Blanca Fernández Morena. Consejera de Igualdad y portavoz.- Cuando aún resuenan los ecos violetas de la ‘emergencia feminista’ convocada el pasado 20-S, llamamos a la reflexión contra otra forma de violencia de género que también se ejerce contra las mujeres y es especialmente cruel. Me refiero a la explotación sexual y la trata de personas, dos tristes realidades íntimamente relacionadas porque sin la una no existiría la otra.
El Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres es un buen momento, si bien la lucha es necesaria todo el año, para reflexionar sobre los datos tremendamente alarmantes que nos obligan a trabajar con ahínco para erradicar la que podríamos denominar como la esclavitud del siglo XXI.
El Informe Mundial de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito del año 2018 sobre la trata de personas subraya que el principal objetivo de los traficantes de personas son las mujeres y las niñas, proviniendo la gran mayoría de zonas en conflicto, como el África Subsahariana y el Oriente Medio, en las que aquellos se aprovechan de la vulnerabilidad estructural para lucrarse a través de la mercantilización del cuerpo femenino, sin importarles que ello suponga vulnerar los derechos humanos, aplastar la dignidad de las víctimas e, incluso, destruir su inocencia en edades muy tempranas.
Si tenemos en cuenta que el año pasado se detectaron unas 14.000 esclavas del sexo en España, y estimamos que solo se detecta uno de cada 20 casos, nos podemos hacer una idea de la dramática realidad que tenemos enfrente ya que, según la ONU, el 90 por ciento de las mujeres prostituidas lo son contra su voluntad. Es decir, 9 de cada 10 mujeres en esta situación han sido engañadas o secuestradas, compradas y vendidas; son constantemente víctimas de vejación, coacción, humillación y maltrato.
Hace apenas un mes el propio Tribunal Supremo dictaba una sentencia contundente y clara, en la que reconoce la existencia del delito de trata con fines de explotación sexual en clubes de alterne de las carreteras españolas, donde mujeres extranjeras son obligadas a prostituirse como «seres cosificados» y en condiciones donde la dignidad humana «carece de la más mínima significación». Y agrega que «no hace falta irse a lejanos países para observar la esclavitud del siglo XXI de cerca, simplemente adentrarse en lugares tan cercanos, a lo largo de los márgenes de nuestras carreteras, en donde hallar uno o varios clubs de alterne en cuyo interior se practica la prostitución con personas forzadas, esclavizadas».
Esta es la realidad que esconde la mal denominada “industria” del sexo que mueve diez millones de euros al día, y que algunos partidos proponen legalizar, ya que supone casi el 0,4 por ciento del PIB español – la misma cifra que la industria del calzado-; pero si hay que legalizar esta actividad bajo la premisa de que mueve mucho dinero y de la supuesta libertad de las mujeres que la ejercen les pido una reflexión, ¿sería esta una profesión digna para nuestras hijas? Para mí la respuesta es rotunda y clara: NO.
Con estos datos está claro que queda un importante camino por recorrer, erradicar lo que constituye una violación de los derechos humanos, pero, a su vez, supone enormes beneficios para unos pocos, por lo que será una ardua tarea. Por ello, en Castilla-La Mancha quisimos dejar claro a través de la Ley contra una Sociedad Libre de Violencia de Género que la prostitución ejercida de manera forzada es violencia de género, sin ambages ni medias tintas. La prostitución de hoy es una de las formas de violencia de género más extendidas y aceptadas socialmente, ya que cuatro de cada diez hombres la han consumido alguna vez.
Por esa razón, hay que visibilizar el problema con toda su crudeza, no podemos cerrar los ojos ante esta realidad que le roba la vida a decenas de miles de mujeres en España y millones en todo el mundo. La sensibilización es nuestra principal tarea y debemos seguir trabajando en programas destinados a la divulgación de la prostitución y la explotación sexual como una manifestación de la violencia contra las mujeres; a visibilizar la trata de personas como una realidad existente en el entorno; y a la prevención del consumo de prostitución entre los jóvenes, fundamental para abolir esta forma de violencia contra las mujeres que vulnera los derechos fundamentales.
Todo tipo de violencia de género, de atentado contra los derechos humanos y, en general, de injusticia y violación de los principios de igualdad real contarán siempre con la respuesta firme del Gobierno de Castilla-La Mancha. Aunque a veces sepamos que la tarea que tenemos enfrente es ingente, no debemos cejar en el empeño de conseguir una sociedad más justa y, por ende, más feliz para quienes la conforman. Ese es nuestro reto constante.
