Las personas diagnosticadas con algún tipo de demencia como el Alzheimer sufren una patología incapacitante que cursa con deterioro cognitivo progresivo y cuyo nivel de dependencia aumenta conforme la edad avanza. Esta vulnerabilidad puede conllevar una situación de riesgo cuando los recursos de cuidados del paciente son deficitarios o en los casos en los que no existe cuidador o éste no responde a las necesidades básicas del enfermo.
Para evitar estas situaciones de riesgo en pacientes diagnosticas con Alzheimer o cualquier otra demencia, especialistas de la Gerencia de Área Integrada de Manzanares (Ciudad Real), dependientes del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, han diseñado un protocolo que garantice una intervención coordinada entre sanitarios de ambos niveles asistenciales y servicios sociales.
La primera fase que ha establecido el equipo compuesto por neurólogos del Hospital ‘Virgen de Altagracia’, sanitarios de los centros de salud del área y profesionales de residencias de mayores, consiste en determinar si existen situaciones de riesgo agrupando los factores en dos grupos, uno relacionado con el enfermo y otro en el que se evalúa el entorno de cuidados.
Según establece el protocolo de coordinación sociosanitaria, se consideran factores de riesgo que el paciente presente trastornos conductuales graves o déficit de recursos, así como sobrecarga por parte del cuidador, conflictos familiares o directamente que no exista esta figura.
La metodología que da paso al circuito de atención integral es, en primer lugar el diagnóstico clínico de la demencia, cuya evaluación corresponde al servicio de Neurología del Hospital de Manzanares con el doctor Javier Domínguez como referencia.
El siguiente paso consiste en discriminar la posible situación de riesgo en base a los parámetros marcados e iniciar si procede la intervención, así como el posterior seguimiento por parte del equipo de trabajo.
Intervención coordinada
Una vez evaluada la situación de riesgo se activa el protocolo de ayuda, de acuerdo a las necesidades.
Se establecen por tanto distintos escenarios. En caso de que el paciente presente trastornos conductuales graves, será el neurólogo quien valore la situación clínica y defina intervenciones para su manejo. Si el paciente no dispone de recursos se informa a la trabajadora social que forma parte del equipo de intervención, para que se tramiten las ayudas pertinentes.
Cuando la respuesta es necesaria para paliar la falta de cuidador se elaboran informes clínicos y sociales que son remitidos a Fiscalía para nombramiento de tutor. Asimismo, se recogen también aquellas circunstancias en las que aun existiendo cuidador es necesario incrementar sus habilidades para realizar cuidados específicos, o en los casos en los que el cuidador principal tenga una salud frágil o presente una sobrecarga de responsabilidades que requiera ayuda a domicilio.
Todos los casos implican el posterior seguimiento y control por parte del equipo de coordinación encargado de elaborar informes anuales de cada uno de los pacientes.
