La consejera para la Coordinación del Plan de Garantías Ciudadanas, Inmaculada Herranz, ha comparecido en el Consejo Regional de Municipios para informar sobre el estado del proyecto de Ley de Garantías Ciudadanas de Castilla-La Mancha.
La consejera ha resaltado durante su intervención la importancia que supone que las políticas sociales que se hagan desde el ámbito regional estén articuladas al territorio y en colaboración con los municipios, ya que serán estos últimos los que notarán de forma más directa la repercusión de una norma como esta.
Herranz ha desgranado los cambios recogidos en el tercer borrador, resultado de un estrecho trabajo con otras consejerías, el tercer sector y administraciones públicas; un apoyo unánime a un proyecto de ley que integra “medidas de diferentes entidades para dar una respuesta lo más eficaz posible a las necesidades de Castilla-La Mancha”.
El proyecto de Ley contempla dos garantías, un sistema de garantía de ingresos que se articula de manera pionera en torno a dos prestaciones que aseguran sus ingresos: los planes de empleo como fórmula prioritaria, y la Renta Garantizada como derecho subjetivo para aquellos que no accedan a las políticas activas de empleo. La consejera ha adelantado que el impacto del derecho de garantía de ingresos durante el primer año llegaría a 23.700 hogares, es decir, 92.160 beneficiarios.
Según Herranz, los ciudadanos accederán a estos derechos en dos tramos. El primero, tendrá derecho a la garantía de ingresos y complementarias y el otro tramo podrá optar a las garantías complementarias. La consejera ha avanzado que la UCLM ha realizado un estudio en base a 2.700 hogares, con el objetivo de tener un diagnóstico correcto de las necesidades de la población de Castilla-La Mancha.
Un dato a tener en cuenta, un informe de la Universidad refleja que el 14,7 por ciento de los hogares con menores se encuentra en una situación de alta vulnerabilidad con bajos ingresos. En este sentido, la consejera Herranz ha confirmado que la implantación de la ley será de forma progresiva siendo los hogares con menores los primeros “ya que las consecuencias de la crisis económica y el empobrecimiento de estos hogares, no solo constituye un elemento coyuntural sino que puede generar una realidad estructural para estos menores, es decir, la cronificación de la pobreza en la vida adulta de estos menores”.
La consejera ha insistido en que se trata de una transferencia corriente a los hogares que produce una activación económica, reflejada en el llamado retorno económico. Según la titular, esta inversión irá destinada principalmente al consumo de bienes básicos lo que aumentará la producción y a su vez generará unos 970 puestos de trabajo. Es decir, de cada euro invertido la economía de la región aumentará en 1,4.
Esta Ley de Garantías cuenta con un elemento clave, una plataforma tecnológica de ‘ventanilla única’ que articulará la totalidad de las prestaciones recogidas en la norma, tanto el sistema de garantía de ingresos como el de garantías complementarias. “Es un avance para la propia administración en agilidad, conocimiento y utilidad pero también es un avance para las personas que no deberán recorrer ventanilla a ventanilla”, tal y como ha asegurado la consejera Inmaculada Herranz.
En definitiva, según Herranz, la Ley de Garantía de Ingresos y Garantías Ciudadanas supone una respuesta a las necesidades actuales de la población de Castilla-La Mancha, supone una respuesta ante la cronificación de la pobreza y una respuesta de futuro para la región. “Es fortalecer y devolver los derechos de ciudadanía a la población”, ha concluido.
