La Audiencia Provincial de Ciudad Real, en su sección segunda, tiene previsto juzgar los próximos días 29, 30 y 31 de enero a J.M.C.N.A por un delito de maltrato habitual, dos de lesiones, uno de aborto y otro maltrato familiar.
Unos delitos por los que el fiscal pide un total de 14 años y medio de prisión, 14 años de alejamiento de la víctima y una indemnización de 61,075 euros, según se desprende del escrito de acusación al que ha tenido acceso Europa Press.
El escrito del Ministerio Fiscal explica que en el momento de los hechos el acusado y la presunta víctima mantenían una relación de pareja que duró aproximadamente año y medio y que durante este tiempo residieron sucesivamente en las localidades de Pozuelo y de Torralba de Calatrava.
Además se afirma que desde septiembre de 2011 –a los pocos meses de iniciarse la relación– el acusado, «con ánimo de menospreciar, humillar, amedrentar, restringir el libre ejercicio de su libertad y menoscabar su integridad física y psíquica», tanto en los domicilios que compartían como en otros lugares, ha venido profiriendo diferentes insultos a la víctima.
A esto, continua la narración del escrito, se unían amenazas de que si le dejaba le diría a su familia que era mala o que estaba metida en vicios y agresiones como rociarla de gasolina y decirla que iba a prender fuego; ponerle bolsas de plástico por la cabeza manteniéndolas hasta que casi llegaba a perder el conocimiento o se caía al suelo por la falta de oxígeno; ponerle un cuchillo en la garganta, propinarle puñetazos, patadas, bofetadas, mordiscos, o empujones.
En el escrito se narra cómo le decía que ropa se tenía que poner, la obligaba a mantener relaciones sexuales y le impedía tomar anticonceptivos y cómo la aisló socialmente impidiendo que tuviera contacto con sus familiares y amigos.
También se detalla como en septiembre de 2011 le propinó un puñetazo en la cabeza que hizo que cayera al suelo y perder la consciencia por haber ido a comprar aceite.
El siguiente hecho narrado en el escrito de acusación data de abril de 2012, cuando el acusado obligo a su entonces pareja a acudir a una clínica para interrumpir el embarazo de 12 semanas de gestación del hijo en común que estaban esperando.
Si bien en un primer momento el acusado aceptó de buen grado el embarazo, el escrito explica que conforme avanzaba éste e iban aumentando los síntomas del mismo negándose a mantener relaciones sexual con él, «surgió un sentimiento de dominación y celos hasta el punto de idear un plan para que abortase».
De este modo, «bajo pretexto de que el niño que esperaba no era del acusado sino de un tercero o diciéndole que iba a engordar poniéndose inflada como una cerda, fue convenciendo a la denunciante para que accediese a su pretensión y abortarse».
Así fue como llegado ese día y tras amenazar e insultar durante todo el trayecto de camino a la clínica, advirtiéndole que no se le ocurriera decir nada si no quería morir o que le hiciera daño a su familia o que quemaría a su perrita que tanto quería, se practicó la interrupción voluntaria del embarazo sin ningún tipo de contratiempo.
«Hasta tal punto llegaba la dominación del acusado que incluso ese mismo día llego a mantener relaciones sexuales con la denunciante pese a su grave deterioro físico y psíquico tras la interrupción voluntaria del embarazo», concluye.
En otra ocasión al negarse esta a mantener relaciones sexuales con el acusado. la negativa, explica el escrito de acusación, provocó que el acusado comenzara a propinarle puñetazos, a insultarla y a amenazarla con matarla.
A continuación, sigue la narración, la arrastró hasta el baño, «propinándole golpes, la metió en la bañera, la golpeó en la barriga poniéndole una almohada para no dejar señal, le propinó puñetazos en la cara, en las piernas y en los brazos».
Finalmente le propinó un puñetazo en la ceja y el ojo derecho que hizo que perdiera la conciencia y sangrara abundantemente. Durante el trayecto hasta el Centro de Salud le propinó un puñetazo en la frente y le exigió que dijese que se había caído.
El último episodio expuesto en el escrito de acusación y que provocó que la presunta víctima cortara la relación se produjo en agosto de 2012 al expresar su intención de dejar al acusado y pedirle que la llevara a casa de sus padres. Éste le dio una paliza «propinándole puñetazos y patadas en las espinillas hasta que el propio acusado se hizo daño en un dedo».
Ese mismo mes se dictó un auto por el que se prohibía al acusado a acercarse a una distancia inferior a 500 metros a la víctima, a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro frecuentado por ella, comunicarse con la misma por cualquier medio.
