Comunicado de Solidaridad Obrera.– Durante este último año, cientos de trabajadoras y trabajadores del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) han denunciado la situación de abuso de temporalidad y precariedad a la que están siendo sometidos desde hace décadas, ya que mantienen un contrato temporal de forma abusiva y menores derechos que otros trabajadores del SESCAM.
Además, con los mal llamados procesos de “estabilización” (OPEs “de estabilización”), todos ven peligrar su puesto de trabajo, pudiendo acabar en el paro tras toda una vida profesional dedicada a la sanidad pública.
El Juzgado Contencioso-Administrativo de Cuenca ha emitido este 12 de septiembre de 2019 sentencia para varias de las demandas de estos trabajadores interinos. El juzgado resuelve a favor de estos trabajadores temporales, dos ellos afiliados a Solidaridad Obrera SESCAM, reconociendo el fraude de ley en la temporalidad del personal estatutario interino, en estos casos con más de 10 años de antigüedad y un único nombramiento.
Según el gabinete que defiende el caso, Cabrera Abogados, la sentencia “no concede fijeza, pero sí prohíbe que el interino pueda ser cesado sino es por la adjudicación de su plaza a un funcionario titular mediante oposición, con lo que se excluye el cese por concurso o promoción interna”. También se reconoce el derecho a la carrera profesional y, muy importante, indemnización en el “momento del cese”, eufemismo que se utiliza en el sector público para decir “despido”. Actualmente la legislación española no contempla indemnización ni sanción que disuada del despido de los trabajadores públicos interinos y eventuales, por lo que, a pesar de décadas de relación contractual o del puesto que ocupen, su despido es libre y gratuito.
En los últimos meses, numerosos medios de comunicación se han hecho eco de la inminente e importante sentencia que emitirá el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre este mismo asunto, que se da en todas las administraciones españolas, cuya tasa de temporalidad ya supera a la del sector privado. El problema es que no existe en la legislación española una sanción para el abuso de temporalidad en la contratación en el sector público (hecho del cual se aprovechan todas las administraciones públicas), como por ejemplo, sí existe en el sector privado (fijeza con dos contratos o veinticuatro meses en treinta de relación laboral e indemnizaciones y sanciones).
Basándose en la Directiva Europea 1999/70/CE, la sentencia del TJUE vendrá a resolver esta anomalía, como ya ha hecho recientemente en Italia o Grecia. Esta sentencia, de obligado cumplimiento por ser España Estado miembro de la Unión Europea, se prevé que contemplará la fijeza del trabajador abusado como sanción a la Administración, según ha explicado en numerosas apariciones públicas el abogado defensor del caso, Javier Arauz, ya que por la naturaleza del sector público es la única resolución posible que queda para que España cumpla la Directiva en estos casos, se sancione de manera correcta el abuso y se evite que lo siga cometiendo.
Por tanto, desde Cabrera Abogados indican que recurrirán las sentencias en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia, solicitando la fijeza en cumplimiento de la legislación europea para todos estos trabajadores contratados en fraude de ley, que ya accedieron su puesto de empleo público mediante procesos legales, justos y reglamentarios, como también señala en su sentencia el Juzgado de Cuenca.
Desde Solidaridad Obrera SESCAM valoramos positivamente la sentencia, que dentro de la legislación española obtiene el mejor resultado con la actual jurisprudencia. Por fin se reconoce la existencia de fraude de ley en estas contrataciones del SESCAM: en la misma situación hay más de 7.000 profesionales de la sanidad pública en Castilla-La Mancha, aproximadamente un 28% del personal del Servicio de Salud. Este reconocimiento no solo abre la puerta a indemnizaciones, también a la re-admisión por despido, como sentenció el Tribunal Supremo en octubre de 2018, con todo el coste que esto supondría, esperemos que disuasorio, si no se evita el paro a estos compañeros/as.
De esta forma, se consolidan los argumentos, razones y propuestas que siempre hemos defendido, también ante el Director de RR.HH. del SESCAM: el coste multidimensional de esta problemática que ha generado y de la que se ha aprovechado la propia Administración por los menores derechos de estos trabajadores/as.
- Primero, el coste humano: con miles de compañeros y compañeras que en un momento avanzando de su vida profesional y personal pueden acabar en el paro y en todo caso, la incertidumbre y estrés a la que están siendo sometidos durante años de temporalidad y la afectación directa que tiene sobre su vida. La “solución” que propone la Administración son unos procesos que no estabilizan, al contrario: Estadísticamente, los interinos no los superan en un 70%–85% de los casos, deviniendo en paro o movilidad geográfica de su lugar de trabajo.
- Segundo, el coste económico, que viene a confirmar esta sentencia. Reconocido el fraude de ley, se abre la puerta a sanciones e indemnizaciones de una avalancha de trabajadores denunciantes, con la consecuente merma presupuestaria. No repitamos errores como los cientos de trabajadores públicos que despidió la ex-presidenta Cospedal, que ganaron su readmisión y abono de salarios no percibidos.
- Tercero, el coste social, pues la expulsión de profesionales experimentados que ocupan plazas estructurales de la sanidad (así lo indica la propia sentencia) empeorará la calidad asistencial de nuestro sistema sanitario, un servicio clave, afectando a los pacientes.
Por tanto de nuevo instamos a SESCAM y todos los actores implicados (sindicatos, etc) a regirnos por una máxima muy sencilla: que nadie se vaya al paro y precaución ante las novedades judiciales. Para ello, en espera de la sentencia del TJUE, volvemos a proponer que en las Ofertas de Empleo Público no se oferte ni una sola plaza ocupada por trabajadores de facto en fraude de ley (o que se garantice que nadie en dicha situación será despedido) y que en todo caso se convoquen con plazas de nueva creación, mejorando el servicio, la plantilla y no colisionando con el justo derecho de todos los ciudadanos para acceder al empleo público. Existe margen presupuestario para ello, pues Castilla-La Mancha es la segunda región que mantiene mayores recortes en sanidad desde los años de “la crisis” y estamos por debajo de la media en gasto y personal sanitario del país.
Estas son las primeras sentencias de varios cientos, desde Solidaridad Obrera SESCAM seguimos organizando y asesorando a compañeros y compañeras en grupos de demandantes (ya se han organizado varios), así como desde la Asociación de Profesionales de Informática Sanitaria de Castilla-La Mancha (APRISCAM) y la Plataforma de Interinos y Eventuales de Casilla-La Mancha. En este caso, estas sentencias corresponden a compañeros/as del servicio de Tecnologías de la Información, donde tenemos una importante implantación sindical. En este servicio, un 78% de los trabajadores/as públicos son temporales, durante una media de más de 16 años. Sometidos a esta situación, son testigos de cómo el SESCAM renueva la privatización de un 32% del total de la plantilla, a un coste de 17 millones de euros.
Desde Solidaridad Obrera seguiremos informando de todas las novedades, que esperamos, sigan siendo igualmente buenas.
