La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y la World Compliance Association (WCA) organizaron el I Congreso de Defensa Penal de la Persona Jurídica, el cual reunió en Madrid a un conjunto de expertos en compliance para tratar los diferentes problemas procesales a los que se enfrentan las entidades involucradas en un pleito penal.
La reforma del Código Penal en 2015 obligó a las entidades a dotarse de un conjunto de procedimientos y buenas prácticas para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan, así como a establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a estos. Ese nuevo cumplimiento normativo, conocido como compliance, fue objeto de estudio del I Congreso de Defensa Penal de la Persona Jurídica celebrado en Madrid de la mano de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y la World Compliance Association (WCA).
El encuentro, inaugurado por el director ejecutivo de la Unidad de Control Interno de la UCLM, Julio García Muñoz; y el presidente de la WCA, Iván Martínez López, reunió a un nutrido grupo de expertos en complianceque abordó los múltiples problemas procesales a los que se enfrentan las personas jurídicas involucradas en un pleito penal en España, a fin de impulsar la aplicación de políticas de cumplimiento y transparencia.
El congreso se estructuró en cuatro paneles. En el primero de ellos intervinieron como ponentes los magistrados del Tribunal Supremo Eduardo de Porres Ortiz de Urbinay Antonio del Moral, el catedrático de Derecho Procesal de la UCLM y abogado Nicolás González Cuellar, quien hizo referencia a los problemas a los que se enfrentan las entidades ante el alcance de los derechos fundamentales; y el magistrado de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional Eloy Velasco Núñez.
Siguió el segundo panel con las intervenciones del gerente senior de Compliance Legal y Defensa Penal en Repsol María Díaz Alonso, el fiscal de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de La Coruña Juan Antonio Frago Arnada, el socio director del Área de Penal y Compliance en Chávarri Abogados José Antonio Tuero Sánchez y el catedrático de Derecho Penal en la Universidad Carlos III Jacobo Dopico Gómez-Aller. Siguieron a ellos el fiscal del Tribunal Supremo Salvador Viada y el socio de Círculo Legal y vicepresidente de la World Compliance Association, Diego Cabezuela Sancho; y la abogada y presidenta de la sección de Compliance de ICAM, Beatriz Saura;para terminar con el fiscal jefe de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Fidel Ángel Cadena Serrano; y el profesor de Derecho Procesal de la UCLM Jordi Gimeno Beviá quien aseguró que “la disolución no extingue automáticamente la persona jurídica” ya que se debe acompañar de la liquidación.
