Un siglo del sistema de pensiones (1)

El pasado lunes, 11 de marzo de 2019, se cumplía un siglo del decreto por el que se aprobó el llamado seguro obligatorio de vejez. Su creación no fue resultado, evidentemente, del interés de las fuerzas del turnismo político de la Restauración, ni de la generosidad de la corrupta monarquía borbónica.

Fue consecuencia de la formidable movilización obrera de los primeros lustros del siglo XX, protagonizada por la Unión General de Trabajadores (UGT) y, sobre todo, gracias al sindicato Confederación Nacional del Trabajo (CNT), con gran fuerza por aquellos años.

Tras las tremendas dificultades en la España de finales del XIX –crisis del 98– se extendió una tendencia regeneracionista en general y de reivindicación obrera en particular, protagonizada de manera especial por la CNT. Por cierto, sobre la historia del sindicato anarquista se puede ver el libro Cien imágenes para un centenario. CNT 1910-2010, editado por el profesor Juan Pablo Calero Delso y la Fundación de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo. La movilización se produjo sobre todo en las zonas más industrializadas, como Barcelona, aunque no exclusivamente.

Ese renacer del movimiento obrero estuvo acompañado de una notable actividad cultural, con muchos trabajadores convencidos de la importancia del conocimiento. Hitos importantes fueron la publicación de La Revista Blanca (1898 a 1905 y con una segunda época de 1923 a 1936), de Juan Montseny Carret, con el alias de Federico Urales, y Teresa Mañé i Miravet, conocida como Soledad Gustavo. O la edición de periódicos como Tierra y Libertad (1899 a 1919 en primera etapa) y Solidaridad Obrera (creado en 1907 y mantenido hasta hoy con muy diversas vicisitudes).

Muy importante fue la puesta en marcha de la Escuela Moderna (1901-1906), renovadora iniciativa pedagógica de Francisco Ferrer Guardia que contó con colaboradores como el naturalista Odón de Buen y del Cos o el médico Santiago Ramón y Cajal. Como se sabe, Ferrer fue ejecutado en 1909 acusado de ser uno de los instigadores de la llamada Semana Trágica de Barcelona, hecho que levantó una intensa ola de protestas por Europa y América y causó la caída del gobierno Maura.

Ya se sabe que la chispa que provocó la Semana Trágica fue el embarque de tropas reservistas hacia el Protectorado de Marruecos, para participar en una guerra que se veía tan lejana como inútil para los intereses generales. Y es que los trabajadores fueron los que llevaron la peor parte en las guerras coloniales, mantenidas por intereses de sectores de la burguesía. Se inició un motín popular que desbordó con mucho la convocatoria del huelga y la represión posterior, que se extendió por toda la ciudad, tuvo su punto culminante con el fusilamiento de Ferrer, sin otra razón verdadera que la puesta en práctica de la pedagogía libertaria en la Escuela Moderna.

Tras la grave crisis de 1909 el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) consiguió por vez primera un diputado. Concretamente en 1910, cuando el tipógrafo Pablo Iglesias Posse, gracias al voto de 40.899 personas, ocupó un escaño en el Congreso de los Diputados. Claro, con posterioridad a otros países de nuestro entorno e, incluso, después que en América del Sur, donde Alfredo Palacios fue elegido primer diputado socialista en Argentina seis años antes que Iglesias.

Los anarquistas, en otra línea ideológica, dieron vida desde 1910 a la CNT, que poco después se convirtió en la organización sindical más potente de la España contemporánea, a pesar de las diversas ilegalizaciones que padeció. Así, entre 1911 y 1923 hubo un ambiente de reivindicación y movilización que explica las conquistas conseguidas, pero también la represión ejercida sobre las organizaciones obreras, en especial sobre los afiliados a la CNT, incluso con el pistolerismo empresarial, como tan bien mostró Eduardo Mendoza en su obra La verdad sobre el caso Savolta (1975), en tiempos de la Primera Guerra Mundial y sus consecuencias.

 Punto importante en la evolución fue la situación de 1917, cuando confluyeron tres crisis: movimiento militar (denominadas Juntas de Defensa), movimiento político (Asamblea de Parlamentarios en Barcelona, convocada por la Liga Regionalista) y movimiento social (huelga general revolucionaria de agosto), que podían haber acabado con el régimen de la Restauración. Pero la Revolución rusa desde febrero de 1917 encendió todas las alarmas y el ejército acabó con la convulsión por vía expeditiva. 

Al poco tiempo las organizaciones obreras volvieron a mostrar su vitalidad, como se pudo apreciar en el conflicto de La Canadiense, ya en 1919, año de la aprobación del seguro obligatorio de vejez. El conflicto empezó en febrero con el despido de ocho oficinistas, que pidieron ayuda a la CNT, con unos 400.000 afiliados en Cataluña, la mitad de la Confederación, que llamó a la huelga. Fue secundada de forma masiva y desde el Estado se intentó todo para acabar con ella: declaración del estado de guerra, encarcelamientos de miles de huelguistas o militarización de los obreros. Pero fue un triunfo de la movilización y la empresa tuvo que aceptar las reivindicaciones obreras.

Uno de los efectos más relevantes fue la aprobación de la jornada laboral de ocho horas, pues se trabajaba al menos entre diez y dieciséis horas. Era una de las peticiones más importantes de las organizaciones sindicales, con la idea de los tres ochos, ocho hora para el trabajo, ocho para el descanso y otras ocho para ocio, formación y familia.

Así, se aprobaba en marzo de 1919 la jornada máxima de ocho horas para los “oficios del ramo de construcción en toda España” (Gaceta de Madrid, 16.3.1919) y en abril de 1919 el decreto  que establecía, según el artículo primero, lo siguiente: “La jornada máxima legal será de ocho horas al día o cuarenta y ocho semanales en todos los trabajos a partir de 1º de Octubre de 1919” (Gaceta de Madrid, 4.4.1919).            

Evidentemente, no se reconocía la movilización obrera como causa. La obra legislativa se basaba en “principios de justicia social”, según se indicaba en la exposición de motivos del decreto. Pero en realidad fue la situación crítica de 1917 la que realmente impulsó las normas para regular la jornada de trabajo de ocho horas y el seguro obligatorio de vejez. Otra cosa distinta fue la aplicación de las leyes, por aquello de que en España la legislación y la realidad siguen en demasiadas ocasiones caminos diferentes.

Isidro Sánchez
Desde el revés de la inopia