El vicepresidente segundo del Gobierno regional, José García Molina y la consejera para la Coordinación del Plan de Garantías Ciudadanas, Inmaculada Herranz, han comparecido en rueda de prensa este miércoles para informar de que el Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley de Garantía de Ingresos y Garantías Ciudadanas, “lo que significa que ya está listo para su remisión a las Cortes de Castilla-La Mancha”.
Con esta Ley, ha afirmado García Molina, se asegura el derecho a una vida digna de la ciudadanía de Castilla-La Mancha y nadie, ha aseverado el vicepresidente segundo, “nadie, nunca más, se quedará atrás en nuestra tierra”.
Es, por tanto, un motivo para celebrar, por lo que ha afirmado que no entendería que alguien pudiera votar en contra de ella en el parlamento autonómico. “No me cabe en la cabeza que alguien pueda votar en contra de ella, pero si lo hiciese va a tener que explicárselo a las 100.000 familias beneficiarias. Va a tener que explicar por qué les niega un derecho esencial y por qué les priva de una renta que para algunas personas es esencial para vivir. Y explicar eso”, ha concluido, “a no ser que se tenga muy poca ética, es sencillamente imposible”.
En su primer año la Ley alcanzará a 100.000 hogares castellano-manchegos.
Hoy tenemos un motivo para el orgullo y para la alegría, ha declarado la consejera Inmaculada Herranz, quien ha recordado que este proyecto de ley es el fruto de un esforzado y meticuloso trabajo coordinado con las demás consejerías del gobierno, pero también con organizaciones y entidades sociales. “La ley es el fruto del trabajo de muchas personas y entidades que nos hemos puesto de acuerdo para dar un paso decisivo para la protección y bienestar de la ciudadanía de Castilla-La Mancha”. Avanzando, ha continuado, pasando de ofrecer ayudas a reconocer derechos, garantizando ingresos a través del acceso a los programas activos de empleo y de la Renta Garantiza reconocida como derecho subjetivo.
Por último, ha informado la consejera, el derecho de Garantía de ingresos alcanzará en su primer año de implementación a 23.400 hogares y a 92.200 beneficiarios, de los cuales 37.900 son menores de 18 años. Con el conjunto de la Ley, ha terminado, se alcanzará a 100000 hogares. “Esa la diferencia entre gobernar para algunos y gobernar para todos”.
