El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de este martes el modelo de declaración de bienes, rentas y actividades de los gestores públicos de Castilla-La Mancha. Un modelo que actualiza y mejora el contenido de la declaración, adecuando los términos recogidos en el mismo a la actual regulación fiscal, y que introduce nueva información a cumplimentar.
El vicepresidente primero del Gobierno regional en funciones, José Luis Martínez Guijarro, que ha informado hoy en rueda de prensa de dicho acuerdo, ha destacado que “Castilla-La Mancha una vez más se pone a la vanguardia en materia de transparencia”, puesto que el modelo aprobado es “el más completo de los utilizados por todos los gobiernos regionales y mucho más completo que los usados por los diputados nacionales en el Congreso”.
Así, en los diferentes apartados se recoge información tanto de los ingresos brutos como netos obtenidos por rendimientos del trabajo y se establece la obligación de informar sobre la participación de los declarantes y de sus cónyuges en sociedad patrimoniales, declarando en este supuesto los inmuebles vinculados a dichas sociedades.
También se introduce un nuevo apartado para poder reflejar las posibles donaciones realizadas por el declarante a entidades sin fin de lucro y las posibles aportaciones a partidos políticos, fundaciones y entidades dependientes de los mismos.
Hay que recordar que el Gobierno de Castilla-La Mancha fue el primero que estableció la obligación de que sus altos cargos presentaran una declaración sobre sus bienes, rentas y actividades que debía publicarse en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Currículo académico y profesional
Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha aprobado la estructura, contenido y publicación del currículo académico y profesional de sus altos cargos y asimilados, de tal forma que se homogenice la información contenida en los mismos con el objetivo de facilitar su comprensión y articular procesos de verificación de los méritos académicos reseñados en el mismo.
El vicepresidente primero en funciones ha remarcado que de esta forma Castilla-La Mancha se convierte en la primera comunidad autónoma en establecer una regulación específica en esta materia, lo que supone un paso más en su política de “máximo compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas ante los ciudadanos”.
Con este acuerdo, en relación a los méritos académicos se deben distinguir los títulos oficiales, que deberán ser reseñados en primer lugar y ordenados de mayor a menor nivel, de los títulos no oficiales. Además, para cada una de las titulaciones reseñadas se deberá hacer siempre referencia al nombre exacto de las mismas, el nombre de la Universidad o centro de estudios que las ha expedido y el año de expedición.
Sobre el currículo profesional, se distinguirá la experiencia profesional, los cargos políticos desempeñados -incluyendo los orgánicos-, y un tercer apartado donde se anotarán otros aspectos como los cargos desarrollados en patronatos, fundaciones, sindicatos o asociaciones, entra otras.
