Conexión Mercedes en Puertollano: Seis claves para entender una sentencia de pura inercia

Santos G. Monroy.- La confusión mediática ha rodeado la publicación, por parte del grupo municipal de Izquierda Unida, de la sentencia del Tribunal Supremo que ha rechazado el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento de Puertollano a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) que daba la razón a la Consejería de Fomento por la paralización de la liquidación del convenio de obras de accesibilidad de los barrios de El Carmen y Las Mercedes, y que supuso al consistorio el desembolso de 2,5 millones de euros.

Estas son las preguntas clave para entender qué suponen estas sentencias para el Ayuntamiento de Puertollano, y quiénes son los actores implicados:

1.– ¿En qué consistió el convenio? El Ayuntamiento de Puertollano (presidido entonces por Joaquín Hermoso Murillo) y la Junta de Comunidades firmaron en abril de 2010 el convenio por el cual el Gobierno regional debía pagar el 70% del importe de la obra, si bien, tras la llegada de María Dolores Cospedal a la presidencia regional, el ejecutivo autonómico se negó a reconocer ciertos términos del acuerdo alegando “cambios sustanciales” en el proyecto, dejando sin satisfacer el importe correspondiente a la certificación número 10. El convenio subvencionaba la actuación con un total de 10.210.000 euros, de los cuales se abonaron 7.612.348. El resto pertenecía a la décima certificación, que fue el objeto del pleito.

2.– ¿Qué dictaminó el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha? El Tribunal desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Ayuntamiento de Puertollano contra la resolución de la Consejería de Fomento que conllevó la paralización de la liquidación del convenio. Esta sentencia, conocida en julio de 2016, implicaba que el Consistorio puertollanero debía pagar unos 2,5 millones de euros a los sucesores concursales de Aconsa, empresa que ejecutó la actuación.

La Sala alcanzó la “convicción” de que “era una obligación del consistorio haber obtenido autorización para realizar la modificación del proyecto de obra que constituía el objeto del convenio”. Del contenido de las pruebas aportadas, proseguía, se desprende que el Ayuntamiento “podía comunicar las modificaciones en cualquier momento durante la vigencia del convenio, y existía la necesidad de que la administración demandada –la Junta de Comunidades– conociera y autorizara las modificaciones con carácter previo a su ejecución”.

Los magistrados señalaban que “pese a ser consciente de esa circunstancia el consistorio actuó con claro incumplimiento del convenio, sin que se proceda a dar los motivos por los que se optó por no interesar la aprobación de la modificación del proyecto”.

3.– ¿Qué ha dicho ahora el Supremo? Dos años después, el Supremo coincide básicamente con la resolución de la instancia judicial anterior.

4.– ¿Por qué recurrió el consistorio ante el Supremo? Básicamente, por inercia procesal. Pese al convencimiento de que tendría que pagar inevitablemente,  el Ayuntamiento de Puertollano recurrió ante le Supremo la sentencia del TSJCM esgrimiendo razones de poco peso jurídico, al entender que el Gobierno regional de Cospedal actuó “vulnerando el principio de confianza entre administraciones con la intencionalidad clara de rebuscar un defecto de forma” para “arrebatar” los 1,8 millones iniciales que, según los términos del convenio firmado en su momento, debería pagar la Junta de Comunidades por la certificación número 10 de esta obra.

Además, según el PSOE, fue Renfe el organismo que no autorizó la construcción de la segunda pasarela prevista, y que las posteriores modificaciones del proyecto eran conocidas tanto por el jefe de sección técnica como por el propio director general de Fomento del Gobierno Cospedal, “sin que objetara nada al modificado”.

5.- ¿Ha pagado ya el Ayuntamiento? Sí. De hecho, ya en 2016 el equipo de Gobierno estaba convencido de que había que pagar, sí o sí. La decisión de la justicia era esperada por la propia alcaldesa de Puertollano, Mayte Fernández, quien en el pleno ordinario de marzo de 2016 ya advertía de que “esto hay que pagarlo sí o sí, y no hay manera de escaquearse”, después de que los grupos municipales de Ciudadanos, IU y PP rechazaran la propuesta de un expediente extrajudicial de modificación de crédito para consignar el pago de las obras, a la espera de que se dirimiera en el TSJCM.

Una vez conocida la sentencia del Tribunal de Albacete, este expediente extrajudicial fue aprobado con los votos a favor del PSOE, el rechazo del PP, y la abstención de Izquierda Unida y Ciudadanos, en agosto de 2016.

6.– ¿Qué pasó con la empresa que hizo la obra?  Aconsa fue una de las habituales adjudicatarias de obras del Ayuntamiento de Puertollano durante la alcaldía de Joaquín Hermoso Murillo, ya fuera en solitario o formando unión temporal de empresas (UTE).

En octubre de 2017, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Ciudad Real, con competencias en lo Mercantil, acordó la calificación de culpable del concurso de acreedores de Obras Aconsa, solicitado en febrero de 2013, tras apreciar “irregularidades graves, relevantes, muy cuantiosas y esenciales”.

En la sentencia, de 4 de septiembre de 2017, el juez ponente, Amalio de Juan Casero, estimaba la demanda de calificación de la administración concursal y el Ministerio Fiscal y acordaba inhabilitar a la administradora inicial de la empresa por el plazo de cuatro años para administrar bienes ajenos. También condenaba a dos años de inhabilitación a la empresa Serpro Grupo Bobal SL, y a su administrador, que adquirió el control social de Aconsa en noviembre de 2012.