El Gobierno de Castilla-La Mancha ha resaltado hoy que el II Plan Concilia, aprobado el pasado mes de mayo, incluye una serie de medidas para facilitar la conciliación de la vida personal, laboral y familiar de los empleados públicos, que trascienden del ámbito del sector público regional para suponer un beneficio para sus familias y un ejemplo a seguir para las empresas de la región.
En la Comisión de Asuntos Generales de las Cortes regionales ha comparecido el director general de Función Pública, José Narváez, para informar en relación con el II Plan Concilia, que el Gobierno de Castilla-La Mancha y los sindicatos aprobaron en la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos.
Tal como ha resaltado Narváez, este plan, que se aplica a los más de 70.000 empleados públicos de todos los sectores de la Administración regional, “permite una mejor convivencia entre el compromiso laboral y las responsabilidades familiares y personales”.
Así, el II Plan Concilia incorpora un conjunto de medidas orientadas a la mejora de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral; el incremento del apoyo a la maternidad y la paternidad; el fomento de la corresponsabilidad; la mejora en la atención y cuidados de hijos e hijas menores, personas mayores y personas discapacitadas; la protección integral contra la violencia de género en el ámbito de la Junta de Comunidades y la promoción de la salud y bienestar del personal empleado público de la Administración regional.
Estas medidas se concretan fundamentalmente en forma de permisos, reducciones de jornada y flexibilidad horaria, ha puesto en valor Narváez.
Finalmente, el director general de Función Pública ha subrayado que la Comisión Paritaria encargada del seguimiento de este plan permite asegurar la efectividad de las distintas medidas incluidas en el mismo.
El II Plan Concilia supuso el tercer gran acuerdo en materia de función pública acordado entre el Gobierno regional y los sindicatos, gracias a la apuesta que el presidente regional, Emiliano García-Page, ha hecho por el diálogo social desde el inicio de la legislatura.
El primero de estos grandes pactos fue el alcanzado en febrero de 2016 para la mejora de las condiciones laborales y retributivas de los empleados públicos, que ha supuesto, entre otras mejoras, la recuperación de la totalidad del 3 por ciento de las retribuciones que les fueron suprimidas a los empleados públicos de Castilla-La Mancha en 2012.
En octubre de 2017 se aprobó por unanimidad el VIII Convenio Colectivo para el personal laboral de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, del que se benefician aproximadamente unos 7.500 laborales y que supuso el segundo de estos importantes acuerdos en materia de función pública.
