Comunicado.– Ecologistas en Acción-Ciudad Real se pide dar un paso al frente para revertir la situación de descontrol e impunidad que impiden una gestión normalizada de un especio natural protegido único. Con tal propósito, esta asociación ha presentado alegaciones al borrador del PRUG en el procedimiento de información pública convocado.
Se cumplen justo cuarenta años de la declaración como parque natural de las Lagunas de Ruidera. Mucho antes, en 1933, el Gobierno de la Segunda República las designada como Sitio Natural de Interés Nacional. Forma parte de la Red Natura y de la Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda.
El Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) se marca como objetivo ordenar los recursos naturales y culturales existentes, el uso público y la investigación. El nuevo plan sustituirá al de 1995.
Hay que admitir la complejidad de regular los aprovechamientos y actividades de uso público de un espacio asediado, sometido a una gran presión. Así puede entenderse que el borrador del plan rector incurra en contradicciones, dejando sine die la solución a los problemas más patentes. Un ejemplo lo tenemos en la red de colectores de saneamiento de las edificaciones repartidas por el parque, la mayoría ajenas al planeamiento urbanístico. Ecologistas en Acción-Ciudad Real se ha opuesto siempre a esta actuación, por tratarse de una legalización (de esas construcciones) encubierta y controvertida desde el Derecho Urbanístico.
El borrador llama a la recuperación del dominio público hidráulico, pero no establece medidas que lo faciliten. Es más, apela con desafortunada insistencia a la “integración paisajística” de construcciones y equipamientos, cuando se sabe que invaden el entorno perilagunar, siendo manifiestamente ilegales.
Hay reconocimiento del deterioro, así como de la necesidad de su recuperación, de una de las joyas de las Lagunas de Ruidera, los travertinos (formaciones geológicas de carbonato cálcico que represan las lagunas), víctimas de los desmanes urbanísticos, la masificación turística en temporada alta y el vandalismo. Ahora bien, el plan no detalla, aunque sea sucintamente, la estrategia o protocolo a seguir, siendo la estimación económica infravalorada (100.000 euros en los diez años de vigencia del plan)
Se avanza en la regulación de los recursos hídricos en el sentido de que agotadas las concesiones, la Confederación Hidrográfica del Guadiana podrá solicitar la finalización extractiva y el desmantelamiento de la instalación. Sin embargo, la profusión en estos meses de expedientes de ampliación, mejora y modernización de regadíos en el Campo de Montiel podría retrasar esa línea de actuación, sino la convierte en papel mojado.
Se sigue promocionando Ruidera como zona de baño, concentrando la demanda en las lagunas más conocidas, con controles que no sobrepasen la capacidad de carga. Capacidad de carga que no se mide o evalúa. Sin abogar por el prohibicionismo en un área con gran tradición de baño, hay que restringir dicha actividad, derivándola al Embalse de Peñarroya.
El plan no exige la reapertura de los caminos públicos cortados, garantizando el libre paso, incluyendo el de las personas que practican el senderismo, de gran potencial en el parque. Se echa en falta una mayor restricción del acceso de vehículos motorizados particulares a la carretera que circunvala las lagunas.
Ecologistas en Acción-Ciudad Real no tiene muy claro que la Administración regional ponga los medios legales, materiales y económicos para “rescatar” el parque, pensando en su conservación efectiva, compatible con una explotación y uso público de bajo impacto que beneficie, como no podía ser menos, a la población.
Pero la alta dependencia de la economía local a un modelo depredador, los intereses creados de sectores ligados a la hostelería y a las comunidades de regantes, y la abierta hostilidad de muchos lugareños a cualquier iniciativa que intente poner en valor una visión más integradora y actualizada de la gestión de los espacios naturales protegidos, no concita buenos augurios.
