Inmaculada Herranz. Consejera para la Coordinación del Plan de Garantías Ciudadanas.- La dureza del contexto económico vivido en estos últimos diez años ha generado la salida de grandes colectivos de población del núcleo central de la sociedad, un aumento desorbitado de las desigualdades sociales y un empobrecimiento general de la ciudadanía.
El contexto de crisis económica ha generado fenómenos de polarización social y, de paso, ha servido de excusa para cuestionar y limitar los derechos fundamentales de las personas, dejándolas en situaciones de absoluta desprotección. Los efectos de la aplicación de políticas internacionales y nacionales de contracción de derechos instauran en nuestras sociedades un sistema de violencia colectiva y estructural y un demasiado sufrimiento humano justificados en los vaivenes de la economía. En ocasiones, estas situaciones de violencia estructural contra los derechos humanos se hacen explícita y directas; en otras, se ejercen en la cotidianidad de la vida de las personas y las familias, en las que la invisibilidad de estas familias se constituye como el mejor cómplice para el mantenimiento de estos niveles de violencia.
Hemos escuchado de manera sistemática cuales son los desequilibrios que se han producido en los últimos años en nuestras sociedades. Buena cuenta de ello aporta el 8º Informe AROPE sobre el Estado de la Pobreza, presentado en el día de ayer, por la EAPN España. Si nos centramos en nuestra Comunidad los últimos datos presentan una disminución de cuatro puntos del Riesgo de Pobreza y Exclusión Social pasando de 37,9% en 2016 a 33,9% en 2017; descenso provocado, en buena medida, gracias a la implementación de políticas de protección social como el Plan de Garantías Ciudadanas. Sin embargo, un breve repaso por algunos de los indicadores principales permiten determinar la magnitud y gravedad de la experiencia vivida: la elevación del Riesgo de Pobreza y Exclusión Social; la caída del mercado de trabajo en nuestro país y en nuestra región que alcanzó, a principios de 2013, el 31,2% (máximo histórico); y, como consecuencia, el descenso de la renta media por hogar, (caída del 7,3% en el periodo 2008-2017 la cual se situó, en este último año, casi 4.400 euros por debajo de la renta media nacional). Sin embargo, el deterioro de las condiciones de vida de las familias no se debe únicamente a la situación del mercado de trabajo y de la economía en su conjunto, sino también a la manera en cómo se ha respondido a esta situación de crisis. Un ejemplo de ello es el desmantelamiento de los sistemas de protección social durante los años más duros de la coyuntura económica. El Gasto social (Educación, Sanidad, Bienestar Social) en los años 2012, 2013 y 2014 se redujo un -18,1%, -24,6% y en un -25,6% respectivamente, tomando como referencia el año 2010 (máximo histórico de inversión presupuestaria en protección social).
Miles de hogares quedaron abandonados a su suerte, con todos los miembros en paro, que se fueron convirtiendo en parados de larga duración, agotando todas las prestaciones, con cargas hipotecarias o alquileres y menores a cargo, que, en el mejor de los casos, pudieron apoyarse en los abuelos, pensionistas, para poder comer y atender a sus hijos. Éstas situaciones no forman parte de la ficción o de colectivos minoritarios. Cualquier lector reconoce en sí mismo o entre sus amigos, vecinos o familiares las situaciones descritas.
Las Administraciones Públicas no pueden cerrar los ojos, ni silenciar esta realidad. Hasta el momento los sistemas de protección social solo estaban preparados para dar respuesta a situaciones coyunturales muy exiguas, que no afectaran a grandes colectivos de población y siempre vincula al retorno inmediato al mercado de trabajo. Los diez últimos años en España y en nuestra región hacen necesario avanzar en un sistema estable de protección social que consolide derechos avanzados y que permitan la igualdad de oportunidades real para el desarrollo de nuestras sociedades. En Castilla-La Mancha la futura Ley de Garantía de Ingresos y Garantías Ciudadanas se constituye como un sistema de derechos garantizados vinculados a la protección económica de las familias y a medidas de apoyo complementarias en vivienda y educación. Asegurar a los hogares más vulnerables un sistema de garantía de ingresos constituye, no solo una respuesta eficaz ante la cronificación de la pobreza, sino un mecanismo protector ante los futuros avatares de la economía.
