorciados».
También ha recordado que los estatutos se aprobaron de manera «irregular», que los presupuestos se aprobaron en la Asamblea del SCIS y no en Pleno, tal y como establece la normativa; y que la inspección ha detectado «anomalías» en determinadas contrataciones realizadas bajo el mandato del socialista Nieva. En su opinión, “Nieva ha impuesto una administración prepotente, irregular que nos lleva a una caótica y peligrosa situación en la que se encuentra el Servicio contra incendios de Ciudad Real, motivado, entre otras causas, por la falta de personal operativo suficiente para realizar las tareas propias de este servicio”.
Según ha señalado, no se cubren las vacantes y se despiden trabajadores interinos, en lugar de asignarlos a cubrir las vacantes. Esta falta de personal supone el aumento de la carga laboral y una acumulación de trabajo, que deriva en el crecimiento «desorbitado» de las horas extras en los bomberos que componen la plantilla, con el consiguiente riesgo para el desarrollo de un buen servicio y para la salud de los propios operativos.
Al hilo de esta cuestión, Martín-Toledano ha apuntado que otro ejemplo de mala gestión es dejar sin la cobertura del seguro privado de accidentes del personal dependiente del SCIS, suspendido unilateralmente el artículo 40 del convenio colectivo del Consorcio.
Por otro lado, el diputado provincial Carlos Martín de la Leona ha recordado que falta personal, algo denunciado también por los propios bomberos y que los que acaban de incorporarse no tienen la preparación deseada. En este sentido, ha lamentado que se haya cerrado el centro de formación, ubicado en Puertollano, un centro que era referencia nacional y donde se ha formado incluso el personal de la AUME.
También ha señalado el diputado provincial que casi la totalidad del presupuesto del SCIS se destina a personal y que no se está invirtiendo en maquinaria para el rescate o la extinción de incendios. Por ello, ha lamentado que se está poniendo en riesgo la seguridad de los vecinos de la provincia de Ciudad Real y desatendiendo un servicio muy necesario con el que se salvan vidas.
Por último, Martín de la Leona ha recordado que no existe RPT y que si hubiera existido, se había evitado el despido de 37 bomberos interinos así como la millonaria indemnización.
