El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha valorado hoy el convenio que, por sexto año consecutivo, han rubricado la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, la entidad bancaria Eurocaja Rural y la Fundación para la Gestión y Estudio de la Especificidad (CIEES) para que personas con discapacidad se formen en el Archivo de Castilla-La Mancha, ya que de las 39 personas formadas hasta la fecha, el 82 por ciento han encontrado posteriormente empleo.
Así lo ha puesto de manifiesto Ruiz Molina en declaraciones a los medios de comunicación antes de rubricar este convenio, junto al presidente de Eurocaja Rural, Javier López Martín, y al presidente del grupo CECAP, Andrés Martínez Medina, una organización que engloba a varias entidades de ayuda a la discapacidad, entre las que se encuentra la Fundación CIEES.
Gracias a este convenio, este año cinco personas con discapacidad se formarán durante unos cinco meses en el Archivo de Castilla-La Mancha, trabajando en la digitalización de documentos.
Ruiz Molina ha subrayado que el objetivo de este convenio, que es “un propulsor de oportunidades para las personas con discapacidad”, es que las personas que se beneficien de las becas puedan incorporarse al mercado de trabajo, ganen en autonomía personal y, por lo tanto, logren una mayor inclusión en la sociedad.
Además de este primer objetivo de formación e incorporación al mercado laboral de las personas con discapacidad, hay otro para la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que es el avanzar en la administración electrónica.
En este sentido, Ruiz Molina ha destacado que para la Administración regional también supone un beneficio la formación que reciben las personas con discapacidad, ya que con su trabajo en el Archivo de Castilla-La Mancha contribuyen a la digitalización de “millones de documentos”.
El titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha señalado a continuación los resultados “bastantes positivos” que se están logrando con este convenio. Así, ha señalado, en primer lugar, que de las 39 personas con discapacidad que se formaron con los convenios anteriores, el 82 por ciento ha encontrado empleo, que es el objetivo final. “Es el mayor rédito que se puede obtener de un convenio de estas características”, ha añadido al respecto.
En segundo lugar, desde el punto de vista de la Administración regional, Ruiz Molina ha remarcado que el 85 por ciento de los documentos que se han digitalizado en los dos últimos años en el Archivo de Castilla-La Mancha es consecuencia de este convenio.
Además, ha aportado otro dato en relación con los resultados obtenidos desde el inicio de estas becas, hace cinco años, resaltando que ya son más de 240.000 los documentos que se han digitalizado del Archivo regional.
Antes de rubricar el convenio, Ruiz Molina, acompañado por los presidentes de Eurocaja Rural y la Fundación CIEES, así como por la viceconsejera de Administración Local y Coordinación Administrativa, Pilar Cuevas, y por el director provincial de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas en Toledo, Juan Carlos Navalón, ha recorrido las instalaciones del Archivo regional para saludar y conocer a los beneficiarios de las becas, quienes les han explicado las tareas de digitalización y clasificación documental que realizan día a día.
Estrategia de inclusión real para las personas con discapacidad
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha enmarcado este convenio en la estrategia global para la inclusión de las personas con discapacidad que lleva a cabo el Gobierno regional.
En este sentido, Ruiz Molina ha recordado que desde la Administración regional se favorece la incorporación de las personas con discapacidad a la función pública y, para ello, en las tres ofertas de empleo público aprobadas a lo largo de esta legislatura se ha reservado el siete por ciento de las plazas para personas con discapacidad, lo que supone aproximadamente una reserva de 700 plazas.
También desde la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, encargada de la coordinación de la contratación pública en el ámbito de la Administración regional, se ha impulsado la reserva para centros especiales de empleo y empresas de inserción de un ocho por ciento del presupuesto total destinado a la contratación pública.
Además, se aprobó una instrucción sobre la inclusión de cláusulas sociales, de perspectiva de género y medioambientales en la contratación del sector público regional, que, entre otros objetivos, perseguía que en la contratación pública se incentive la incorporación de personas con discapacidad.
Finalmente, Ruiz Molina se ha referido a la Ley de Protección y Apoyo Garantizado a las Personas con Discapacidad, que aprobó este año el Gobierno regional y que tiene por objeto que los poderes públicos garanticen a las madres y padres de hijos con discapacidad que cuando ya no estén, sus hijos estarán protegidos, cuidados y amparados por la Administración pública.
