Hoy, como cada 25 de noviembre desde que fuese declarado por la Asamblea General de la ONU Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, rendimos homenaje a todas las mujeres que diariamente sufren la violación de sus derechos humanos.
Cada día miles de mujeres sufren violencia física, sexual y psicológica. Ocurre en todos los ámbitos: en el familiar, en el laboral, económico, político, social, etc; Y en cualquier rincón del planeta. Ocurre también muy cerca de nuestras casas, y las víctimas son mujeres que conocemos, a veces personalmente…
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Este tipo de violencia ha existido siempre, pero hasta hace poco se consideraba un “asunto privado” ahora “problema social” que es una prioridad política, tanto para el Gobierno nacional como para el Gobierno regional, tal y como se puso de manifiesto con la aprobación de sendas leyes contra la violencia de género.
Recordemos que el Gobierno de Castilla-La Mancha marcó un hito con la aprobación de la Ley de Prevención de Malos Tratos y de Protección a Mujeres Maltratadas en 2001. Esta Ley fue la primera en España que contempla la violencia de género desde una perspectiva global y multidisciplinar. Es decir, nos adelantamos a la Ley Integral contra la Violencia de Género promulgada en 2004 por el Estado Español.
Antes de hacer ninguna valoración sobre la eficacia de estas leyes y de lo que ha supuesto su aplicación, convendría recordar cómo se ha llegado hasta aquí. Recordemos que en España históricamente la mujer ha estado en una situación de subordinación social, que ha tenido su reflejo en una posición de inferioridad legal respecto al varón. Esta situación de minoría de edad permanente se mantuvo hasta la aprobación de La Constitución Española de 1978, donde se reconoce la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos.
A partir de 1998, las organizaciones de mujeres que trabajaban en el estudio de la violencia de género empezaron a plantear la necesidad de una ley integral. Es decir, una ley que fuese capaz de abordar el problema de la violencia de género de una forma global y que recogiese todas las cuestiones relacionadas con ella. Coincidiendo con la campaña “Tolerancia cero”, desarrollada en todos los países de la Unión Europea, en septiembre de 2002 el Grupo Socialista en el Congreso de los diputados defendió una inciativa de proposición del ley que fue rechazada de plano por el grupo parlamentario que apoyaba entonces al Gobierno de España.
Meses más tarde, y en consonancia con el impulso que se estaba dando a la legislación contra la violencia de género desde la ONU y desde la Unión Europea, José Luis Rodríguez Zapatero se comprometió a que, si era elegido presidente del Gobierno, enviaría al Parlamento la “ley contra la violencia machista”. Zapatero ganó las elecciones de 2004 y respetando el compromiso adquirido, en la primera reunión ordinaria del Consejo de Ministros del recién estrenado Gobierno se aprobó el borrador de la Ley.
Finalmente, en diciembre de 2004, y con el apoyo de todos los partidos políticos, fue aprobada la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. De esta manera, España se convirtió en el primer país de la Unión Europea en desarrollar una ley de este tipo. Una norma pionera que despliega una amplia serie de medidas sociales, judiciales, penales y laborales, y que va acompañada de la creación de una serie de organismos específicos para frenar la violencia machista y sus terribles consecuencias.
Esta norma trata de ir al origen, a las causas de la violencia contra las mujeres para así poder prevenirla. Por eso se pone el acento en la educación. Con ella se quiere “cambiar la mentalidad” que durante milenios ha mantenido sometida la mujer al hombre. Se trataría, por tanto, de educar a las futuras generaciones en igualdad como la mejor forma de prevenir la desigualdad y la violencia de género, de utilizar la sensibilización y la prevención como instrumento más eficaz para cambiar los actuales patrones de conducta socioculturales.
La ley esta funcionando bien. Hay que reconocer que el haber reunido en un solo instrumento medidas de prevención, asistencia y protección a las víctimas, y persecución, investigación y sanción del delito, supone dar un salto cuantitativo y cualitativo muy importante, y una apuesta decidida por acabar con tantos años en los que se ha impuesto la injusticia y la “razón de la fuerza”.
Todos estos años de desdén han dejado una huella terrible, cuyas consecuencias recordamos cada 25 de noviembre. La violencia contra las mujeres es una lacra que este año ha dejado en España un balance terrible de mujeres muertas a manos de sus parejas o ex parejas, pero también un incremento importante de denuncias por maltrato, de órdenes de protección, etc. Y todo esto sin nombrar las secuelas físicas o psíquicas.
No se puede entender la definición de los derechos humanos, de la democracia, ni una teoría de la justicia global sin tener en cuenta a la mitad de la población, es decir, a las mujeres. Mientras una sola persona siga sufriendo cualquier tipo de violencia por el mero hecho de haber nacido mujer, no podremos decir que una sociedad es plenamente democrática.
Y no debemos olvidar que la violencia contra las mujeres es universal, no conoce fronteras, ideologías ni banderas. Se repiten las mismas formas de actuar, los mismos patrones y rituales, en cualquier época, en cualquier lugar, y en cualquier estrato social, y con idénticas consecuencias. Y si esto es así, el que la violencia de género se perpetúe o se erradique, depende del conjunto de la ciudadanía.
