Comunicado.- El Sector de Empresa Privada del sindicato CSIF informa sobre el conflicto laboral de los vigilantes de Seguridad de la Seguridad Social de Ciudad Real, que tal y como era previsible ya están llegando en cascada los fallos de los Juzgados de lo Social, que sentencian “que se ha producido una alteración o modificación de los aspectos fundamentales de la relación laboral, causando un perjuicio a los trabajadores, cual es la 
reducción de forma unilateral y sin comunicación ni notificación alguna de la retribución salarial en sus nóminas, en las que se ha producido una merma sustancial, sin que la misma resulte justificada por razones económicas, técnicas, organizativas o de producción”, concluyendo que se condena a la empresa Novosegur, filian de Marsegur, al pago de las diferencias salariales escamoteadas, por aplicar su convenio de empresa en vez del convenio sectorial.
CSIF, que ha apoyado y defendido a algunos de estos trabajadores, informa de que la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social ha concluido, en su informe de fecha 30-4-2018, “que se ha producido una modificación sustancial del salario, prohibida legalmente y nula de pleno derecho. La empresa condenada, que está en concurso de acreedores, no ha comparecido a los actos de juicio, ni tampoco la Administración concursal.
Ante estos hechos, CSIF manifiesta que se está cumpliendo el guion de la indebida adjudicación del contrato de seguridad a la empresa Novosegur para la vigilancia de los centros de trabajo de la Seguridad Social de la provincia de Ciudad Real, como si se tratara de una narración por entregas cuyo final está cantado y se está siguiendo punto por punto tras desoír a CSIF y a los propios trabajadores para que se excluyera de la licitación a la empresa Novosegur, filiar de Marsegur, por incumplidora sistemática de los derechos de los trabajadores y desatenta de los fallos de órganos judiciales, incluido el Tribunal Supremo, por lo que fue reiteradamente sancionada,
CSIF vuelve a denunciar que este desafuero ha sido posible por la prerrogativa que tiene la Administración de no ser condenada en costas, lo que no pocos gestores aprovechan para tomar decisiones temerarias, cual ha sido en este caso la adjudicación del contrato de vigilancia a una empresa cuya quiebra vio venir todo el mundo menos el órgano de contratación provincial, lo que ha provocado unos importantes daños a un colectivo de trabajadores con escasos recursos, y además el consiguiente perjuicio económico que va a causar al erario público.
El sector de empresa privada de CSIF espera que tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público el pasado 9 de marzo, mucho más garantista para los trabajadores, estas situaciones arbitrarias y de escasa sensibilidad, no vuelvan a producirse. E insta al nuevo Ejecutivo a que actúe en consecuencia con la nueva normativa con todo el rigor que los trabajadores esperamos.
