Juan José Rubio Guerrero. Catedrático de Hacienda Púlica. UCLM.- Los partidos políticos con representación parlamentaria han alcanzado casi por unanimidad en el seno del denominado pacto de Toledo, solo ERC ha quedado al margen, un acuerdo-recomendación para la revalorización de las pensiones a partir de su indexación tomando como referencia un “IPC real”.
El acuerdo es «de mínimos» y permite cierta interpretación por parte del Gobierno en el momento de formular la propuesta legislativa respecto a lo que se entiende por IPC real, que es un concepto económico indeterminado. El propio Secretario de Estado Granados ha afirmado que «las indexaciones a un único indicador (el IPC) siempre causan a largo plazo más efectos perversos que positivos». El responsable de la Seguridad Social, gran experto en estos temas, ha señalado que podría efectuarse una revalorización puntual y vincularla después al ciclo de la economía española, en la que se tengan en cuenta cuestiones como los ingresos del Estado, el PIB, o las cotizaciones.
España es un país en el que los pensionistas y jubilados tienen un notable peso político y social, y lo tendrán cada vez más a medida que la población siga envejeciendo por lo que, en última instancia, serán los que pongan y quiten gobiernos y esto crea una dependencia de la clase política hacía este colectivo y sus demandas que va a complicar la serenidad de un debate sobre la estabilidad a largo plazo del sistema de pensiones en España, contaminado por el cortoplacismo de la aceptación de las demandas del colectivo ante procesos electorales inmediatos. El ejemplo más claro y más inmediato es que, con apenas unos meses de protestas por las reducidas subidas que han registrando sus pensiones, consiguieron que el Gobierno del PP confeccionase unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) «pensados para los pensionistas», según el ministro Montoro, y en los que el gasto en prestaciones acapara ya el 41% del total del gasto. Para poner en término absolutos lo que significa este porcentaje, la cifra destinada al pago de pensiones en 2018 será de 144.834 millones de euros, suponiendo un incremento de más de 5.000 millones respecto al ejercicio anterior. Para dar un dato más visual de la espectacular subida que ha experimentado el gasto en pensiones en España, señalar que se ha triplicado desde los 45.340 millones de 1996
Sin embargo, la realidad también muestra que, por ahora, las cotizaciones sociales son incapaces de hacer frente a las necesidades del sistema. Por ello, los PGE contemplan un crédito del Estado a la Seguridad Social por valor de algo más de 15.000 millones, lo que representa un 50% más que el ejercicio 2017, lo que, de una u otra manera, contribuirá a agravar el grave problema de deuda pública que tiene el Estado español y que puede comprometer cualquier política social de futuro en el caso de nuevas recesiones
En cuanto a los ingresos, la principal fuente de financiación del Sistema de la Seguridad Social en España son las cotizaciones sociales (aproximadamente el 85 % del total de sus recursos) y, en menor medida, las transferencias del Estado para cubrir las pensiones no contributivas y los complementos a mínimos, que, desde 2013, ya se financian íntegramente con impuestos generales. En términos de PIB, los ingresos por cotizaciones sociales vienen determinados por el producto del tipo efectivo asociado a dichas cotizaciones y la participación salarial en el PIB. En consecuencia, si la participación salarial es reducida debido a la reducida tasa de actividad o los reducidos niveles de salariales, la Seguridad Social generará un déficit estructural de compleja solución y que comprometerá, de alguna manera, las pensiones futuras.
Los retos del sistema público de pensiones son incluso más importantes desde una perspectiva de medio y largo plazo, y se derivan esencialmente de la evolución demográfica que refleja un envejecimiento progresivo de la población En efecto, de acuerdo con las proyecciones disponibles, el aumento de la longevidad y, consecuentemente, de la proporción de la población en edad de jubilación presionará al alza el gasto en pensiones en una magnitud muy considerable. La población mayor de 67 años, que representaba en torno al 10 % de la población total a principios de los años ochenta, supone hoy en día más del 16 %, y se proyecta que represente más del 30 % a partir de la década de 2040.
Las reformas del sistema de pensiones introducidas en los últimos años han afrontado este reto a través de, entre otras medidas, el retraso de la edad de jubilación, la introducción de un factor de sostenibilidad que liga la pensión inicial al incremento de la esperanza de vida y la aprobación de un nuevo mecanismo que condiciona la revalorización anual de las pensiones al equilibrio entre los ingresos y los gastos del sistema, con unos topes máximos y mínimos. Sin embargo, decisiones de naturaleza política coyuntural van a impedir que el paquete de reformas del sistema despliegue todos sus efectos en aras a conseguir la estabilidad y sostenibilidad del sistema público de pensiones a medio y largo plazo
Con las perspectivas demográficas, la clave consistirá en delimitar las tasas de sustitución (relación entre pensión media y salario medio) de nuestro sistema de pensiones que se pretenden asegurar, de forma que se adecuen los ingresos para que la sostenibilidad quede garantizada.
Deberían también explicitarse las implicaciones sobre la equidad intergeneracional, ya que la financiación de pensiones a través de endeudamiento supone transferir a las generaciones futuras el coste de las pensiones actuales, dejando a nuestro hijos hipotecados. Pero eso, al político de turno que se mueve por intereses cortoplacista, le suena a música celestial.
