La portavoz del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha planteado al presidente regional del Partido Popular, Francisco Núñez, si considera que María Dolores de Cospedal debe ser nombrada presidenta de honor del Partido Popular tras salir a la luz los presuntos casos de espionaje llevados a cabo durante la pasada legislatura cuando ocupó la presidente de la Junta de Comunidades.
Unas maniobras opacas que Fernández considera que posiblemente se llevaron a cabo contra el ex presidente José María Barreda y con el que entonces era candidato a la Presidencia de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, “y no sabemos si a más gente”, mediante la contratación de la empresa Método 3 con dinero público”.
En este sentido, la portavoz socialista ha asegurado que “los dirigentes ‘populares’ están tardando en ser contundentes” para decir alto y claro que Cospedal no merece ser la presidenta de honor del Partido Popular de Castilla-La Mancha.
Fernández ha reprochado la inacción de Francisco Núñez, al que acusa de “escurrir el bulto por no saber qué hacer con Cospedal, aparte de hablar bien de ella y no confirmarla como presidenta de honor”.
La portavoz parlamentaria del Grupo Socialista ha aprovechado para contrastar la situación por la que atraviesan los dos grandes partidos de Castilla-La Mancha. Por un lado, el PSOE al frente del Gobierno autonómico que está inmerso en un ejercicio importante de apertura a la sociedad que comienza hoy en Ciudad Real con los foros de debate ‘Juntos Progresamos’ y que se desarrollarán en el resto de las provincias de la región “para hacer lo que ha hecho siempre, que es gobernar de la mano de la ciudadanía”. Y por otro lado, un Partido Popular con un presidente interino que se encuentra día sí y día también con nuevas noticias como la de hoy sobre algo que ya sabíamos, y es que Cospedal contrató a la empresa Método 3 para supuestamente escudriñar unos ordenadores, un trabajo que podían haber hecho perfectamente los funcionarios de la Junta”.
Un “despilfarro” a su juicio innecesario que superó los 16.000 euros de dinero público por cinco horas de trabajo, y que a su modo de ver “es una muestra clara de que se contrató esa empresa como tapadera posiblemente para hacer trabajitos que tenían que ver con el espionaje político”.
