El territorio peninsular de España es uno de los más grandes de Europa. En países de gran extensión, como Francia, Italia, o el nuestro, las regiones tienen mucha importancia en la administración del Estado, incluso para la Unión Europea. 
Cómo se administren estos territorios, es cosa que cada país dirime de forma concreta en su propio ámbito; pero no se puede negar que la descentralización de los servicios básicos mejora la eficiencia del servicio a los ciudadanos. Lo contrario, la falta de articulación del territorio es un problema importante: si la administración de servicios (hospitales, servicios administrativos, universidades, etc.) no se alejasen de la capital, los ciudadanos que viven distantes tendrían peor calidad de vida, y los territorios se despoblarían (aún más de lo que ya lo están).
La inclusión de un término municipal en una u otra provincia, o de una provincia en una u otra región, puede ser hasta cierto punto arbitraria, pero son delimitaciones a largo plazo.El mapa geográfico político no sólo tiene que ver con el mapa físico, sino con la historia. La actual delimitación de las regiones españolas, tiene cierta relación con los reinos medievales. El uso corriente de un idioma propio en Cataluña, Galicia o el País Vasco, también puede reforzar la idea de que estos territorios tengan una definición específica. Por eso, en la Constitución están reconocidas como “nacionalidades” de forma implícita – el caso de Andalucía, sin una lengua diferente, pero que accedió a la autonomía por la vía del artículo 151 de la Constitución, es todavía más especial. El resto del territorio se divide en “regiones” (que principalmente lo eran del antiguo Reino de Castilla, aunque también haya otras que pertenecieran a otros reinos medievales) sin que, a priori, con el sistema a pleno funcionamiento, éstas deban tener mayor o menor consideración que aquellas con más competencias.
La segunda Restauración no solo restableció la dinastía borbónica, también restableció las instituciones de autogobierno que quedaron suspendidas con el Alzamiento. Se hubiera podido abrir una brecha (o crear un agravio comparativo) entre estas regiones con autogobierno y las regiones del resto del Estado. Así que el asunto de la descentralización se resolvió por la fórmula del Estado de las Autonomías, que además de atender a cuestiones meramente administrativas, atendía (por convicción o por imposición) las demandas regionalistas o nacionalistas. Las diputaciones se reducirían al ámbito de la Administración Local. Hay que recordar que en los inicios de la Transición, el sentimiento “nacionalista-regionalista” estaba muy extendido en la mayoría de las regiones de la nación española. Las autonomías, como temían los agoreros de entonces, ni rompieron el país, ni el sentimiento de pertenencia a la nación española de la mayoría de sus ciudadanos.
En definitiva, en la Constitución de 1978 se establecen las competencias que han de alcanzar los tres niveles de la Administración Pública: Estado, Comunidad Autónoma, Municipio. En consecuencia, cada comunidad autónoma ha de administrar sus recursos y su presupuesto como considere convenientes. Y en consecuencia también, ha de adaptar la legislación nacional a las circunstancias del territorio. Estas circunstancias no han de entenderse exclusivamente desde un punto de vista sentimental, sino incluso más primario, ya que la forma de entender la política de los partidos que gobiernan en las distintas regiones,condiciona la normativa que crean: con mayor o menor intervención del sector privado, o mayor o menor volumen de infraestructuras necesarias, etc. Al fin y al cabo, son los representantes que los ciudadanos de la región han elegido. Y lo bueno del sistema, en última instancia, es que cada cuatro años son los ciudadanos los que renuevan, o no, la confianza en sus gobernantes.
Hasta aquí, todo podría ir más o menos bien: visto con perspectiva histórica, a pesar de los numerosos defectos o problemas que tiene el modelo, el balance del Estado de las Autonomías creo que es positivo, sinceramente. Pero las debilidades del modelo han sido las causas de su deterioro: lo que se prefiguró con muy buena voluntad, se ha ido torciendo con el paso de los años, y ha dado lugar a situaciones difíciles o incómodas (seguramente imprevistas), que es necesario analizar, debatir y corregir (aunque la mayoría de nosotros estemos fuera de ese ámbito). Las correcciones que se hagan, deberían dar una solución – a largo plazo – a los problemas propios del sistema. Y sin embargo, aunque creo que es un tema de la mayor trascendencia que urge solucionar, creo que éste no es tiempo de reformas.
Para empezar, en 2018, 40 años después de la aprobación de la Constitución, todo lo que dispusiera la normativa que pudiera estar transferido a las CC.AA., ya debería estarlo. Sin embargo,el P.N.V. sigue insistiendo en que el Estado debe transferirles más competencias – y del PdCat, para qué hablar. Si así fuera, si el Estado hubiera incumplido sus compromisos, habría que dar la razón a quienes plantean sus quejas. Pero si no fuera cierto, si se tratase de una bravuconada más para caldear el ambiente, habría que decirlo claramente y zanjar de una vez por todas estas demandas.Estas discordancias deben resolverse rebajando la tensión, mediante el diálogo, y no con boicots a Cataluña o al resto de España. Cuando C. Puigdemont, en vez de convocar elecciones en Cataluña en 2017, tiró por una extraña forma de D.U.I., a M. Rajoy no le quedó más remedio que aplicar el artículo 155 para convocarlas. Mucho peores fueron los tiempos de ETA y el Pacto de Estella, no se aplicó el 155 y no pasó nada.
El modelo de financiación autonómica ha sido un problema de primer orden,desde el mismo inicio del Estado autonómico, cuando negociaban Abril Martorell (U.C.D.) y Alfonso Guerra (P.S.O.E.). El Estado no dota a las CC.AA. de recursos económicos con su plena conformidad ¿Qué criterio ha de prevalecer para la transferencia de estos recursos económicos por parte del Estado? ¿la cantidad de población, el nivel de ingresos (por vía de impuestos), el coste del tipo de servicios según el envejecimiento de la población…? Una pugna por la obtención de recursos y una relación desigual entre CC.AA. y Estado, cuya solución más reciente, en tiempos de ajuste económico con el anterior ministro de Hacienda – C. Montoro – no satisfacía ni a los consejeros autonómicos de economía de su propio partido.
Con el paso del tiempo, la forma de administrar los recursos en las CC.AA. ha resultado ser poco “edificante” en muchos casos (dicho esto sin generalizar). El endeudamiento de las CC.AA., el peso de los políticos regionales en la crisis de las cajas de ahorro, los muy numerosos casos de corrupción o financiación ilegal, el surgimiento de nuevas “castas políticas” con sus correspondientes redes clientelares, el exceso de aforados y la dificultad para ser juzgados … Creo que ninguna comunidad autónoma ha quedado al margen de esta situación, y en algunos casos de escándalo han terminado en juicios de amplia repercusión mediática (aunque en nuestra región, más allá de la intervención de CCM, no recuerdo ningún caso punible especialmente relevante).En todo caso, da igual establecer un ranking de cuál ha sido la peor actuación: las “comisiones” en Cataluña, Baleares, C. Valenciana o el caso de los ERE’s son igual de repugnantes.
No son solo los recursos económicos, también se han producido los indeseadosagravios comparativos entre comunidades.Si las ambiciones de los partidos han pesado mucho en los desencuentros para llegar a pactos de Estado, las ambiciones por alcanzar cuotas de poder en las distintas regiones pueden llegar a debilitar la cohesión del país. Como su propio nombre dice, son comunidades autónomas. Un ejemplo clarísimo está en cómo se aborda el trasvase Tajo-Segura en Murcia o en Castilla-La Mancha. Además, actuar con falta de unidad de criterios en las normativas autonómicas, incide en los agravios comparativos, los recelos entre comunidades, la falta de solidaridad… Por ejemplo, no puede ser que un profesor interino de nuestra Comunidad sea despedido al llegar a julio, y no se le compute el periodo de vacaciones como tiempo trabajado, mientras que en otras comunidades sí se compute… y que luego, un profesor de otra Comunidad en similares circunstancias, venga aquí a opositar, con la ventaja de tenermayor puntuación en la baremación por experiencia laboral.
Últimamente se plantea la desaparición del modelo, o que el Estado recupere determinadas competencias, como Sanidad o Educación, que son las que se llevan buena parte del presupuesto de las CC.AA. Es una argumentación simplista y populista: no creo que esta propuesta se avale a partir de estudios sobre su impacto posterior.Pensemos, por ejemplo, que los recursos sanitarios de la Comunidad de Madrid podrían colapsar por atender a los habitantes de las provincias limítrofes, si no hubiera un buen sistema descentralizado. Aunque en Educación, sí que estoy de acuerdo en que habría que revisar la prevalencia de los contenidos de ámbito nacional en los sistemas educativos autonómicos, porque es la mejor herramienta para la cohesión de los ciudadanos españoles – y no creo que esto signifique “españolizar a los niños catalanes”, como diría Wert. Y ya está.Los modelos de gestión y el presupuesto, dependen de la gestión descentralizada de cada comunidad. Pero el problema no está en las transferencias, sino en cómo se regula y se asume la responsabilidad para los representantes del Estado – y en su caso los tribunales – en su papel de árbitro o moderador cuando surgen conflictos entre las CC.AA., como los problemas derivados de asistencia sanitaria a nivel nacional.
Luego, además, hay casos en donde tiene que intervenir el Estado para socorrer proyectos que afectan a una sola comunidad autónoma. Y resulta difícil saber qué parte de gasto, gestión o derroche corresponde a cada Administración, y qué responsabilidades se han dirimidocuando las cosas no se han hecho bien, en esta mezcla de intervenciones de las administraciones públicas. Por poner un ejemplo, las cifras del endeudamiento por inversiones en obra pública para la candidatura olímpica de Madrid son mareantes. Siguiendo con este ejemplo, la inversión que hizo la Comunidad de Madrid en esta candidatura, habrá de ir lógicamente en detrimento de otras partidas de dicha Comunidad. Al final, el Estado, lógicamente, ha de acudir al rescate, como sucedió con las autopistas radiales de Madrid… que además de beneficiar a los nuevos propietarios tras las privatizaciones posteriores, han de beneficiar a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid… en detrimento de los de otras comunidades, donde las líneas férreas (o las carreteras) necesitan una aportación económica importante. De hecho, a pesar de todo, el diseño del Estado sigue siendo bastante centralista, en la medida en que las infraestructuras periféricas no tienen la misma atención o prioridad que las que se relacionan con Madrid. Un ejemplo evidente, es la comunicación del tren de alta velocidad desde Toledo: solo a Madrid.
En resumen: el diseño del mapa autonómico ha servido para la descentralización del Estado. Ahora bien, los problemas que se han evidenciado con el paso del tiempo son suficientemente serios como para valorar que haya que introducir reformas. Estas reformas de largo recorrido en el tiempo, y que hoy resultan imprescindibles para la concordia en el país, afectan a la propia Constitución, y requiere el consenso sereno de amplias mayorías. Sobre la reforma constitucional, ya me pronuncié en este mismo medio, en La segunda Transición. Pensar en un tipo de reformas estéticas, para que el vocabulario sea “inclusivo”, o no hable de discapacitados, o se quede únicamente en crear las condiciones para que la princesa Leonor pueda en su día acceder a la jefatura del Estado, me parecen una broma de mal gusto. Pero sus señorías llevan demasiado tiempo instalados en la falta de entendimiento, en anteponer sus intereses propios a los comunes, y en hacer oposición destructiva. A pesar de la necesidad, hasta que la crispacióny las posiciones maximalistas no se rebajen, no se deberían abordar reformas de calado en nuestro país.
Pares y nones
Antonio Fernández Reymonde
Es obvio que el Estado Autonómico, fundado ineludiblemente en la unidad del sujeto constituyente, el pueblo español, en el que reside la soberanía, se ha consolidado y ha sido positivo para la ciudadanía porque ha transformado la realidad de España y también la forma de gobernar.
Sin embargo, también es cierto que después de más de tres decenios y medio de evolución, y a la vista de sus problemas estructurales y de funcionamiento y de las tensiones que en su seno se han generado, es necesaria una urgente y amplia reforma constitucional del modelo de Estado.
Una estructura territorial de carácter federal capaz de proponer respeto a las identidades diferenciadas dentro de España compatible con un compromiso colectivo con el proyecto común, solidaridad para reducir las desigualdades territoriales, cooperación efectiva entre las Administraciones, igualdad de derechos básicos de todos los ciudadanos y eficacia en la gestión de los recursos públicos.
En definitiva, es necesario un pacto territorial para una sociedad plural. Sin prisa pero sin pausa……
Hay alguna autonomía que tenga superávit?Las autonomías es la mayor ruina para los ciudadanos que se haya podido crear solo tienes que ver en Castilla la mancha que hasta Barreda llevaba un coche blindado vaya absurdez y despilfarro.Eliminacion ya…..mi voto para VOX.
Muy interesante. Especialmente la referencia a Sanidad y Educación, en las que es imposible no coincidir con lo que has dicho.
Antes que pertenecientes a una CCAA, somos españoles (yo preferiría europeos, pero me moriré sin ver la Europa de las regiones y las personas) y que no se pueda acceder sin problemas a cualquier centro de salud o farmacia en el territorio nacional es una burrada. O que comunidades limítrofes no puedan atender sin problema a los pueblos o ciudades que tienen cerca por el rollito esde de «reinos de taifas» que solo existe en la mente de los políticos cortos de miras.
Por otro lado, lo de «españolizar» no es más que un término de guerra entre nazionalistas y nacionalistas, en el que no me veo afectado ni reflejado. Cualquier padre con sentido común lo que quiere es que sus hijos aprendan y cuanto más, mejor.
Si tu hijo puede conocer, en la medida de lo posible, algún vocabulario en Euskera, Catalá o Galego, pues eso que lleva y que le acarreará una sonrisa por parte de los vascos, catalanes o gallegos que le reciban en sus CCAA.
Pero eso lo dejo para los padres-madres que viajamos y disfrutamos-entendemos la riqueza de todas las culturas, aparte de la propia.
Porque «españolizar» a los niños es que sepan la historia y la cultura de todo el territorio, no solo de la propia CCAA. Y los que hablan de «españolizar» desde la derecha o su socia la extrema derecha, no entienden eso como crecimiento personal, sino como limitación a la una, grande y libre.
Estrechar las miras del conocimiento, como pretende la derecha desde sus centros concertados no es más que criar extremistas que se verán atacado por todo lo diferente. Por eso, ojalá y de verdad se españolizara a todos y todas. Y para ello, lo mejor es reformar la Constitución e incluir (junto a las grandes reformas) de manera obligatoria la Educación para la Ciudadanía en la escuela, para que los niño/as sepan lo que es la Constitución, los Estatutos de Autonomía y la Unión Europea.
Mi voto está claro que irá a parar a quien tenga esto claro. NUNCA jamás a quien desde la ultraderecha quiere coartar, recortar, mediatizar o marginar; o cargarse las autonomías para seguir con un mismo sistema descentralizado que va a costar lo mismo. Porque si se hiciera, desparecen los presidentes y algunos altos cargos, pero la estructura se mantiene igual.
Por cierto, Charles, la España Federal…no jodas, ya tuvísteis años con Felipe, Zapatero y ahora Sánchez para hacerla, pero seguís de lado, tomando té con pastas, mientras la metástasis se come la España con la que todos sueñan. Susana sin querer perder el trono, y la derecha dando alas a la extrema derecha para que acabe con las autonomías. Hoy te toca pescozón. Cariñoso, pero pescozón.
Es obvio que es necesario modernizar el Estado de las Autonomías para darle un nuevo marco de convivencia a España. Pero nada va a cambiar radicalmente salvo que la inmensa mayoría lo quiera…..
Y eso está por venir, y para entonces el PSOE no pintará.
Respeto su opinión y comparto la valoración de que no es momento de iniciar ninguna reforma sobre el Estado autonómico hasta la formación de unas nuevas Cortes cuyas mayorías sí lo exijan.
Porque no hay reforma que hacer sin observar el Título X de la Constitución.
A nivel práctico y experiencial.
El Estado autonómico ha sido un desastre económico, administrativo y político.
Económicamente porque es insostenible mantener diecisiete instituciones y normativas que exponen a graves desigualdades a los españoles. Fiscalmente los agravios comparativos son directamente inconstitucionales.
Y se ha consentido porque el Estado Autonómico es un fenómeno tabú porque ampara formidables entramados de corrupción y clientelismo políticos.
Políticamente han erosionado la autoridad del Estado-Nacion, llegando a la situación de extrema situación de enfrentamiento institucional y civil en diversas regiones, donde el Estado no existe.
Se han apropiado de aguas y recursos naturales, han establecido normativas dispares y disparatadas sobre materias de su competencia que han erosionado el mercado gravemente.
Me conformo con reducir a la mínima existencia sus competencias, pero si con el tiempo se llegan a eliminar porque hay mayoría que lo pide me alegraría profundamente.
Las Comunidades autónomas se han construido sobre la partitocracia profundamente desleal con el Estado-Nacion.
Desmontar todo el entramado de corrupción y erosión social que han provocado llevará años.
Abrir al debate su mera existencia es un logro reciente de nuestra Democracia, donde la Nación y no los periodistas abren los debates.
Mi voto para VOX.
Esta Navidad, ha nacido el ‘salvador’ de España….
En el PSOE el de Marte.
Uuufff y eso sale muy caro… como desplazarse en Falcon.
Ya es hora de que España despierte del gran letargo zapateril y se levante contra el marxismo cultural.