El Gobierno de Castilla-La Mancha, apoyado en la normativa vigente en materia hídrica, ha solicitado la necesidad de que la cabecera del Tajo se encuentre siempre por encima de los 630 hectómetros cúbicos de media anual ya que, actualmente, el sistema de Entrepeñas y Buendía se ve abocado, por la sequía de los últimos cinco años y los trasvases continuos, a ubicarse en un nivel 3, entre los 400 y 630 hectómetros cúbicos, lo que permite que se siga trasvasando agua para riego en el Levante.
Francisco Martínez Arroyo así se ha referido en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno de hoy martes en la cual se ha analizado la situación en la que se encuentra de la cuenca del río Tajo y las previsiones de los próximos meses.
“Esperamos que la Comisión de Explotación reflexione sobre esta cuestión y no se apruebe un trasvase para regadío en este mes”, ha dicho, recordando que el Gobierno de Castilla-La Mancha realiza este planteamiento “siempre desde la solidaridad en lo que tiene que ver con el consumo de agua para uso de boca”.
Pero lo que no quiere el Ejecutivo de la región, ha continuado el consejero, es “poner el riesgo el desarrollo de la actividad económica en la región” y además, las cuestiones que tienen que ver con el estado medioambiental del río.
De esta manera, Martínez Arroyo ha solicitado que tanto el Ministerio para la Transición Ecológica como la propia Comisión de Explotación analice la que ha calificado como “situación muy complicada” del Tajo, de “máxima alerta”, ha incidido.
Y es que, en estos momentos, teniendo de referencia la fecha del 1 de septiembre, los embalses de Entrepeñas y Buendía se encuentran en 18 por ciento de capacidad, con solo 481 hectómetros cúbicos embalsados por debajo de lo que almacenan los del Segura.
Con este escenario, ha explicado a los medios de comunicación, si finalmente se decide realizar un nuevo trasvase “que no sea exclusivo para el consumo humano”, se presentará, desde el Gobierno regional un nuevo recurso.
Habrá recurso si existe un trasvase para regadío
Tal y como ha detallado el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, este recurso se basaría en dos cuestiones. Por un lado, que no se cumple el criterio de prioridad de las cuencas cedente y la receptora y, por otro, que la normativa exige que los embalses Entrepeñas y Buendía estén preferentemente fuera del nivel 3, por encima de 630 de media durante todos los meses del año.
Así, ha recordado que la normativa refleja un desembalse máximo para el río Tajo de 365 hectómetros cúbicos al año. A un mes de acabar este año hidrológico ya se ha desembalsado agua desde la cabecera para el Tajo por 270 hectómetros cúbicos, 100 menos de lo que permite la normativa, “lo que pone de manifiesto que no se prioriza a la cuenca cedente frente a la receptora”.
Como ejemplo, ha resaltado que este año, los regantes del Alberche han tenido que reducir su regadío debido a restricción de la Confederación Hidrográfica del Tajo cuando, al mismo tiempo, sí se garantizaba el agua para regadío en el Levante; un hecho que “es contradictorio” teniendo en la mano la normativa vigente de agua en nuestro país y en la Unión Europea.
En cuanto a la situación de a día hoy, Martínez Arroyo ha desgranado algunos datos. A fecha de 1 de septiembre, los embalses de cabecera se sitúan en solo 481 hectómetros cúbicos, mientras que, en lo que llevamos de año hidrológico, desde el 1 de octubre de 2018 hasta el día de hoy, se han trasvasado hasta 297,5 hectómetros cúbicos de agua del Tajo al Segura, un 31 por ciento para consumo humano y el resto, casi un 70 por ciento para regadío. Y sin embargo, ha matizado, solo han sido 270 hectómetros cúbicos para el propio río.
Un paso positivo, pero insuficiente
Sobre la conveniencia de la presencia en la Comisión de Explotación de la asociación de municipios ribereños, el consejero ha afirmado que “es positiva” y ha recordado que viene dada por la decisión adoptada por el presidente de Castilla-La Mancha y la ministra para la Transición Ecológica, siendo bueno “estar en los órganos de decisión”, aunque hayan acudido con voz pero sin voto.
Sin embargo, aunque “es positivo”, ha dicho Martínez Arroyo, “es un paso muy insuficiente para resolver los problemas que tenemos en Castilla-La Mancha con los trasvases que se vienen aprobando periódicamente cada mes” y que llegan por un memorando que apoyó el anterior Gobierno de la región y que sigue siendo “un problema para región, para los ciudadanos y para acceso al agua en Castilla-La Mancha”.
Así, con esta situación de partida, el consejero ha esperado que ante la convocatoria anunciada por el jefe del Ejecutivo regional de la Mesa del Agua en Castilla-La Mancha, que contará con la presencia de los partidos políticos, así como representantes de organizaciones de diversos ámbitos relacionados con la economía, la sociedad, el medio ambiente o la agricultura, y donde se pondrá sobre la mesa el pacto por el agua en la región, “ todos arrimen el hombro, que todos podamos ir en la misma dirección y que nadie se descuelgue del mayor compromiso que tiene esta tierra en la defensa de los intereses de sus ciudadanos”.
Ayudas para mantener el patrimonio
En otro orden de cosas, el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural ha informado del acuerdo adoptado esta mañana en el Consejo de Gobierno para abrir la convocatoria de dos líneas de ayudas con el objetivo de mantener el patrimonio de la biodiversidad agrícola y ganadera “que hemos ido acumulando a lo largo de los siglos y no queremos perder de cara al futuro”.
Así, se han aprobado 2,7 millones de ayudas con este fin; montante del que un total de 300.000 euros se destinarán al mantenimiento de las variedades vegetales en riesgo de erosión genética, con un máximo de 50.000 euros por asociación, de las cuales se podrán beneficiar, entre otras, la IGP ‘Berenjena de Almagro’ o la IGP’ Melón de La Mancha’; y 2,4 millones de euros para las razas autóctonas, donde las explotaciones que mantienen el libro genealógicos que permiten mantenerlas como el ovino manchego, la talaverana, la vaca berrenda o el cabrito celtibérico, podrán obtener hasta un máximo de 500.000 euros de ayudas.
