El Ayuntamiento de Puertollano ha delegado por unanimidad en la Diputación Provincial la inspección de la tasa por utilización privativa o aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, a favor de empresas explotadoras de servicios de suministros que resulten de interés general o afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario.
La delegación a la Diputación se hace dado que dispone de los medios y personal necesarios para estas funciones y teniendo en cuenta que en la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento no existe puesto con funciones inspectoras.
La concejal de hacienda, Lidia Molina, afirmó que con esta medida se busca hacer aflorar lo que se oculta y no se declara, tras reconocer que se trata de la tasa más difícil de comprobar por los departamentos municipales y para ello se contará con el servicio gratuito de la Diputación del que vamos a beneficiarnos.
Razonable y positivo
El portavoz de Izquierda Unida, Alejandro Becerra, señaló que no es la primera vez que se acude a la delegación tributaria a la Diputación, que considera es razonable y positivo. Una delegación de funciones que considera un poco corta y que debería extenderse a otras tasas.
Municipalizar las tareas inspectoras
Por su parte, el portavoz del grupo municipal Ciudadanos, Rafael López, lamentó que el Ayuntamiento sea incapaz con medios propios de cobrar esta tasa en una gestión que tendría que ser municipal. “Una pena que un Ayuntamiento tenga que delegar en esta función, estamos a la altura de pequeños ayuntamientos que cuentan con menos presupuestos”.
El Pleno aprueba por mayoría una moción Popular en defensa de la caza y la gestión cinegética
El Pleno ha aprobado una moción del grupo Popular, que ha sido apoyada por Ciudadanos, con la abstención de PSOE y concejal no adscrito y el voto contrario de Izquierda Unida, en la que se insta al Gobierno de España a reconocer el valor estratégico de la caza y a elaborar de manera urgente una estrategia nacional de gestión cinegética.
El grupo Popular defiende que en nuestro país existen aproximadamente unos 332.000 cazadores federados y se expiden unas 800.000 licencias anuales.
Una moción que pretendía reconocer el valor estratégico de la actividad cinegética y de quienes la practican por su contribución al crecimiento económico, a la creación y mantenimiento de empleo y como instrumento para evitar y contener el fenómeno de la despoblación en el ámbito rural. A la vez que reconocer el compromiso con la conservación de la biodiversidad.
Por último, se instaba al Gobierno Nacional que se publique la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética para la ordenación a escala nacional del aprovechamiento cinegético, convocando a las Comunidades Autónomas y a todos los sectores afectados, a los efectos de impulsar y defender la práctica de la caza por su contribución al interés general; a elaborar un plan de investigación científica y de innovación aplicado a la actividad cinegética en su conjunto, y a compensar a los propietarios forestales por su contribución a la mitigación del cambio climático como consecuencia de la fijación permanente de dióxido de carbono en los montes donde se albergan las especies cinegéticas, las especies protegidas y la ganadería, entre la que se incluye el toro; poniendo en marcha proyectos que fomente la biodiversidad.
