Santos G. Monroy.- La tercera sesión del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Ciudad Real contra el exalcalde de Puertollano Joaquín Hermoso Murillo, el exsecretario municipal Juan Luis Vázquez Calvo y el arquitecto técnico municipal Eugenio Ángel Manso por presunto delito de prevaricación administrativa en la construcción de la plaza de toros de la ciudad minera ha estado marcada por el interrogatorio de los testigos citados por las partes para dilucidar si hubo o no justificación técnica para el fraccionamiento de los expedientes de las obras con el supuesto fin de eludir el concurso público.
Además, la acusación popular que representa a los grupos municipales de Izquierda Unida y Partido Popular en el Ayuntamiento de Puertollano ha dirigido este miércoles sus preguntas para esclarecer si la obra podría considerarse como una «unidad funcional», si hubo determinadas empresas «encaminadas» a ejecutar las obras desde el primer momento de la planificación, así como las circunstancias de la contratación de los responsables del proyecto y ejecución.
El primero de los testigos citados ha sido la arquitecta que redactó el proyecto completo, María Luisa Calvo del Valle, quien ha relatado que también fue propuesta por Eugenio Ángel Manso para llevar a cabo la supervisión facultativa de las actuaciones sin que en sus competencias estuviera la decisión de la fragmentación de los expedientes.
Calvo ha aseverado que la división de expedientes no era competencia suya y que desconoce quién tomó la decisión técnica, aunque ha reconocido que en determinadas circunstancias, sobre todo por la premura en la ejecución, podría estar justificada técnicamente la adjudicación a varias empresas «en paralelo», así como la realización modular de las obras para destinar a uso público una parte de ellas en caso de necesidad.
También, y a preguntas de la acusación popular, ha especificado que las obras de cimentación adjudicadas a Navarro Piquer se acometieron de una manera constante y «de una sola vez».
Asimismo ha afirmado que desde el planteamiento de la ejecución de la segunda fase del coso, cimentación y graderío, estuvo en contacto con algunas empresas que, al parecer y en principio, podría entenderse que iban ejecutar posteriormente partes del proyecto, como la empresa de prefabricados de hormigón Norten.
El segundo testigo ha sido el arquitecto técnico jubilado Fernando Sánchez Mora, contratado por el consistorio para la ejecución de la obra, quien ha considerado razonable que el consistorio requiriera sus servicios, tras solicitarle presupuesto, toda vez que fue el encargado de acometer la primera fase del proyecto (los edificios de chiqueros y dependencias de servicios realizados en 2004 con planes de empleo) y que obraba en su poder toda la documentación de esta fase. Además, también ha opinado que cabe la posibilidad de que la fragmentación de las obras podría estar justificada por el «factor tiempo».
Por su parte, quien fuera jede de Servicio de Urbanismo en el Ayuntamiento de Puertollano, Carlos Fernández de Castro, ha puntualizado que en el momento de los hechos se encontraba de baja por enfermedad.
Otro de los testigos citados ha sido el coordinador de infraestructuras municipales contratado en aquella época como asesor de confianza, el ingeniero de Caminos Francisco Paz, quien ha asegurado que no intervino ni en la elaboración ni en la supervisión de ningún expediente relativo al coso taurino polivalente, una obra de la que se ha desvinculado, ya que, ha indicado, su cometido se centraba exclusivamente en el asesoramiento sobre infraestructuras públicas de comunicaciones y abastecimiento de aguas.
RESOLUCIONES Y EXPEDIENTES PASARON POR EL PLENO «SIN OBJECIONES»
Ha cerrado la ronda de testimonios el exconcejal Antonio Rodríguez, quien ha matizado que en el otoño de 2007, fecha en que se planteó el proyecto, ya no era concejal de Obras, cargo que había cedido para ocuparse de la Concejalía de Planificación Urbanística. Por tanto, Rodríguez ha insistido en que no tuvo participación en el proyecto, si bien ha recordado que la plaza de toros se construyó por fases a medida que se disponía de fondos. En este sentido ha afirmado rotundamente que tanto los expedientes de modificación de crédito necesarios para financiar el proyecto como todas las resoluciones de Alcaldía pasaron sin objeciones por los departamentos de Intervención y Tesorería, y que fueron aprobados por el pleno de la corporación sin impedimento ni objeción.
La tercera y última sesión del juicio tendrá lugar este jueves con la declaración de más testigos, incluidos concejales de la época, y la formulación de conclusiones de las partes.
La Fiscalía Provincial de Ciudad Real pide una pena de diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para los tres acusados por presunto delito de prevaricación administrativa.
Según el escrito de acusaciones de la Fiscalía los acusados, conocedores de la normativa administrativa en materia de contratación, sabedores de la inexistencia de causas técnicas que justificasen la fragmentación de la contratación, y con la finalidad de tramitar los distintos contratos sin publicidad adjudicándolos de forma directa, «actuando en total connivencia» procedieron a informar y resolver a favor de la fragmentación de la contratación de las obras de la segunda fase del Coso Polivalente de Puertollano.
La ejecución de obra ascendió a 2.598.451,54 euros, cuyo gasto se fraccionó en 69 expedientes, en partidas correspondientes a cimentación, suministros y maquinaria, y suministros e instalaciones para acabados de obra, adjudicados a diferentes empresas.
El fiscal relata que los acusados adjudicaron un estudio previo de viabilidad a la arquitecta María Luisa Calvo del Valle. «de forma totalmente personal, sin procedimiento negociado con publicidad», y que siguiendo el mismo procedimiento y «simulando petición de ofertas» fue adjudicada a la misma persona el proyecto básico y ejecución de la obra, mientras que la dirección material de la obra se encargó al aparejador Fernando Sánchez Mora.
Asimismo, estima que no está debidamente acreditado el delito de tráfico de influencias respecto a Eugenio Ángel Manso, ni el delito de falsedad documental imputado a los tres acusados, por la aportación de documentación al juzgado relativa a los honorarios por la redacción de los proyectos y la dirección de obra.
LA ACUSACIÓN POPULAR PIDE CÁRCEL
Por su parte, la acusación popular, a cargo de IU y PP, solicita para cada uno de los tres acusados, por prevaricación administrativa, la pena de diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y costas procesales, y añade más delitos en su escrito de acusación.
Así, para el exalcalde Joaquín Hermoso Murillo, por el presunto delito continuado de falsedad en documento público u oficial cometido por autoridad o funcionario público, IU pide la pena de seis años de prisión, multa de 24 meses con cuota diaria de 30 euros, seis años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y costas procesales. A esta petición suma otra de un año de prisión, multa del duplo del beneficio obtenido y seis años de inhabilitación por el presunto delito continuado de tráfico de influencias.
Por otra parte, por el supuesto delito de falsedad en documento público u oficial cometido por autoridad o funcionario público, estas acusaciones consideran que procede imponer a Juan Luis Vázquez Calvo y Eugenio Ángel Manso la pena de seis años de prisión, multa de 24 meses con cuota diaria de 30 euros, seis años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y costas procesales.
Además, para Eugenio Ángel Manso se solicita la pena de un año de prisión, multa del duplo del beneficio obtenido, seis años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y costas procesales por tráfico de influencias.
