Puertollano: La acusación particular apunta a «contradicciones» en sede judicial de los concejales investigados por la consolidación de las plazas de matarife

Los portavoces de la Plataforma de Funcionarios Interinos Despedidos del Ayuntamiento de Puertollano (FIDAP), Juan Francisco Valbuena y Facundo Real, han llamado la atención sobre las «contradicciones» de los concejales investigados y citados a declarar en las últimas semanas por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Puertollano por el caso de la aprobación en pleno de la amortización de 12 plazas de ayudante de matarife en 2010.

Así, en rueda de prensa, los representantes de FIDAP han subrayado que los grupos municipales «no se han puesto de acuerdo» en una de las claves de la investigación: la existencia o no de informes de legalidad en el expediente administrativo del proceso de consolidación.

En este sentido han aseverado que, como acusación particular, han podido conocer parte de la postura de los concejales citados a declarar como investigados. «Quizás influidos por sus respectivas defensas, los concejales se han contradicho y mientras los ediles del PSOE dicen que no existe informe de ilegalidad, los del PP afirman que votaron a favor porque existía un informe del secretario municipal que señalaba que todo era legal, a pesar de que el secretario ha ratificado que él no realizó informe o dictamen alguno sobre dicho proceso», han señalado.

En las últimas semanas el juzgado ha citado en condición de investigadas a 23 personas, incluidos concejales de PSOE, PP e IU, secretario e interventora accidental, que intervinieron en el acuerdo plenario de amortización de las 12 plazas de ayudante de matarife, en las diligencias de la causa judicial interpuesta contra el Ayuntamiento por presunto delito de prevaricación administrativa en el proceso de consolidación de estas plazas en el año 2010.

Las comparecencias estaban señaladas para los días 5, 10, 14 y 17 de diciembre, y la resolución de la jueza respondía a la petición del Ministerio Fiscal, que entiende que resulta necesario recibir declaración judicial de las personas que votaron a favor del acuerdo del pleno del Ayuntamiento celebrado el 25 de marzo de 2010.

Según Valbuena, «lo cierto es que los informes de legalidad no constan en el expediente ni tampoco ninguna solicitud de los concejales o de Alcaldía solicitándolos, quizá a sabiendas de que no podían hacerlo porque era ilegal lo pretendido por la corporación». «De hecho, prosigue, «en las mesas de negociación hubo concejales que ya decían que la consolidación era un tema muy delicado y de difícil encaje, mientras que los sindicatos exigían nombres y apellidos de las personas que iban a ocupar dichas plazas».

Los representantes de FIDAP han remarcado asimismo que en las actas de los distintos plenos celebrados entre 2007 y 2010 se puede constatar que todos los ediles eran conocedores del cierre material del matadero y que allí no se desempeñaban las funciones propias de esos puestos de trabajo. «Esta situación era conocida hasta el punto de que no se introdujo partida presupuestaria alguna en los ejercicios contables para poner en funcionamiento las instalaciones», han aseverado.

«Lo cierto es que se crearon 12 puestos de trabajo con nombres y apellidos, sin oferta pública de empleo, para unos puestos de trabajo que a día de hoy siguen sin desempañarse, y para ello se tuvieron en cuenta unos méritos que jamás se llegaron a producir porque en el matadero hacía más de tres años que no se sacrificaban animales», dicen. «Tanto es así que IU, en una comisión informativa de 24 de noviembre de 2009, llegó a afirmar que todo este proceso era una prueba de clientelismo político», han remachado.

El origen del caso fue la demanda interpuesta ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Puertollano por 18 de los 69 exfuncionarios interinos que fueron despedidos en diciembre del 2011 como consecuencia de la aplicación del plan de ajuste económico financiero, durante el mandato de Joaquín Hermoso Murillo. Por el momento, la denuncia del fiscal va dirigida exclusivamente contra Josefa Amaro, quien fuera concejala de Personal en la época en que se produjeron los hechos investigados.

La iniciativa del colectivo cristalizó en una acusación de la Fiscalía por la consolidación de las controvertidas plazas del matadero municipal, al entender que se crearon, mediante concurso oposición, “vacías de contenido y sin expectativas de tenerlo» tras el cierre definitivo de las instalaciones de sacrificio de animales.

FIDAP pretendía ampliar la instrucción de posibles irregularidades a la totalidad del proceso de consolidación de 200 trabajadores realizado entre los años 2006 y 2010. Esta pretensión fue inicialmente frenada por la Audiencia Provincial de Ciudad Real, que no obstante ha ido concediendo, en diversos autos, la posibilidad de abrir piezas separadas por otros hechos relacionados que pudieran revestir caracteres de delito.