El vicepresidente segundo del Gobierno regional, José García Molina, ha comparecido este miércoles en rueda de prensa para informar de los últimos pasos dados en la elaboración del Acuerdo Estratégico por la Paz y la Convivencia tras haber sido presentado a los grupos parlamentarios el pasado mes de mayo en las Cortes de Castilla-La Mancha.
García Molina ha recordado los meses de trabajo desarrollado en reuniones con organizaciones e instituciones que trabajan en distintos ámbitos tanto sociales como culturales, con personas refugiadas, migrantes o en situación de desprotección, que “han dado a conocer su parecer respecto a qué medidas se podrían ir tomando para implementar políticas de prevención de todos los procesos de radicalización y estigmatización de esas personas”.
Un trabajo materializado en el borrador remitido a “todas las organizaciones con las que nos hemos reunido, y que tienen implementación de su trabajo cotidiano en Castilla-La Mancha, a once organizaciones sindicales representativas de la región de distintos sectores, y a un total de 53 formaciones políticas que tienen implementación regional e incluso local e institucional”.
Así, en la línea de trabajo ya desarrollada en procesos participativos como los que se han llevado a cabo en la elaboración de la Ley de Participación y la Ley de Garantías de Ingresos y Garantías Ciudadanas, “que han propiciado los procesos participativos más amplios en la historia de la Junta de Comunidades” y “de hacer a la sociedad civil partícipe de las políticas que hay que implementar en nuestra región”, García Molina ha explicado que se ha elaborado un documento de base “que recoge las aportaciones que generaban mayor nivel de consenso respecto a las problemáticas que queremos atajar”.
Plan Estratégico para la Paz y la Convivencia
El deseo de la Vicepresidencia segunda es culminar en la firma unánime, “o al menos mayoritaria”, del documento para la elaboración e implementación de un Plan Estratégico por la Paz y la Convivencia que seguirá las directrices de la Unión Europea, “que ya funcionan en otros países”, y que aglutina tres grandes ejes: proyectos de cohesión social, proyectos para la convivencia interreligiosa, y proyectos para la promoción de la cultura de los Derechos Humanos.
Entre los primeros se contemplan la universalidad de las políticas sociales, el impulso a actuaciones educativas, culturales y sociales de divulgación y sensibilización respecto a la problemática internacional de las personas refugiadas; y la creación del Observatorio Regional de Derechos Humanos y Políticas de Igualdad.
Entre los proyectos de convivencia interreligiosa se recogen la creación de una agenda de diálogo interreligioso, la convocatoria de un Foro Anual Interreligioso; y módulos formativos y/o unidades didácticas que aborden el respeto a la diversidad religiosa en centros sociales y educativos de nuestra región.
Por último, entre los proyectos para la promoción de la cultura de Derechos Humanos se encuentran la promoción de la diversidad y respeto a las diferencias culturales, conferencias internacionales sobre multiculturalismo y cultura de paz, y programas de intercambio cultural.
“Lo que esperamos”, ha concluido García Molina, “es que todas esas organizaciones tanto sociales como culturales, políticas y sindicales nos vayan contestando para fijar una fecha para la firma formal de ese Acuerdo”. “Nuestro deseo”, ha añadido, “es que el apoyo sea unánime porque lanza un buen mensaje de paz, de convivencia, y sobre todo de rechazo de cualquier forma de radicalización que pueda generar violencia”.
