Comunicado de Pilar Martínez Abogados.- La letrada especializada en medioambiente hace un llamamiento a los responsables de la redacción del Plan de Uso y Gestión para que rectifiquen y contemplen los derechos de participación real de los afectados, de seguridad jurídica y la adecuada zonificación, así como a recibir compensaciones económicas.
Pilar Martínez Abogados recuerda que la normativa europea establecida en la Directiva Hábitats y las leyes estatales de desarrollo, así como la consolidada jurisprudencia del Tribunal Supremo, obligan a tener en cuenta a los agentes implicados en la redacción de los planes de uso y gestión de los espacios naturales y a garantizar una participación real en la elaboración de estas normas, bajo pena de su nulidad de las disposiciones en caso contrario, como ya ha declarado el Supremo. La advertencia de la letrada especializada en cuestiones medioambientales se produce a raíz de la denuncia efectuada por representantes de los municipios afectados por el futuro PRUG del Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona.
Pilar Martínez, a la que avalan múltiples sentencias favorables en varias comunidades autónomas en cuestiones de esta índole, se hace eco de las reclamaciones recogidas en el reciente comunicado que han emitido los alcaldes de Brazatortas, Cabezarrubias del Puerto, Almodóvar del Campo, Mestanza, Solana del Pino, San Lorenzo de Calatrava y un concejal de Hinojosas de Calatrava, que repiten las carencias y abusos que este despacho ha visto en otros múltiples casos similares a lo largo del territorio español.
A través de dicho comunicado exponen que los responsables del Parque Natural han incurrido en “falta de transparencia”, al no facilitar toda la información necesaria a los afectados y no fomentar el debate, que se le demandaba desde las mesas sectoriales de turismo y desarrollo rural, dehesa y montes.
Desde Pilar Martínez Abogados se hace hincapié en que el proceso participativo ha de ser real y ha de llevarse a cabo de forma escrupulosa, partiendo de estudios previos razonables, sólidos y coherentes, que justifiquen la necesidad de las medidas propuestas y la protección de otros intereses en juego, respetando los plazos que marca la ley y otorgándole la difusión conveniente, con llamamiento a los interesados. “Demasiado a menudo, este proceso está rodeado de un oscurantismo cuyo único fin es el dificultar, reducir o impedir la participación de quienes tienen, precisamente, más motivos para ser tenidos en cuenta, pues son quienes aportan sus patrimonios particulares, para atender a un interés público, como es la necesidad de protección; especialmente, en casos como el del Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona, donde, como admite su propio responsable, el 80% de sus casi 150.000 hectáreas, están en manos de propiedad privada”, sostiene la letrada.
A la luz del citado comunicado, el bufete especializado en medioambiente insta a los responsables del espacio natural a ir más allá de las declaraciones efectuadas en los últimos meses, asegurando que se estaban “escuchando los intereses de los particulares”, pues la previsión actual de que el PRUG esté listo a principios de 2019 permite todavía enmendar los errores cometidos y atender las reivindicaciones y sensibilidades de los agentes implicados.
Desde Pilar Martínez Abogados se recoge la denuncia de los Ayuntamientos afectados de que no han recibido propuestas de inversiones ni una “planificación clara de actuaciones”, incidiendo en que es obligatorio garantizar el derecho al desarrollo social y económico de la zona, mediante la aprobación de planes reales, y no meramente retóricos, de desarrollo sostenible. En este sentido, recuerda que la normativa es muy clara al respecto y exige que el PRUG incluya una memoria económica, en la que se especifique un presupuesto para atender al coste de implantación del plan y a la indemnización de los derechos individuales previamente consolidados y ahora restringidos o limitados por las normas de protección.
La letrada añade: nuestra experiencia indica que a menudo las ayudas y subvenciones europeas se reparten entre movimientos ecologistas y organizaciones similares, mientras la carga de la conservación recae sobre los particulares, lo que no es admisible.
