Una treintena de trabajadores con discapacidad intelectual durante cinco años han crecido como personas, han ganado en experiencia y han conocido más a fondo la labor municipal en el Ayuntamiento de Puertollano.
La alcaldesa, Mayte Fernández, ha ratificado este año el convenio con Emplealia con la aportación de 75.000 euros que permitirá la continuidad de este programa que busca la plena integración laboral.
El Ayuntamiento de Puertollano ha destinado 375.000 euros durante esta legislatura para que estos chicos y chicas presten sus servicios en distintos departamentos municipales a través del Centro Especial de Trabajo.
La alcaldesa agradeció su esfuerzo y dedicación de una iniciativa que da respuesta a una demanda de las propias familias que tenían preocupación sobre el futuro laboral de sus hijos. “Vuestro trabajo nos ha dado sentido como representantes de los ciudadanos y os llevaré en el corazón toda mi vida. Estoy orgullosa de haber descubierto a través de vosotros que las instituciones no tienen que estar prestando servicios todos los días, que vosotros sois los que tenéis que aportar a la ciudad y al entorno todo lo que tenéis dentro”.
Una aportación al desarrollo personal y profesional
Mayte Fernández reconoció que la integración de estos trabajadores ha sido plena, como uno más de la plantilla, con funciones y tareas determinadas, desde el reparto de correo al archivo de documentación. “Una experiencia positiva para el Ayuntamiento y para los trabajadores municipales que los acompañan y para ellos mismos que han crecido mucho como personas”.
La alcaldesa está confiada que este convenio continuará en el futuro, después de ponerse los cimientos durante un lustro. “Este convenio les aporta mucho a su desarrollo personal y profesional”.
El presidente de la Asociación Aspades La Laguna, Daniel Hernán,espera que este convenio perdure en el tiempo como un seguro de inclusión, independientemente de la situación política.
De esta manera el Ayuntamiento de Puertollano mantiene el compromiso de contribuir a la integración social y laboral de las personas con discapacidad intelectual y se da cumplimiento al mandato legal de contratación del 3% mínimo del personal discapacitado, que se exige a las empresas.
